La Gloria, la odisea de hacer empresa en el campo

Los problemas relacionados con la propiedad rural son, hoy por hoy, el principal obstáculo que tiene Colombia para desarrollar el campo. Aunque la tenencia de la tierra es solo un elemento dentro de la estructura productiva agraria, resolver este cuello de botella es indispensable para atraer la inversión privada e impulsar una poderosa agroindustria que traiga beneficios a grandes, medianos y pequeños productores.

Pero desenredar este nudo no es una tarea sencilla. Por el contrario, es un reto complicado, lo cual ha quedado demostrado con el proyecto de ley de tierras que el gobierno está proponiendo y que, en los últimos días, ha levantado un polvorín. La semana pasada, también la Contraloría le metió más leña al fuego del debate, al solicitar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ejercer acciones judiciales que anulen ventas a terceros de más de 300 predios de origen baldío, lo que afecta a reconocidos empresarios y políticos.

Lo cierto es que alrededor de la propiedad rural hay demasiados enredos que están espantando a los inversionistas interesados en el campo. La inseguridad jurídica, la desconfianza y la falta de reglas claras son enemigas del capital y sin este no hay desarrollo agrario posible.

Pues bien, un proyecto agroindustrial al sur de Cesar está viviendo un auténtico viacrucis por culpa de los líos que hoy recaen sobre la tierra. Aparición de baldíos que no figuraban en los registros públicos de títulos; reclamos de víctimas, reales o falsas; tutelas que van y vienen por los tribunales; fallos de tinte populista de la corte, que antes de resolver los problemas los agrandan; interpretaciones de autoridades administrativas que al no medir las consecuencias terminan haciendo más daño que bien; y controversias entre los mismos particulares.

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Se trata del proyecto del Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, de propiedad del empresario Germán Efromovich, mayor accionista de la aerolínea Avianca. Por causa de las mil complicaciones que han venido surgiendo, este desarrollo agroindustrial se encuentra en una sinsalida que, de no resolverse pronto, podría dar al traste con el proyecto en el que su dueño ha invertido más de 130 millones de dólares. El resultado sería lamentable para la economía del sur de Cesar y para los 1.000 trabajadores directos que emplea y un número similar de indirectos. Y por supuesto para el inversionista.

Esta historia se remonta a finales de 2008, cuando Efromovich y otros socios comenzaron a desarrollar un proyecto de industria de palma de aceite, para lo cual adquirieron 6.000 hectáreas en las inmediaciones del municipio de La Gloria, al sur de Cesar, y 2.500 cerca al municipio de Regidor, en el departamento de Bolívar.

Entre 2009 y 2013 sembraron 4.700 hectáreas de palma (solo en La Gloria) y construyeron una moderna planta extractora de aceite de crudo de palma con capacidad de procesar la producción total de la hacienda. A la fecha la planta está en plena producción, para consumo interno y externo, y se ha convertido en una empresa dinamizadora del sector, impactando a una población de 40.600 habitantes. El proyecto incluye la rehabilitación de 450 hectáreas de reserva forestal. Hay un programa también en alianza con pequeños productores que cobija 3.000 hectáreas adicionales. Hasta acá la historia bonita de La Gloria, pues los últimos años han sido una pesadilla macondiana.

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Drama de nunca acabar

Estas tierras adquiridas por Efromovich para su proyecto de palma hicieron parte de lo que hace mucho tiempo se conoció como la Hacienda Bella Cruz, una enorme extensión de propiedad, desde los años setenta, del polémico exministro Carlos Arturo Marulanda y su familia. Cabe precisar que estas tierras del exfuncionario estuvieron en los noventa asociadas con temas de despojo, según denuncias de campesinos.

