Abecé para entender la agenda económica del Gobierno para esta legislatura

La crisis económica que destapó el coronavirus y sus medidas de confinamiento aumentó la presión en el Gobierno para tomar decisiones de corto plazo, que le permita darles bienestar a los colombianos.

Una parte de las soluciones ya fueron tomadas por el Ejecutivo durante las dos emergencias económicas decretadas durante el primer semestre del año. Ahora, como se descarta declarar una tercera, las cartas quedan en manos del Legislativo.

Presupuesto, regalías y emprendimiento son, por lo pronto, las prioridades de la Administración Duque, que además debe terminar de afinar reformas claves como la pensional, laboral y tributaria.

1. Ley de emprendimiento

Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio que propicie la creación y la sostenibilidad de los emprendimientos colombianos. Así mismo, pretende actualizar la normativa vigente sobre emprendimiento, incorporando medidas que se ajusten a las nuevas realidades de las empresas y mejoren sus condiciones.

El proyecto compuesto por 38 artículos, está enmarcado en cinco ejes: reducción de cargas y trámites para facilitar la creación, formalización y desarrollo de proyectos productivos; ampliar las oportunidades de acceso a mercados; diversificar y ampliar esquemas de financiamiento; fortalecer y articular la institucionalidad para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial; y mejorar las habilidades de los emprendedores a partir de acciones en materia de educación.

Se propone, entre otras, implementar un sandbox para la regulación de modelos de negocios innovadores, establecer un sistema de contabilidad diferenciada para microempresas; modificar el objeto social del Fondo Nacional de Garantías; la devolución de saldos a favor del IVA; y la enseñanza sobre emprendimiento en los niveles de educación básica, secundaria y media. 

2. Reactivarte 

Uno de los pilares del Gobierno ha sido la economía naranja y, dado que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, en esta legislatura se presentará, con mensaje de urgencia, el proyecto de ley Reactivarte que plantea reactivar y fortalecer el sector de la cultura y la economía creativa.

Y aunque aún están realizando algunos ajustes para presentarlo, el mandatario dio algunas luces. Por ejemplo, buscará dar algunos incentivos económicos adicionales para la generación de empleos en las industrias creativas y culturales.

En ese sentido, el proyecto plantea la creación de un fondo especializado para la inversión en los puestos de trabajo que estén vinculados con las actividades culturales. 

3. Seguridad social en plataformas

Paralelo al debate sobre la legalidad de algunas plataformas de movilidad, el Gobierno planea radicar un proyecto para proteger a quienes trabajan tanto en dichas plataformas, como en las de domicilios.

El debate de regulación y seguridad social de plataformas digitales estará para alquilar balcón durante esta legislatura.

La idea no es entrar en la discusión sobre si estas personas son o no empleados de las plataformas, sino asegurarse de que estén cubiertos por el sistema de seguridad en salud, pensiones y riesgos profesionales.

La iniciativa está en fase de socialización y su propuesta principal radica en que las plataformas (Rappi, Uber, Domicilios.com, etc.) reporten las transacciones y los ingresos que reciben estos prestadores de servicios para determinar si al mes devengan más o menos que un salario mínimo.

En el caso de que obtengan ingresos por un salario mínimo o más, la persona deberá cotizar sobre 40% de sus entradas y con base en eso liquidar 12,5% para salud, 17% para pensiones y 0,05% para riesgos laborales. Al siguiente mes, después del primer pago, la plataforma será la encargada de hacer el proceso de retención del trabajador y girarlo directo a la UGPP.

Si la persona devenga menos de un salario mínimo, la plataforma retendrá 15% de los ingresos para hacer los aportes a Colpensiones a través del mecanismo de los Beps (un sistema de ahorro previsional en donde el Gobierno pone una parte del ahorro y los trabajadores otra). En este caso no se hace aporte a salud, pues es un grupo que está cubierto por el régimen subsidiado.

