¡Ojo con el populismo económico!

La firma calificadora de riesgos Moody’s dio un campanazo de alerta al cambiar de estable a negativa la perspectiva de la deuda colombiana. El golpe encendió las alarmas acerca del impacto que tendrían las propuestas populistas en la actual campaña presidencial sobre la economía y la confianza en el país.

En un año electoral, cuando el país se juega su futuro, el debate económico ha quedado atrapado en una maraña de propuestas que van desde las serias y estructurales hasta las populistas, pintorescas o absurdas. Esto tiene crispados los nervios de banqueros e inversionistas internacionales que ven con asombro cómo arrancó la campaña presidencial.

En términos generales, tanto los candidatos de izquierda como los de derecha han vuelto más agresivo y populista el ejercicio de la política. De paso, esa actitud se ha convertido en el nuevo lastre para la economía, al revivir la desconfianza, las especulaciones, el nerviosismo y la incertidumbre que están frenando decisiones de compra o inversión, mientras se sabe quién gobernará al país en los próximos cuatro años.

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La situación preocupa sobre todo ante el débil crecimiento de la economía, que solo alcanzó el 1,8 por ciento en 2017, y cuando los ingresos de la reforma tributaria no alcanzaron las metas trazadas por el gobierno para cerrar el déficit fiscal, que este año debería llegar a 3,1 por ciento del PIB. Sin embargo, analistas de Anif y Fedesarrollo han dicho que en los próximos años habría un faltante de entre 2 y 3 por ciento del PIB para cumplir la regla fiscal, y de prolongarse la incertidumbre el escenario podría empeorar.

Un análisis de Fasecolda encontró que a favor de una mejora en la perspectiva fiscal están los precios del petróleo por encima de lo pronosticado, la reserva de 3,2 billones de pesos del laudo de las empresas de telefonía y un mayor crecimiento esperado del PIB para este año. Aunque en contra están la insuficiencia de recursos generados por la reforma tributaria, la inflexibilidad del gasto y el ajuste de la inversión.

Si bien este año las señales macroeconómicas han mejorado, la carga política de incertidumbre y confusión provocada por el escenario electoral crea la idea de que la situación empeora. Y como en economía la percepción es tan importante como la realidad, muchos están frenando sus inversiones a la espera de saber quién será el nuevo presidente.

Les preocupan las señales que enviará el nuevo mandatario en materia económica, sobre todo porque hasta el momento varios de los candidatos han preferido las fórmulas populistas. En Moody’s temen que si “el nuevo gobierno no presenta un plan realista para la consolidación fiscal de mediano plazo, o no es capaz de obtener apoyo en el Congreso para llevar a cabo medidas fiscales adicionales bajo este plan, esto podría afectar la confianza de los inversionistas y el crecimiento, y provocar a su vez un mayor deterioro de la fortaleza fiscal de Colombia”.

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De por medio está el tema de la calificación de riesgo del país, que podría verse comprometida si un nuevo gobierno decide ‘no pagar el cheque’ que implica financiarw la deuda colombiana, explica Felipe Espitia, de Alianza Valores. Actualmente, los fondos de capital extranjero tienen cerca del 27 por ciento de los TES emitidos por el gobierno para financiarse, que representan alrededor de 68 billones de pesos.

Una eventual pérdida del grado de inversión derivada de la baja en la calificación del riesgo país tendría efectos nefastos para la economía. Por un lado, tanto el gobierno como el sector privado tendrían que pagar mayores costos por la financiación en el exterior. Y por otro, limitaría gravemente la llegada de capitales extranjeros –con los cuales se ha expandido la economía en los últimos años–, ya que la desconfianza llevaría a los inversionistas foráneos a detener o cancelar sus inversiones. El costo sería incalculable.

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Hasta ahora ningún candidato ha dicho abiertamente que planea incumplir las obligaciones fiscales o modificar la política macroeconómica, pero en algunos sectores hay temor por el que ya califican como ‘efecto Petro’ en la economía. Ciertamente, ese candidato genera la mayor incertidumbre a los empresarios y analistas, que temen que su eventual presidencia enviaría una pésima señal a los inversionistas internacionales.