Efromovich sostiene que, como hombre de negocios, antes de adquirir los terrenos de La Gloria confirmó con todos los órganos oficiales de control la legalidad de la propiedad. Según el certificado de libertad, que contiene el registro de los títulos, no existía ningún predio baldío ni tampoco alguno que careciera de títulos suficientes para demostrar la propiedad. Cuando el proyecto llevaba cerca de tres años en marcha, es decir, en 2011, el Incoder inició un programa de recuperación de baldíos indebidamente ocupados y concluyó en 2013 que, dentro de la Hacienda La Gloria, había unas 1.200 hectáreas que correspondían a baldíos de la Nación. Firmó la resolución respectiva Jhenifer Mojica, exsubdirectora del Incoder.

El Grupo Agroindustrial apeló la decisión del Incoder y sus abogados alegaron que el instituto hizo que la ubicación de La Gloria coincidiera con los lotes de la vieja y cuestionada Bella Cruz, lo cual no correspondía a la realidad.

Pues bien, en febrero de 2015, en un proceso de aclaración de la propiedad, otra resolución del Incoder, firmada por el entonces subgerente de tierras, Carlos Ignacio Cardona, dejó sin efecto las decisiones anteriores y estableció que esa hacienda “no presenta en registro la naturaleza jurídica de baldío, debido a la existencia de títulos de dominio privado vigentes y válidos”. Es decir, le dio la razón a Efromovich como propietario legítimo de los predios.

Pero los líos del proyecto agroindustrial estaban lejos de terminar, pues comenzaron los ires y venires por los tribunales. Campesinos que se declararon afectados y desplazados de esas tierras interpusieron tutelas que, en principio, el Tribunal Superior de Santander negó y desestimó. El asunto fue conocido por la Corte Constitucional, en revisión, y en 2014 declaró la nulidad y ordenó remitir el expediente al juez de primera instancia (es decir, al tribunal de Santander), que ratificó su decisión y negó las pretensiones de la tutela.

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Los campesinos apelaron, y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en 2015, precisó que el competente en este caso era el juez del circuito de Bucaramanga, a cuyo despacho volvió el expediente y otra vez fue denegada la acción de tutela. Pero como si se tratara de un cuento macondiano, el expediente regresó a la Corte Constitucional y en mayo de 2016 este alto tribunal ordenó a varias agencias del Estado continuar con el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados y adjudicarlos. Cabe anotar que el magistrado Luis Guillermo Guerrero se apartó de la decisión mayoritaria.

Las consecuencias de este último fallo no podrían ser más graves. Para darle cumplimiento, la Superintendencia de Notariado y Registro hizo reversar las transacciones efectuadas sobre la Hacienda La Gloria a tal punto que, incluso, los registros de propiedad volvieron a quedar en manos de Marulanda, su anterior dueño. Es decir, Efromovich se quedó sin los títulos de las tierras por las que le pagó al exministro. El lío ahora es mayúsculo porque este último se ha negado a restituir los títulos sobre la propiedad de la tierra, que a su vez garantizan préstamos bancarios que sirvieron para financiar parte del proyecto palmero. Efromovich ahora tiene problemas con los bancos, pues esas garantías ya no están en su poder.

El hecho no solo impacta al proyecto agroindustrial. Como consecuencia de la reversión de las transacciones, también se devolvió una venta de tierras que Marulanda le había hecho, en el pasado, al Incoder y que este había titulado a campesinos. Ahora estos baldíos volvieron también a estar en cabeza del exministro. Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, afirmó que le pidieron a la Oficina de Registro devolver los baldíos a la Nación.

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Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) avanza en paralelo con el estudio y la situación de los reclamantes en este caso. Aunque muchos temen que aparezcan avivatos, fuentes de la URT afirmaron que se asegurarán, antes de pasar a los jueces agrarios, de que no haya falsas víctimas.

Efromovich dice que está dispuesto a seguir apostando por Colombia, pero reconoce que este caso es muy frustrante para cualquier inversionista. Pero peor aún lo es para el país, que está dejando de sembrar y perdiendo una gran oportunidad. Como dice el empresario, el agro podría ser la fuente de riqueza de Colombia, como el crudo para los países petroleros. Pero a este paso, se quedará enterrada.