“Promesas en épocas electorales deben sujetarse a situación fiscal del país y las regiones”: Contralor Carlos Hernán Rodríguez

Las opiniones emitidas por la Contraloría a la cuenta del Presupuesto general de la vigencia 2023 no dejan bien parado el manejo presupuestal con el cual se cerró el año pasado. El concepto emitido en ese sentido, según el informe presentado ante la Comisión Legal de Cuentas el Congreso de la República, fue el de ‘no razonable’, lo que sustentó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, con varios de los resultados que revisó esa entidad de control.

La auditoría al Balance General de la Nación encontró desfase entre las proyecciones y los resultados económicos reales, lo que implica que se proyectó un crecimiento de la producción, en 3,2 %, y al terminar el año solo se logró un 0,6 %.

El presupuesto del año revisado por la Contraloría fue de 405,6 billones de pesos, mientras que a dicho monto le realizaron ajustes, con lo cual, la cifra llegó a 423 billones y el adicional no fue ejecutado, con lo cual, se presentó una pérdida en la apropiación de recursos, señaló el contralor Rodríguez.

En relación con el ingreso, que en su mayoría proviene del recaudo tributario, la Contraloría halló que se alcanzó un total de 399 billones de pesos netos, lo que equivalió a 94,2 % de lo estimado.

Planes de desarrollo sí, pero para hacerlos reales

Hay que recordar que, alrededor de ambos casos (la baja ejecución y el menor recaudo logrado) han llovido críticas al gobierno. Particularmente, el resultado de la ejecución del presupuesto 2023, fue subrayado por el contralor, pues solo se logró el 88,9 %. Esta circunstancia nacional, al igual que situaciones que se presentan en algunas regiones del país, llevaron a Rodríguez a sugerir que, en el futuro, los planes de desarrollo, tanto el nacional como los regionales, deben elaborarse teniendo en cuenta los ingresos y gastos, al igual que el servicio de la deuda. De lo contrario, se corre el riesgo de que todo quede en el papel. “Las promesas en épocas electorales deben estar sujetas a las realidades fiscales”, manifestó el funcionario.

Pero, principalmente, Rodríguez consideró “inadmisible, que en un entorno caracterizado por la escasez de recursos y mientras las necesidades básicas de grupos de población siguen sin solución, resulta inadmisible que en las dos últimas vigencias no se ejecutaran más de $ 10 billones apropiados para gasto social, por razones asociadas a una deficiente programación e ineficaz ejecución de los recursos”.

Ojo con la deuda

Para el contralor Hernández, quien puso la lupa en la deuda pública de Colombia, que llegó a 1.020 billones, equivalentes al 64,9 % del PIB (durante la pandemia, la deuda pública llegó a 74,1 % del PIB). Al respecto, aseguró que se trata de un mecanismo de financiación válido, pero no se puede desconocer que genera presión sobre el gasto público, en particular, en las entidades territoriales. Ya que, si del total de los compromisos por pagar, 826 billones corresponden al gobierno central, las entidades descentralizadas del orden nacional adeudan 105,8 billones, dentro de las cuales, destacó a Ecopetrol como el mayor prestatario.

Entre tanto, en las entidades descentralizadas territoriales adeudan 58 billones de pesos, y la delantera la llevan EPM y el Grupo Energía Bogotá.

Por el lado de municipios y departamentos, el funcionario que lidera el control fiscal en el país mencionó una deuda total de 30,6 billones, con Bogotá y Barranquilla como los más endeudados. “Hago un llamado a prestar especial atención a la vigilancia de estos niveles de endeudamiento, para evitar que se conviertan en un factor de desestabilización para las finanzas de estas entidades. Algunas de ellas están alcanzando niveles de deuda preocupantes, lo que puede representar un riesgo significativo para mantener unas finanzas sanas y sostenibles”, dijo el contralor general de la República.

Algunas conclusiones

El contralor Rodríguez catalogó como un problema grave algunas prácticas presupuestales que reflejan un mal manejo, como lo es la de comprometer recursos sin la disponibilidad de los mismos. Es así como en 2023 se establecieron compromisos por 31,9 billones de pesos y obligaciones por 25,8, mientras que se pagaron 33,9 billones.

Además, el funcionario puso en el debate el hecho que se esté dejando en fiducias abultados recursos que aparecen reflejados como ejecutados y ya hay una norma que lo prohíbe en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

“Quiero hacer un llamado enfático sobre la importancia de una planificación rigurosa en la elaboración del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025″, concluyó Rodríguez, quien manifestó que, debido a que la carta financiera del próximo año irá por decreto presidencial, cualquier movimiento en las cuentas tendría que ir al Congreso de la República.