España y Cataluña, un divorcio costoso

Como ocurrió en su momento con el brexit (la salida del Reino Unido de la Unión Europea), una eventual ruptura entre España y Cataluña ha llenado de pánico al mundo financiero internacional. La sola posibilidad de que ello suceda ha hecho que los mercados y los inversionistas comiencen a poner su atención en los graves efectos que tendría sobre la economía dicho proceso independista.

Algunos analistas afirman que si España, la cuarta economía de la eurozona, que ha liderado hasta ahora el proceso de recuperación económica de este bloque, perdiera una de sus regiones con mayor peso, los efectos económicos superarían a los provocados por el brexit.

Si se produjera lo que ya se conoce como catalexit, Cataluña se hundiría en un largo periodo de incertidumbre en todos los aspectos, lo que traería un efecto desestabilizador a la región. El banco holandés ING sostiene que, se celebre o no el referendo, la incertidumbre sobre el futuro ya está en el aire “y los cisnes negros ocurren”, refiriéndose al hecho de que eventos que hace un tiempo parecían improbables se están produciendo con serias repercusiones.

De hecho, durante las últimas semanas la bolsa española ha caído más que sus pares –especialmente algunos bancos con fuerte presencia en Cataluña–, y las primas de riesgo del país han aumentado. La agencia calificadora Moody’s advirtió que una hipotética independencia de Cataluña debilitaría la fortaleza económica de España.

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Cataluña pesa el 19 por ciento del PIB español y tiene el 16 por ciento de la población. Esto significa que, mirada individualmente, sería la economía 12 de la eurozona (similar a Noruega). Por esto, además de las razones históricas y culturales, los independentistas han argumentado que Cataluña recibe menos inversión de la que le corresponde y, por tanto, sería más prospera si fuera independiente. Afirman que, mientras en Cataluña recaudan alrededor del 20 por ciento de los impuestos de toda España, solo reciben cerca del 14 por ciento del gasto. Con esto, dejarían de recibir anualmente más de 16.409 millones de euros (8,4 por ciento del PIB de Cataluña). “Si Cataluña no tuviese un déficit fiscal tan grande con España, en dos o tres años podríamos liquidar completamente la deuda y aumentar rápidamente nuestro crecimiento y el empleo”, afirma Carles Puigdemont, presidente de la Govern de Catalunya.

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Los centralistas, en cambio, sostienen que muchas de esas cifras no son ciertas y que los independentistas ignoran los costos del divorcio. Por ejemplo, el beneficio fiscal sería mucho menor al que estiman –menos del 1,6 por ciento del PIB de Cataluña– e ignoran el costo de financiar la constitución del nuevo Estado: gastos como asumir las pensiones de jubilados, los sueldos de los funcionarios del Estado y los militares, el servicio de la deuda pública que les correspondería, además de inversiones en infraestructura como las del tren de alta velocidad e interconexiones energéticas con Francia.

Asimismo, no tienen en cuenta los efectos que traerán la incertidumbre y la gran percepción de inestabilidad política sobre el consumo, la banca, el flujo de inversión extranjera y las exportaciones, puesto que Cataluña quedaría excluida de la Unión Europea (tendría que renegociar su entrada desde cero, lo cual tardaría años, a lo que se añade que España podría vetarla). Si adoptan el euro podrían tener fuertes devaluaciones e inflación, y si no lo hacen sufrirían una contracción del crédito y un aumento de la deuda pues no tendrían el respaldo de los fondos del Banco Central Europeo. En fin, Cataluña afrontaría una crisis que afectaría también al conjunto de España, tan profunda como la recesión vivida entre 2008 y 2013.

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Por esta razón, los empresarios e inversionistas están cada vez más preocupados, pues España se encaminaría hacia un terreno desconocido. Algo impensable hace algunos meses, que muestra cómo un debate mal manejado, lleno de promesas populistas, medias verdades y desinformación puede llevar a una sociedad al borde del caos.

Para muchos españoles esto solo favorece a los políticos, pues los verdaderos problemas como el aumento de la desigualdad, la concentración de la riqueza, el incremento del desempleo y la pobreza han quedado relegados a un segundo plano por cuenta de un debate nacionalista y un divorcio costoso.