La plata no estira

El Presupuesto General de la Nación para el próximo año, aprobado por el Congreso la semana pasada, tiene varias particularidades. Está hecho para una época de vacas flacas en materia económica, es el último que presenta el gobierno de Juan Manuel Santos y deberá alcanzar para seis meses de la nueva administración. Además, será el primero del posconflicto.

El monto, que asciende a 235,6 billones de pesos, refleja la estrechez fiscal del país, pues solo crece 1 por ciento. De esta suma, 40 billones de pesos se destinarán a inversión pública, lo que representa una disminución del 2,8 por ciento con respecto al actualmente vigente.

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Este será el último presupuesto que le tocó lidiar al ministro Mauricio Cárdenas, quien tuvo que hacer maromas para calmar las protestas de muchos sectores que pedían más recursos. Acudió no solo al tradicional reacomodo de partidas, quitando de un lado para poner en otro, sino a una nueva fórmula: descapitalizar la Imprenta Nacional y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Con esto consiguió 500.000 millones de pesos para financiar programas del presupuesto. Frente a las críticas por tocar al FNA, el ministro de Hacienda aseguró que quienes tienen sus cesantías en esta entidad pueden estar tranquilos, pues solo tomó los excedentes generados por el fondo desde 2012.

Pese a los recortes, el ministro afirmó en el Congreso que este presupuesto va a permitir al gobierno cumplir las metas propuestas, especialmente las de inclusión social, “los programas para convertir un país en paz, con equidad y con educación”.

Dadas las críticas que surgieron durante el trámite del proyecto y frente a la iniciativa presentada el 28 de julio, algunos sectores lograron quitarle filo a la tijera de Hacienda. Hubo mejoras en educación, salud e infraestructura, que recibieron mayores recursos para las universidades públicas, los hospitales públicos y vías.

Aunque para todos resulta claro que Colombia ha tenido que irse ajustando ante una nueva realidad de menores ingresos asociada a la caída de la renta petrolera, algunos parlamentarios se quejaron por el recorte a sus regiones. Representantes de Antioquia y Valle del Cauca, por ejemplo, señalaron que el volumen de lo que aportan al PIB del país no corresponde a lo que se les retribuye en la regionalización del presupuesto de inversiones (ver mapa).

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Muchos le pidieron al gobierno apretarse más el cinturón y lo cuestionaron por no hacer un ajuste mayor cuando podía. Parlamentarios del Centro Democrático llamaron la atención sobre el crecimiento de la nómina estatal, que ha aumentado un 36 por ciento, desde 2010, cuando empezó la actual administración.

Sobre este tema, el ministro de Hacienda recalcó que los gastos de funcionamiento crecen en el presupuesto de 2018 apenas en un 5 por ciento, a pesar de que hay aumentos salariales pactados por encima de este porcentaje. En los gastos generales, como papelería, viáticos, vehículos, entre otros, se presenta una caída del 0,2 por ciento. “No solo no crecen, sino que caen, lo que refleja la austeridad”, dijo. Y su colega de gabinete, el director de Planeación Luis Fernando Mejía, agregó que este es un presupuesto austero acorde con la situación económica.

Otros parlamentarios también expresaron su preocupación por la forma como se financiará este presupuesto. “Este ni es inteligente, ni austero. Es un presupuesto para endeudar más a la Nación”, dijo la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático. Se refiere a que 48 billones de pesos del presupuesto (20,4 por ciento) se destinarán al servicio de la deuda. Este rubro sufrió una disminución frente al proyecto original del gobierno, pero crece un 6,6 por ciento frente a un año atrás.

Y aunque el nivel de la deuda neta del gobierno nacional llega al 43,8 por ciento del PIB, a muchos les preocupan realmente las vigencias futuras comprometidas. De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, (MFMP), el total de los cupos de vigencias futuras autorizados en gastos de inversión para el periodo 2018-2040 suman 82,1 billones (pesos constantes de 2017).

Frente a estas preocupaciones, el ministro de Hacienda afirmó que “la solidez fiscal del país es factor de confianza, credibilidad y el pilar fundamental de esta economía”. Explicó que la regla fiscal permitió durante un tiempo ampliar el déficit fiscal. Así, el año pasado llegó a un máximo de 4 por ciento del PIB y en 2017 será de 3,6 por ciento, mientras se espera que baje a 3,1 por ciento en 2018. “Este presupuesto para 2018 tiene una restricción para seguir reduciendo ese déficit fiscal”, destacó Cárdenas.

El gobierno anunció que va a solicitar menos financiamiento de la banca internacional, porque con la disminución del déficit serán menores las necesidades de endeudamiento del gobierno. Por lo demás, este cuenta con los recursos del laudo arbitral que pagaron las empresas de telefonía móvil, que van a ayudar a reducir el endeudamiento externo.

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Lo cierto es que este es un presupuesto para un periodo de vacas flacas. El Ministerio de Hacienda reconoce que los ingresos del gobierno nacional central se mantendrán estables el próximo año. En 2018 desaparecen algunos tributos como el impuesto a la riqueza y se reduce la tarifa del impuesto de renta y la sobretasa (para un total de 37 por ciento). Los ingresos corrientes (recaudo Dian) van a financiar el 59 por ciento del presupuesto.

Para el representante a la Cámara por Antioquia Óscar Darío Pérez, los supuestos del gobierno, entre ellos los tributarios, dejan dudas sobre la sostenibilidad del presupuesto de 2018. El gobierno hizo cuentas de que el precio promedio del petróleo (Brent) estará en 55 dólares; las exportaciones crecerán 7,7 por ciento; el PIB aumentará 3 por ciento; la inflación llegará a 3,5 por ciento; y la tasa de cambio al final del próximo año estará en 3.027 pesos por dólar.

Otro punto importante es que este será el primer presupuesto del posconflicto. Para atender programas y acciones asociados a este proceso destinará 2,4 billones de pesos. Muchos criticaron la reducción en sectores claves para el posconflicto como el agropecuario.

Ahora bien, resulta destacable que Educación, con 37,4 billones de pesos, se haya convertido en el principal rubro del presupuesto, superando a Defensa y Policía (31,6 billones). Como dijo Luis Fernando Mejía, hay que garantizar para el posconflicto el buen funcionamiento del Ejército y la Policía, pero una vez se consolide este proceso, seguramente la inversión cambiará y se podrá dirigir a otras áreas.

Lo cierto es que aunque el presupuesto dejó a muchos aburridos, es mejor mantener la disciplina fiscal, porque eso en economía siempre genera confianza y al final suma al crecimiento y no resta.