Al presidente de Fenalco, Guillermo Botero, le preocupan el referendo y la asamblea constituyente de carácter regional que ha propuesto Gustavo Petro porque, en su opinión, esa idea “genera inquietud porque estaríamos, en ese gobierno, jugando con reglas por fuera de la Constitución”. También el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró a Caracol Radio que se están “haciendo promesas traídas de los cabellos, de no cumplir con la democracia; eso me preocupa enormemente”. En privado, varios gremios han expresado su angustia por algunas polémicas propuestas en temas como el manejo de la minería y los hidrocarburos, el desarrollo agropecuario, la salud y la infraestructura.

En un año en que las elecciones definirán el futuro de Colombia, la política se ha convertido en un ingrediente explosivo para la economía. Del manejo serio en este tema dependerá que el país mantenga su calificación y recupere la senda de crecimiento, o que tome el camino equivocado.

Los temores

Varios candidatos presidenciales han sucumbido en algún momento a la tentación de hacer propuestas muy populares, pero difíciles o costosas de cumplir. Estas son algunas de ellas.

Iván Duque

Su eslogan de campaña ‘Más salarios, menos impuestos’ ha sido duramente criticado por generar una sensación poco realista, en especial porque viene de uno de los candidatos más preparados en materia económica. Aunque responde a lo que piden los colombianos, no menciona cómo reemplazará los menores ingresos ni el costo fiscal que esto implica. Su propuesta de tener 6 días sin IVA al año no tiene en cuenta el alto nivel de evasión de este impuesto en el país. Aunque señala que la factura electrónica y el monitoreo detallado podrían reducir 50 por ciento para 2022 la evasión del impuesto a la renta y del IVA, hay quienes creen que esto es poco realista. Para algunos analistas, también envía una señal negativa su propuesta de devolverles a las regiones el manejo de las regalías a pesar de que las usaron mal en el pasado.

Germán Vargas

La propuesta de aprobar una nueva reforma para reducir impuestos y mejorar la competitividad preocupa por el impacto fiscal y, sobre todo, porque no es claro de dónde saldrán los recursos que necesita el Estado. Aunque ha dicho que planea compensar los impuestos dejados de recibir con una mayor gestión de recaudo para acabar con los evasores, la meta de obtener 20 billones de pesos por esta vía luce irreal. Algunos analistas temen que en momentos en que la economía está desacelerada y los ingresos fiscales se han reducido, proponer bajar los impuestos aceleraría una nueva revisión del grado de inversión del país, con graves consecuencias.

Sergio Fajardo

En diciembre planteó subir la edad de jubilación, en el marco de tres reformas estructurales que promovería en su gobierno: la pensional, la de salud y la de justicia. Sin embargo, a comienzos de febrero se retractó y afirmó que no subiría la edad para pensionarse, lo que haría inviable una reforma pensional estructural. El año pasado el gobierno financió 1,9 millones de pensiones de los colombianos con gasto público por 38 billones de pesos, pero buena parte de estos recursos subsidiaron las pensiones de estratos altos. Eso profundiza la inequidad de un sistema en el que solo 2 de cada 10 colombianos llegan a pensionarse.

Gustavo Petro

Sus propuestas económicas han levantado una polvareda. Propone romper con la dependencia de los recursos minero-energéticos y convertir a Ecopetrol en la gran generadora de energías limpias a partir de sol y agua. Sin embargo, no es claro cómo reemplazará los recursos que genera la petrolera al fisco, que este año estarán por el orden de 8 billones de pesos. Plantea acabar las EPS y crear un modelo similar al que adoptó durante su alcaldía en Bogotá, que divide la atención en microterritorios, con equipos médicos enfocados en prevención y pagados por el Estado. Se trata de una idea extravagante y poco realista, sobre todo si se tiene en cuenta que el modelo no dio resultados durante su gestión. También propone acabar con los ‘latifundios improductivos’ de propietarios de más de 1.000 hectáreas, y lo hará fijando impuestos altos para abaratar el costo de la tierra o forzar a sus propietarios a ponerlos a producir. A muchos analistas les preocupa que por esta vía se llegue a hacer expropiaciones y se ponga en entredicho la propiedad privada.