¿Por qué Ecopetrol está hoy en el ojo del huracán?

En la Asamblea ordinaria de Ecopetrol de marzo pasado, una polémica decisión fue aprobada, mientras el país estaba en medio de una desgastante campaña electoral. Los estatutos fueron modificados y la vigencia de la Junta Directiva pasó de dos a cuatro años.

Eso significaría que los actuales miembros de la junta se mantendrían por un tiempo durante el mandato del nuevo jefe de Estado. Cuatro meses después, y tras la publicación de un artículo en el diario La República sobre el gobierno corporativo de la petrolera, el hoy presidente electo, Gustavo Petro, envió un desafiante trino en torno a la presencia del próximo Gobierno en las instancias de dirección –tanto en la presidencia como en la Junta Directiva– de Ecopetrol.

“No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo”, trinó Petro.

La decisión de la administración Duque y la respuesta de Gustavo Petro levantaron una polvareda. Para muchos, la decisión del Gobierno actual buscaba ‘atornillar’ a la junta, pues nunca explicó qué buscaba con ese cambio en el gobierno corporativo. Es decir, se quedó con el pecado y sin el género, y como señaló una fuente: “Fue un error que espero haya sido de buena fe. Fue un papayazo innecesario”. José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, le dijo a SEMANA que la decisión responde a un estudio sobre buenas prácticas internacionales “que hablan de la importancia de garantizar niveles de estabilidad y de continuidad estratégica en este tipo de entidades. Standard & Poors, basado en una metodología del Dow Jones Sustainability Index, habla de estabilidades de siete a 12 años, que garantizan mayores niveles de rentabilidad”, señaló.

El presidente Duque le bajó el tono al asunto y aseguró que las modificaciones que se hicieron fueron el resultado de un proceso de consultoría y “no se hizo para atornillar a alguien”. Y agregó que si el Gobierno entrante quiere remover a la Junta Directiva de Ecopetrol puede hacerlo por la vía de una asamblea extraordinaria o mediante la asamblea ordinaria que se realizaría en marzo de 2023. De hecho, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado, aseguró que una vez se posesione el presidente electo Gustavo Petro se harán cambios en la junta de la petrolera colombiana.

Varias preguntas están aún sin respuesta: ¿cuál será la estrategia que adelantará el nuevo Gobierno con el cambio de los estatutos?, ¿en qué momento lo hará y hasta dónde podría llegar? La junta de Ecopetrol está compuesta por nueve miembros, de los cuales dos son nombrados por agentes diferentes al Gobierno nacional: uno de los minoritarios y el otro de las regiones productoras.

Cuando hay cambios en la junta se deben mantener al menos a tres de sus miembros para darle continuidad a la estrategia. Dentro de los cambios de estatutos, el nuevo Gobierno podría ir por un revolcón total en los nombres. Sin embargo, no sería una buena señal para los mercados, que, en las últimas semanas, han castigado el precio de la acción en medio de los anuncios de no al fracking, ni a nuevos contratos de exploración y ante una caída en el precio internacional del petróleo. En la primera semana, luego del triunfo de Petro, el valor en bolsa de Ecopetrol pasó de 113,5 billones de pesos a 87,95 billones y luego empezó a recuperarse. El 17 de junio (viernes antes de las elecciones) la acción cerró en 2.760 pesos, lo que implica una caída de 23,9 por ciento frente al cierre del viernes 15 de julio, cuando registró 2.098 pesos.

Lo que se da por descontado, además del ajuste en los estatutos que adelantará el Gobierno de Gustavo Petro, es que salgan miembros de la junta, como Luis Guillermo Echeverri, una de las personas más cercanas al presidente Duque. Sin embargo, hay otros nombres que, por su conocimiento empresarial y trayectoria, podrían ayudar en este proceso de transición desde la junta, como Santiago Perdomo, expresidente de Colpatria; Sergio Restrepo, exvicepresidente de Bancolombia, o Esteban Piedrahita, actual rector del Icesi.

Si hay cambio en la junta directiva de Ecopetrol, en esa misma línea podría haberlo en la de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) y también en la presidencia de esta empresa, cuyo mayor accionista desde el año pasado es Ecopetrol. Hace pocas semanas fue nombrado Juan Emilio Posada, quien fue un puente entre el sector privado y el Gobierno Duque, y además formó parte de la Junta Directiva de Ecopetrol. Falta por ver qué decisión se tomaría en torno a Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, quien ha liderado el proceso de transición energética de la petrolera y ha obtenido los mejores resultados en la historia. Bayón viene desde el Gobierno Santos.

Las otras tensiones

Pero los ajustes que se hagan en la junta son apenas el inicio de la transformación que busca Petro en Ecopetrol. El nuevo Gobierno, y así lo ha hecho ver en las conversaciones de empalme, ha estado centrado en la reducción de las emisiones de CO2 y uno de los anuncios de campaña fue no entregar más contratos de exploración.

