Procuraduría inhabilitó por 20 años a representante de cooperativa que suministraba carne de burro a los niños del PAE en Santander

Por más de un año, en el departamento de Santander los niños beneficiarios de Programa de Alimentación Escolar (PAE), recibieron en los alimentos carne de caballo y de burros enfermos, lo que desató un escándalo en el país que llevó a varias investigaciones por parte de organismos de control.

La Procuraduría, entre ellas, anunció una fuerte sanción que recae sobre la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda, en cabeza de su representante legal, Luisa Fernanda Flórez Rincón, operador del PAE, de Santander.

Por los hechos, ocurridos en el 2016, y por ellos, la entidad también sancionó con multa de 4.319.589.236 de pesos, por los actos de corrupción en contratos alrededor del PAE, en los que había más de 23.800 millones.

Las investigaciones llevaron a concluir que hubo falsedad material en documento público y privado, algo que se constituye como delito.

La inhabilidad y la multa contra la representante legal de la cooperativa, hacen parte de un fallo de primera instancia contra el cual procede la apelación.

Sin embargo, por el momento, la Procuraduría calificó definitivamente la falta de Flórez Rincón como gravísima a título de dolo.

Así fue el accionar

El 21 de abril del 2016 se suscribió el Contrato 601, con la Gobernación de Santander, con el objeto de suministrar alimento a 100.000 estudiantes de la región. Según el registro que entrega la Procuraduría, el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo Manrique, se habría apropiado ilegalmente de 2.15.794.618 de pesos provenientes de recursos del Estado para operar el programa.

El contrato con la cooperativa tuvo dos adiciones, la primera del 21 de abril de 2016 por 6.706′.355.076 pesos, y la segunda por valor de 5.216.053.948 pesos.

Según la Procuraduría, hubo apropiación ilegal de dineros del PAE por parte de terceros en su condición de operador del mismo. El inhabilitado incurrió en falta disciplinaria como particular que cumple una función pública, porque con su conducta generó un detrimento patrimonial al Estado, en desmedro de la efectividad de la prestación que materializaba el derecho a la educación de los niños y niñas de Santander.

Desde el punto de vista de la Procuraduría, “la investigada inobservó el principio de moralidad pública de la función administrativa y transgredió el desarrollo de sus responsabilidades y obligaciones contractuales como operador del PAE”.

La sanción disciplinaria fue impuesta, en la medida en que la persona en mención ejecuta de manera coordinada una función propia del Estado, que además tiene que ver con los derechos fundamentales de los niños en Colombia, esencialmente el de la educación.

Más aún, si en el caso del PAE de Santander hay un agravante que es conexo con la dignidad humana porque “les permite a los estudiantes del sistema público educativo poner en marcha desde la educación, su particular proyecto de vida, y además está ligado con los derechos a la vida, a la salud, a la alimentación y a favorecer el aprendizaje y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.”, indicó la entidad de control.