De gorilas, goles y otros demonios en el Plan Nacional de Desarrollo

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo se ha convertido, desde su radicación en febrero, en una verdadera cacería de ‘micos’. Lo que debería ofrecer al país una oportunidad de lograr consensos para volver a crecer a tasas superiores al 4 por ciento, diversificar la economía y reducir la pobreza, se ha centrado en discusiones y polémicas aisladas sobre temas e intereses particulares. Cada día, un gremio o sector denuncia la inclusión de un “articulito” de graves repercusiones e impacto.

Muchos de estos ya se han caído, como la unificación del presupuesto en cabeza del Ministerio de Hacienda y la contrarreforma a la ley de licores. Y sobre todo el “orangután” pensional que permitía trasladarse entre regímenes por un periodo de cuatro meses sin importar cuanto tiempo le faltara a la persona para pensionarse. Solo esta última disposición, incluida sorpresivamente en la ponencia para segundo debate, habría costado unos 50 billones de pesos en beneficio de 172.000 personas, en su mayoría de altos ingresos. Todo un despropósito.

A menos de dos semanas de que quede aprobado el PND, a más tardar el 7 de mayo, aún quedan polémicas y debates abiertos. La ponencia para segundo debate tiene más de 340 artículos y allí hay 40 proposiciones posteriores al primer debate.

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Mientras el Gobierno parece ocupado en ver cómo revive las objeciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP), los congresistas aprovechan para presentar, en pleno año electoral, todo tipo de medidas populistas difíciles de aprobar en otras leyes, sin considerar su efecto económico o impacto fiscal. Algo que dirigentes gremiales señalan como populismo legislativo, pues busca favorecer grupos particulares.

La discusión de la hoja de ruta del Gobierno deja una gran preocupación en materia económica por su escasa capacidad para lograr consensos y sacar adelante las reformas que requiere el país. Estas son algunas de las polémicas que aún le quedan al PND.

Uno de los temas más controvertidos es la propuesta de financiar la sobrevivencia de Electricaribe mediante una sobretasa nacional de cuatro pesos por kilovatio hora a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como a los clientes comerciales e industriales de todo el país. Esta “vaca”, como la denominó el ministro de Hacienda, así como las facultades para que el Gobierno se haga cargo del pasivo pensional por 1,2 billones, garantiza el apoyo de la bancada costeña. Y de hecho salvó el plan en su primer debate.

Los defensores argumentan que un eventual apagón de la costa no solo afecta a los siete departamentos de esta región y a 2,6 millones de hogares, sino a todo el país dado que representa una cuarta parte del mercado de energía colombiano.

Por otro lado, congresistas del Valle han reclamado un tratamiento especial para Emcali, mientras otros piden buscar fuentes alternativas de recursos y no socializar las pérdidas por la mala gestión de las compañías.

A pesar de que ya no están vivos temas controversiales como la modificación de las tarifas del impuesto al consumo de los licores y el desmonte de los subsidios de energía para el estrato 3, los expertos insisten en la inconveniencia de que el PND incorpore temas tributarios. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha identificado al menos 11 artículos que modifican el estatuto tributario. “No quiere decir que estemos en contra de todo, pero esos temas no deberían discutirse en este contexto”. Básicamente se trata de exenciones y descuentos para sectores como energías renovables, becas por impuestos, distritos de riego, etc. Otros analistas han advertido también por toda suerte de contribuciones y temas parafiscales para alimentar fondos.

La directora del DNP, Gloria Alonso, y la senadora María del Rosario Guerra defienden las medidas para apoyar el salvamento de Electricaribe.

Ante la crisis financiera de los sistemas de transporte masivo, el Gobierno busca darles mayor responsabilidad y competencia a los entes territoriales. Para esto les brinda herramientas y nuevas fuentes de recursos como estacionamiento en vía, cobros por congestión, regalías y la explotación comercial, así como la posibilidad de realizar asociaciones. No obstante, la sostenibilidad de estos sistemas podría implicar también el ajuste de las tarifas.

