¿Por qué es imposible un incremento del salario mínimo de 15 % como piden los sindicatos?

La propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Fecode de aumentar el salario mínimo un 15 por ciento encendió de manera anticipada el debate.

Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, lanzó su propuesta de aumento del mínimo para 2021 del 12 por ciento -por encima de la cifra con la que arrancaron la negociación en 2019- con lo cual, si se le suma la inflación, se llegaría a un aumento real del 15 por ciento.

Esto significaría un alza de 131.670 pesos y llevaría el nuevo salario mínimo a superar levemente el millón de pesos, la propuesta que hicieron el año pasado. En concreto, con la propuesta de los trabajadores, el salario mínimo pasaría de 877.803 a 1′009.473 pesos (sin auxilio de transporte).

Para la CUT esto debería hacerse para compensar la pérdida de poder adquisitivo que ha traído la crisis sobre los hogares y para poner plata en los bolsillos de los colombianos de cara a la reactivación.

De inmediato empresarios, analistas y expertos calificaron la propuesta de utópica y afirmaron que era imposible un incremento de esta naturaleza dado precisamente el contexto de pandemia y el golpe que habían recibido las empresas por cuenta de las medidas de aislamiento.

Para estos no se puede aumentar los costos de contratación justo en un momento en que el desempleo está disparado y que las empresas están luchando por sobrevivir. Por tanto, consideran que el incremento debe estar alrededor de la inflación que este año estará alrededor del 2 por ciento.

Esto significaría un aumento de 17.556 pesos con lo que el salario mínimo alcanzaría en 2021 alrededor de 895.359, lejos del millón que quieren las centrales obreras.

Incluso algunos centros académicos han afirmado no solo que no debería haber aumento sino que incluso el salario mínimo debería bajar ante la recesión de la economía y la caída de la productividad. Además afirman que ante la alta informalidad y desempleo, el grueso de la fuerza laboral carece de un asiento en la mesa de negociación pues las centrales obreras representan al final solo a los trabajadores formales del sector público.

Algo similar a lo que expresó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien cree que la propuesta de las centrales obreras refleja la preocupación por los trabajadores que han conservado su empleo en medio de la pandemia, pero no por los millones de desempleados e informales que necesitan trabajar.

Una solicitud de esta naturaleza no tiene sentido económico pues lo que menos necesitan las empresas es un incremento excesivo en sus costos laborales justo cuando sus ingresos cayeron.

La razón para muchos son los altos costos adicionales que tiene para el empleador contratar una persona. Por ejemplo, si el salario mínimo para el trabajador este año era 877.803 (sin auxilio de transporte), el costo para el empleador era alrededor de 1,4 millones de pesos. Esto es, alrededor de 1,5 veces más ante los pagos a pensión, salud, ARL y cajas de compensación, entre otros

Esto significa que un incremento del 15% terminaría siendo en realidad una aumento del 23% para contratar a un empleado. Algo imposible para la mayoría de empresas del país que han visto reducidas sus ventas por la situación de pandemia.

Los sindicatos han insistido en que excusados en la pandemia no se puede ahora pretender congelar el salario. “Si la economía va bien dicen que hay que cuidarla y ahora que va mal le piden a los trabajadores el mayor esfuerzo”, afirma Julio Roberto Gómez de la CGT quien agrega que los países desarrollados se caracterizan por tener mercados internos fuertes.

Incluso señalan que buena parte del incremento podría ser asumido por el Gobierno, de tal modo que a las empresas no se les encarezca tanto el pago de salarios, algo imposible desde el punto de vista fiscal

Los empresarios consideran que con propuestas de esta naturaleza las centrales obreras muestran su poco intensión de negociar y que enfrascan en una agenda política no propositiva.

¿Cuánto subir, entonces?

Según expertos de la Universidad de Los Andes, resolver este ‘chicharrón’ no es cosa fácil. No obstante, el país puede tomar la experiencia de lo vivido a finales del siglo pasado. Cuando se negoció el salario mínimo para el año 2000, el Gobierno ajustó solo la inflación esperada para el cierre de 1999.

Esto teniendo en cuenta que hubo un decrecimiento de la economía y la productividad laboral, tal y como sucederá en este 2020. Para el momento de la negociación, la meta de inflación era de 15 por ciento, sin embargo todo apuntaba a que se culminaría el año con un 10 por ciento.

Por ende, el Ejecutivo de entonces decretó un alza de esa misma cifra, la cuestión fue que meses después se conoció que el dato real fue de 8,7 por ciento y, por lo tanto, hubo un aumento real del salario.

“Esa experiencia mostró que el mercado laboral no sale de una crisis de manera inmediata: la crisis del fin del siglo pasado implicó un incremento considerable en la informalidad laboral, aumento en la tasa de desempleo y pérdida de fuentes de ingreso para los hogares más vulnerables, todos los cuales tuvieron larga duración”, explicaron

Lo anterior los llevó a proponer cambiar las reglas de juego. Aseguran que la Ley 278 (que creó la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales) contempla provisiones, que deberían también permitir un ajuste a la baja en contextos de baja inflación y recesión económica.

Sin duda, la negociación de este año en medio de la pandemia será intensa, pues no solo está en juego el salario de quienes pudieron conservar su empleo en medio de la crisis sino la posibilidad de emplearse de quienes hoy no cuentan con un trabajo estable