Será muy importante el papel de esta nueva junta para definir el derrotero de la empresa que permita no solo una transición energética tranquila y sin que se pierda valor, sino también buscar cómo será el ajuste fiscal por su contribución en renta, dividendos y regalías, y además porque el petróleo responde por más de la tercera parte de las exportaciones colombianas y es fundamental en la balanza comercial.

Las discusiones no serán fáciles y podrían tener nuevos elementos de cambio. Por ejemplo, la participación de Ecopetrol en el desarrollo de energías renovables no convencionales en el país. El año pasado, Ecopetrol se quedó con más del 50 por ciento de la participación que tenía la nación en ISA. Sin embargo, paradójicamente, esta adquisición, que le serviría como uno de los vehículos para la transición energética, le limita el campo de acción en la generación. ¿Por qué? En Colombia, la integración en el sector de energía eléctrica, en este caso transmisión con generación, no está permitida por la regulación actual. Eso obliga a Ecopetrol a explorar esas posibilidades en otros países. ¿Estará pensando la administración Petro en un cambio de regulación para permitirle a Ecopetrol desarrollar generación en el país?

El otro tema que tendrá que enfrentar la nueva junta directiva de Ecopetrol es el futuro del fracking. Aunque el mismo Petro y su ministra designada de Ambiente, Susana Muhamad, han dicho que en Colombia no habrá fracking, ni se avanzará en los proyectos piloto que estaban programados en el Magdalena Medio, vendría una controversia jurídica por derechos adquiridos porque un fallo del Consejo de Estado dejó en firme la reglamentación técnica para hacer fracking en el país. Para algunos, esto permite que empresas como Drummond, ConocoPhillips y Parex, que tienen contratos para realizar actividades en yacimientos no convencionales, con inversiones que superan los 500 millones de dólares, puedan avanzar en el desarrollo y solicitar licencias ambientales. Otros consideran que primero deben surtirse los procesos de los pilotos, en los que Ecopetrol cumple un papel importante. Hay dos en el Magdalena Medio y uno de ellos, Kalé, tiene ya licencia ambiental.

La pregunta es cómo frenará el Gobierno Petro esta actividad si hay contratos vigentes y expectativas de producción: ¿caducando contratos y exponiéndose a demandas internacionales de protección a la inversión?, ¿echará para atrás decretos y resoluciones, o subirá la vara en las exigencias de licencias ambientales que hagan imposible su cumplimiento? ¿O hará valer la aplanadora en el Congreso para llevar un proyecto de ley que lo prohíba? En una conversación con analistas e inversionistas, el CFO de Ecopetrol, Jaime Caballero, señaló que existe incertidumbre en torno a las futuras autorizaciones requeridas con los proyectos de fracking, según lo advirtió un informe de BTG Pactual.

Un frente adicional está relacionado en cómo el Gobierno de Petro administrará las cuentas por cobrar de Ecopetrol con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.El déficit de ese fondo a marzo pasado superaba los 14 billones de pesos y el Gobierno Duque, en su momento, prefirió cambiar un problema inflacionario por uno fiscal. El precio de la gasolina en Colombia, cuando el valor del barril estaba disparado, no aumentó y ahora el Ejecutivo actual quiere dejar una senda de incrementos en el precio de la gasolina que lleve el galón, que hoy en promedio está un poco por encima de 9.000 pesos, a cerca de 11.000 a final del año, presionando, de paso, la inflación este año. Todavía la nueva administración no se ha pronunciado en torno a ese ajuste.

Pero, además, tendrá que definir temas no solo para la empresa, sino para el país. ¿Hasta cuándo irá la autosuficiencia? Las reservas de gas van hasta 2026 o 2027, y las de petróleo hasta 2026 o 2029. ¿Será solo hasta estos años o irán más adelante? Pero no es únicamente ser autosuficiente, sino mantener la exportación de crudo, clave para el comercio exterior colombiano y para que las finanzas del país no se desbaraten. ¿Hasta cuándo mantendría las ventas al exterior?

Al no haber nuevos contratos de exploración, con los existentes, las cuentas de algunos expertos señalan que quedan unos 124 contratos. El nivel de efectividad de los pozos en Colombia es de entre 15 y 20 por ciento. Es decir, que serían de 22 a 24 pozos los que estarían contrarrestando el declive natural de los campos, que es del 15 al 17 por ciento al año. ¿Es suficiente? ¿Se requerirán más o se producirá un marchitamiento más rápido de la industria?

Los cambios en Ecopetrol no solo representan una transición energética. Son también, como lo ha dicho el Gobierno entrante, el inicio de un cambio en la estructura productiva del país y que las finanzas nacionales no dependan de la industria extractiva. Sin embargo, esa transformación, hoy por hoy, no se puede hacer sin el sector minero-energético, allí están la caja, los recursos y el futuro de corto y mediano plazo del país.