Ahora, si bien el Gobierno no se inmiscuirá directamente en la regulación de las ‘apps‘, en el Congreso habrá un duro debate sobre esto. En una semana de legislatura, ya se han presentado tres proyectos de este tipo y se prevé que lleguen al menos otros dos al Capitolio.   

4. y 5. Regalías: nuevo modelo y presupuesto

En el pasado semestre se aprobó la reforma al Sistema General de Regalías, que ahora deberá ser reglamentada por el Congreso en esta nueva legislatura. Sin duda, uno de los proyectos económicos más importantes en este periodo de cara a la reactivación.

Para lograr esta transformación, se plantea todo un rediseño de la institucionalidad para facilitar su ejecución y una menor destinación para el Fondo de Ahorro y Estabilización, como quiera que este fondo ya cuenta con cerca de $12 billones, y las regiones tienen necesidades de inversión de cara a la reactivación de la economía.

El proyecto se radicará el próximo 30 de julio y debe tramitarse con mensaje de urgencia, pues si el Congreso no aprueba antes del 30 de agosto esta ley, el Presidente podría expedir el presupuesto del Sistema General de Regalías.

Precisamente, se busca que la nueva reglamentación entre en vigencia en el 2021 (cuando entra en vigencia el nuevo presupuesto bianual) y será clave también para incentivar entornos más favorables para la exploración y producción de recursos no renovables, que le permiten al país contar con recursos hacia el futuro. 

6. Presupuesto del 2021

Esta semana, el Ejecutivo destapará sus principales cartas del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2021, que traerá un aumento considerable en materia de inversión y de transferencias para las regiones.

Así lo confirmó el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien añadió que el Sistema General de Participaciones tendrá un alza cercana al 8%, con lo cual se les da un mensaje de tranquilidad a los municipios y departamentos.

En tanto, en materia de inversión, un borrador de Planeación Nacional señala que la cifra podría alcanzar los $53 billones, entre los cuales habría más de $4 billones para el plan de reactivación en 2021.

Este plan lo liderarían los sectores de transporte, hacienda y vivienda, de tal modo que en el país se puedan crear miles de empleos. En el caso del monto, fuentes del Gobierno señalan que podría estar cercano a los $290 billones, lo cual daría un aumento de 6% frente al PGN del 2020. 

Vale recordar que el presupuesto del 2021 tendrá un componente diferencial a los de años pasados y es que no tiene la restricción de gasto de la Regla Fiscal, lo cual le permitirá al Ejecutivo aprobar artículos que impliquen mayores erogaciones.

7. Mayor tope de endeudamiento

Otra de las iniciativas necesarias será la de aumentar el cupo de endeudamiento de la Nación por unos US$14.000 millones. Esta autorización se refiere a operaciones de crédito en el mercado interno y externo, distintas a TES.

Según el director de Crédito Público, César Arias, la idea de esta norma es otorgar el espacio para cumplir con el servicio de la deuda y las nuevas exigencias presupuestales a través de préstamos.

De acuerdo con el funcionario, los cupos solicitados en los proyectos de ley presentados anteriormente han oscilado entre US$12.000 millones y US$16.000 millones. Según las cuentas del gobierno, este cupo alcanzará para cumplir con las exigencias de financiación para 2021, 2022 y 2023, inclusive, cuando ya habrá otra administración.

Actualmente, del cupo autorizado la última vez en 2015, aún quedan disponibles US$2.600 millones que se utilizarán de aquí a finalizar el año como prefinanciamiento para 2021.

Según Arias, en el marco de la emergencia decretada para enfrentar la pandemia, el Gobierno pudo realizar operaciones de crédito por un monto total de US$6.000 millones, que no se cuentan como parte del cupo aprobado en 2015. 

8. Consulta previa, un nuevo intento

La ley de consultas previas que se tramitará en este periodo legislativo es una de las más importantes para el proceso de reactivación de la economía. Decenas de proyectos de infraestructura de transporte y de minería están pendiendo de un hilo debido a la imposibilidad de cerrar estos acuerdos entre las empresas y las comunidades.

