Procuraduría pide a Minhacienda suspender cambio a mercado cambiario

El procurador General, Fernando Carrillo, le envió al ministro de Hacienda una carta en la que le pide no sancionar el decreto que le evitaría a las divisas por transacciones comerciales su paso por los Intermediarios del Mercado Cambiario.

El procurador señaló que aplicar dicho decreto “atentar contra la soberanía monetaria del Estado y facilitar el blanqueo de capitales originarios de actividades ilícitas como la corrupción, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, entre otros”.

La carta de Carrillo llegó luego de la revelación de Dinero sobre un documento en el que el sistema financiero le advertía al Ministerio de Hacienda que dicho decreto podría aumentar el riesgo de lavado de activos e incluso provocaría la pérdida de calificación crediticia del país, ya que impediría que se conozca el origen legal de dichas divisas.

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El procurador señaló que es mejor suspender el proyecto de decreto “a menos que pueda evidenciar la existencia de mecanismos alternos previos de control del origen y destino de tales divisas, tan estrictos como los hoy vigentes”.

En la carta, Carrillo también advirtió que “eximir a quienes cancelan sus obligaciones a través de operaciones de comercio exterior de su deber de canalizar las divisas y presentar las declaraciones de cambios, elimina la posibilidad para que autoridades y organismos de control puedan determinar el origen del dinero y el valor real de los bienes que comercializan internacionalmente”.

Además el mecanismo actual de Intermediarios del Mercado Cambiario “no sirve solo para recabar información estadística útil a las autoridades monetarias, “sino principalmente para someter a esos flujos de divisas a los controles propios de los intermediarios del mercado cambiario, para prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo”.

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En la carta que los bancos enviaron al ministro de Hacienda días atrás también se advertía que dada la falta de controles sobre el origen de las divisas, las cuentas del país podrían contagiarse de recursos ilícitos, lo que pondría en duda a todo el sistema y reduciría la confianza tanto de los inversionistas extranjeros como de los socios comerciales y financiadores, reduciendo el flujo de recursos al país