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Los empresarios del transporte terrestre intermunicipal de pasajeros consideran que estas normas violarían los procedimientos de ley de áreas metropolitanas y las normas de ordenamiento territorial. Además, consideran que en manos de los municipios el tema sería incontrolable e incentivaría flagelos como el transporte ilegal, informal y el mototaxismo. Todo ello ocasionaría una crisis en una economía que realiza más de 125 millones de viajes legales al año.

El déficit actual del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC) –mecanismo creado para impedir que las variaciones del precio internacional del petróleo impacten directamente los precios de la gasolina– alcanza hoy alrededor de 14 billones de pesos. El plan propone “extinguir” este déficit, lo que significa que la Nación lo asumiría como parte de su deuda pública.

Además, faculta al Ministerio de Minas para cambiar la fórmula del precio de la gasolina y determinar el nuevo mecanismo de estabilización de precios. Eso podría afectar desde el ingreso de Ecopetrol y los minoristas hasta los entes territoriales.

Por ahora, se ha planteado una reducción del IVA del 19 al 5 por ciento, pero sin indicar si dicha reducción iría a mayores márgenes o a una disminución del precio al consumidor.

Ante los bajos precios internacionales del café y la difícil situación de los cafeteros, el plan propone crear el Fondo de Estabilización de Precios del Café y adoptar mecanismos técnicamente idóneos “para estabilizar el ingreso de los productores de café colombiano y protegerlo de precios extremadamente bajos”. En la actualidad, los costos de producción de los cafeteros se sitúan en 782.000 pesos la carga y el precio de venta está en 670.000, lo cual genera una situación insostenible para más de 510.000 familias que dependen de este producto. El Congreso deberá definir su estructura, administración, funciones y recursos para su capitalización.

La propuesta de aumentar al 37,9 por ciento el arancel para la importación de ropa ha generado una fuerte polémica entre los confeccionistas, comerciantes y exportadores.

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La norma busca, en teoría, proteger los empleos del sector textil y la industria nacional. Sin embargo, otros sectores aseguran que incluir esta propuesta no solo es inconveniente sino inconstitucional, puesto que la facultad para definir los aranceles debe estar en manos del Ejecutivo.

Algunos gremios y expertos consideran que el aumento de los aranceles golpea el bolsillo del consumidor, estimula el contrabando, arrasa con el comercio formal y afecta a la industria local.

También afectaría a los hogares por el aumento en los precios, e impulsaría la inflación. Según estimativos de Fenalco, los precios de venta del vestuario al público aumentarían hasta en 25 por ciento. Además, muchos consideran que abre una puerta peligrosa pues más sectores pedirían medidas proteccionistas.

El Plan de Desarrollo establece los mecanismos para sanear las finanzas del sector Salud al crear las reglas para que los actores del sistema –por ejemplo, IPS y EPS– crucen cuentas de una vez por todas. Un tema que los expertos han llamado ley de punto final. Mientras los hospitales y clínicas afirman que las EPS les deben más de 9 billones de pesos, las EPS del régimen contributivo dicen que la deuda está alrededor de los 3 billones. A partir del 2020, el No Pos (ahora No PBS) será pagado en su totalidad por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, pero fijando ‘un techo’ para las diferentes entidades.Y se buscará el pago por resultados a las EPS.

Como hay consenso sobre estos temas no ha habido mayor debate y este podría llegar cuando se conozca la reglamentación. Eso sí, aumentaría el gasto de bolsillo de los colombianos en salud.

Si bien el Gobierno pidió unas facultades bastante generales para reformar el Estado y recortar el gasto público, salieron bastante recortadas. Básicamente, quedaron restringidas a que en los próximos seis meses el Gobierno modifique la estructura de las entidades públicas del sector financiero. El Gobierno tiene la idea de crear una gran holding financiera lo que podría significar integrar entidades como Fonade y Findeter, o vender algunas fiduciarias y aquellas participaciones minoritarias donde el Estado no tiene control. No obstante, a ciertos sectores podrían seguirles pareciendo excesivas esas medidas.

También el proyecto le da facultades al Gobierno para modificar el monitoreo, seguimiento y control del Sistema General de Participaciones, reestructurar la Contraloría y los consejos y comités de coordinación. Y crea la Unidad administrativa Especial para el manejo de los Programas de Alimentación Escolar (PAE).

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