Gobierno radicó proyecto contra la minería ilegal

“La minería con todas las de la ley cumple con altos estándares técnicos, sociales y ambientales y genera recursos que se traducen en obras y beneficios para el país y las regiones. Por el contrario, la explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente, se apropia de recursos de todos los colombianos y es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. 

Por su parte, el ministro de  Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que este proyecto de ley tiene como propósito fundamental establecer medidas más severas en materia penal y sancionatorias en materia ambiental contra la minería ilegal.

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De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam), la explotación ilícita de minerales es la cuarta causa de deforestación en Colombia. Según expertos, la minería ilegal afecta, principalmente, a los departamentos de Antioquia, Nariño, Cauca, sur de Bolívar y Chocó.

“Estas actividades de extracción ilícita de minerales generan impactos sobre el ambiente afectando los recursos agua, aire, suelo y biodiversidad en las zonas intervenidas. En este sentido, este proyecto de ley es un instrumento adicional a los ya existentes en la lucha contra la deforestación, la contaminación de los suelos, aire, agua, flora y fauna por sustancias químicas como el mercurio”, dijo Ricardo Lozano, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El Ministerio de Minas indicó que a partir de 2016, cuando iniciaron los controles sobre la comercialización de oro, se dejó de reportar una producción de este mineral de 30 toneladas al año, lo que equivale a un valor comercial de alrededor de $3,6 billones. 

“Esto representa aproximadamente $140.000 millones en regalías dejadas de percibir durante el 2019, con lo cual se podrían haber construido unas 1.400 viviendas de interés social”, dijo el Ministerio.

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El proyecto de ley busca fortalecer los instrumentos jurídicos existentes con el fin de dotar al Estado con herramientas penales, administrativas y sancionatorias para luchar contra la cadena criminal de este fenómeno en todos los eslabones de explotación, aprovechamiento y comercialización ilícita de minerales y demás actividades relacionadas con estas conductas.

“Con el proyecto de ley se lograría judicializar con mayor contundencia a quienes desarrollen este delito en parques nacionales naturales y se podrían iniciar procesos de restauración ambiental por parte de los implicados”, finalizó el Ministerio de Minas y Energía.