Las consultas previas también estarán en el grupo de proyectos claves para el Gobierno. La idea es destrabar estos trámites y que los interesados sean quienes las financien.

Está claro que la legislación vigente no es suficiente para dirimir las diferencias que se derivan de los proyectos.

En los últimos años se han radicado al menos una docena de proyectos de ley, algunos del propio Gobierno Nacional, pero las iniciativas se han hundido debido a intereses regionales con amplio poder en el Legislativo y rivalidades políticas entre los mismos partidos.

El Ejecutivo acaba de anunciar un nuevo proyecto de ley para tramitarse en este segundo semestre. La iniciativa y articulado se está construyendo entre varias entidades y ministerios. 

9. Alivios a obligaciones financieras del agro 

El sector agro ha jugado un papel decisivo en medio de la crisis que atraviesa el país e indudablemente será un actor fundamental en el marco de la recuperación económica. Con esto en mente, uno de los proyectos que impulsará el ministerio de Agricultura en la legislatura que apenas comienza es el del Programa de Alivios a Obligaciones Financieras.

Con este se buscará aliviar las obligaciones de cerca de 140.000 pequeños y medianos productores que quieran normalizar su situación financiera ante el Banco Agrario u otro intermediario.

Los alivios consistirán en descuentos de capital y condonación de intereses. De ser aprobada, esta medida cobijará a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales y agroindustriales que hayan sufrido una caída severa y sostenida de ingresos producto de fenómenos fitosanitarios, biológicos, climáticos y de mercado.

Luego de hacer los respectivos acuerdos de pago, los productores limpiarán su historial crediticio, por lo que se les facilitará seguir financiando sus proyectos.

Adicionalmente, el proyecto buscará darle facultades a  la Junta Directiva del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) para hacer descuentos a capital. “Esto aplicará para las obligaciones de deudores que hayan sido beneficiados anteriormente con el FONSA”, explicó el Ministerio.

Otro punto importante de la la Ley es que le dará facultades a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para determinar condiciones especiales a los pequeños productores.

10. Trabajo en casa

El trabajo en casa se convirtió en la salvación de miles de empresas para continuar operando. Según el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, hoy cerca de 4 millones de colombianos se encuentran trabajando bajo esta modalidad o por teletrabajo.

Antes de la pandemia esta cifra tan solo llegaba a los 122.000 y es claro que el trabajo en casa estará presente por mucho tiempo más y será uno de los componentes de la nueva normalidad.

Por esta razón se buscará aclarar la normatividad al respecto, teniendo en cuenta que existen unas diferencias importantes con el teletrabajo.

Teniendo en cuenta que el trabajo en casa es una nueva modalidad que no estaba prevista y que el Gobierno tuvo que permitir por la pandemia para proteger el empleo, se debe aclarar lo relativo a horario, riesgos laborales, elementos de trabajo y la relación laboral.

Sin embargo, el Ministerio aclaró que el trabajo en casa deberá seguir siendo de carácter “ocasional, temporal y excepcional, que mantiene una dependencia y que respetará las condiciones pactadas al inicio de la relación laboral”.

11. Erradicar la explotación ilícita de minerales 

Este proyecto busca fortalecer los instrumentos jurídicos existentes con el fin de dotar al Estado con herramientas penales, administrativas y sancionatorias para luchar contra la cadena criminal de este fenómeno.

Además, generar las herramientas necesarias para contrarrestar la explotación ilícita de minerales en los ecosistemas estratégicos, reducir los daños ambientales, proteger las cuencas hídricas, reducir los impactos sociales y económicos, y las demás actividades relacionadas como la exploración, explotación, beneficio, transporte y comercialización.

De aprobarse, se lograría judicializar con mayor contundencia a quienes desarrollen este delito en Parques Nacionales Naturales y se podrían iniciar procesos de restauración ambiental por parte de los implicados.