¿Qué viene para 2024? SEMANA presenta punto por punto los enormes desafíos económicos del país. Así lo impactarán a usted

El 2024 será un año retador para la economía en Colombia. Luego de dos años de crecimientos históricos, se preveía que 2023 correspondería al año del ajuste, con una actividad económica más moderada y un aterrizaje de la economía, con disminuciones en la inflación, correcciones en el precio del dólar y el inicio de la senda de reducción de las tasas de interés del Banco de la República. Aunque los ajustes se han hecho, este aterrizaje ha tenido turbulencias. La más importante, en materia de crecimiento.

Tras un primer trimestre del año pasado, con un crecimiento de 3 por ciento, los ajustes fueron a la baja, con un segundo trimestre con un dato de 0,4 por ciento, pero una caída en el tercer trimestre de 2023, contra todos los pronósticos, al llegar a terreno negativo: -0,3 por ciento, la cifra más mala desde 1999, sin contar la crisis de la pandemia.

En ese complejo contexto, el Gobierno ha hecho esfuerzos para reducir la inflación, como desindexar los precios de productos y servicios a la misma inflación o al incremento del salario mínimo, buscar menores tasas de interés, por ejemplo, de la banca pública para combatir mecanismos como el ‘gota a gota’ e impulsar la disminución de las tasas de interés del Banco de la República, junto con el sector privado, para empujar el crecimiento de la economía.

Sin embargo, la inversión llegó a su peor momento y las cifras de la industria, el comercio y la construcción muestran que los motores del crecimiento están apagados. El escenario de una recesión técnica –dos trimestres seguidos de crecimiento negativo– se hizo viable y las alertas se encendieron.Para el tercer trimestre de 2023 las cifras fueron inquietantes. Industria tuvo una contracción de -6,2 por ciento; comercio, de -3,5 por ciento, y construcción, de -8 por ciento, mientras que inversión viene cayendo y para este periodo su resultado fue de -11 por ciento.

Mientras las medidas del Banco de la República en materia de política monetaria estaban encaminadas a frenar el consumo y enfriar la economía, se esperaba que las políticas del Gobierno en materia de infraestructura y vivienda impulsaran una economía que necesitaba una estrategia contracíclica, que moviera además la inversión, pero las cifras hasta ese mes no habían sido así. La contracción en el sector de construcción al tercer trimestre de 2023, se explica por la caída del 5 por ciento en edificaciones y del 15 por ciento en obras civiles. En el primer caso, la principal razón está en la disminución de la producción residencial en 7,7 por ciento en ese periodo, según Camacol.

De acuerdo con la información de Coordenada Urbana, en lo corrido de 2023 se dejaron de vender 97.000 viviendas nuevas en Colombia, de las cuales 77.000 fueron viviendas de interés social (VIS). Entre enero y octubre de 2023, las ventas de vivienda cayeron 45,7 por ciento, afectando los inicios de obra que se contrajeron a una tasa del 27 por ciento, incidiendo en el resultado más reciente del PIB de edificaciones. Esta situación se refleja en una pérdida en inversión de los hogares en el sector residencial que supera los 18,3 billones de pesos, lo que está impactando la dinámica de otros 32 sectores de la economía en los que se soporta la construcción de vivienda. Y se registraron más de 30.000 desistimientos de familias que no continuaron con su proceso de compra de vivienda.

El Gobierno enfocó gran parte de sus esfuerzos en la inversión social, tratando de reactivar, desde allí, la economía con programas como el de Renta Ciudadana, orientado en una de sus prioridades a madres cabeza de hogar con niños en primera infancia. Son cerca de 1,5 millones de hogares que reciben cada uno 500.000 pesos. También para los jóvenes, al igual que para los adultos mayores. Según el Banco Agrario, en cuatro ciclos de este año se ha entregado un monto superior a los 3,4 billones de pesos mediante más de 8,4 millones de pagos.

Por el lado de la infraestructura, en el Gobierno Petro no se ha dado un solo proyecto nuevo de concesiones viales y, por el contrario, la decisión de suspender en 2023 el aumento en las tarifas de los peajes generó un mal ambiente entre los concesionarios y los posibles nuevos inversionistas por un cambio en las reglas del juego.

De hecho, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Gobierno recibió un paquete de 29 concesiones de los proyectos de cuarta generación (4G), pero 21 de ellas tienen problemas con tribunales que equivalen, en reclamaciones, más de 9 billones de pesos.

En medio de esta situación, se conoció a finales de noviembre, como lo señala un informe de Corficolombiana, que 19 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (PGN) no se usarían en 2023, por la falta de ejecución, y pasarían a utilizarse en 2024. De acuerdo con las cuentas del Gobierno nacional frente a las destinaciones y usos del PGN para 2023, con corte a 31 de octubre se han comprometido 64,1 billones de pesos, de los 83,8 billones de pesos en apropiación vigente, lo cual indica que solo se ha comprometido el 70,7 por ciento.

Lo anterior indica que se están dejando sin asignar 19,2 billones de pesos del rubro de inversión, lo cual implica una representación aproximada del 1,3 por ciento del PIB en 2023. “En esta línea, comparando la situación actual con años anteriores, se puede evidenciar que la brecha es más grande. Con corte a octubre, en 2022 esta era de 10,3 billones de pesos; en 2021, de 11,2 billones y en 2020, de 11,6 billones”, dice el análisis de la firma. Y en medio de los fantasmas de recesión, llegaron los datos de Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) de octubre de 2023 del Dane, que aumentaron la preocupación.

Para ese mes, el ISE se ubicó en 119,80, lo que representó un decrecimiento de 0,41 por ciento respecto al mismo mes de 2022. Las actividades secundarias –industrias manufactureras y construcción– registraron un decrecimiento de 5,20 por ciento respecto al mes de octubre de 2022; mientras que las terciarias –servicios públicos, comercio, transporte, alojamiento y servicios financieros, entre otras actividades– tuvieron una caída de 0,36 por ciento.

La recuperación de la confianza entre los sectores público y privado será fundamental para reactivar los motores de la economía, dar señales de tranquilidad y seguridad jurídica a los inversionistas e impulsar el desarrollo en regiones apartadas.

Uno de los ejemplos es el programa Misión Guajira, que firmaron el Departamento de Prosperidad Social y el Grupo Aval para avanzar conjuntamente en un plan de inversiones y atender necesidades básicas insatisfechas en municipios como Manaure y Uribia. Además, se espera que empiecen a destrabarse los procesos de licencias ambientales para el desarrollo de los proyectos de energías renovables no convencionales en ese departamento y convertirlo en el eje de energías limpias.

Ya el Gobierno ha iniciado los procesos de reactivación en algunos sectores clave. Por ejemplo, en vivienda anunció nuevas inyecciones de recursos, como 2,5 billones de pesos, que facilite el acceso a la Vivienda de Interés Social, nuevas líneas de crédito hipotecario, de Crédito Constructor y crédito a organizaciones comunitarias que van a hacer los proyectos de Cambia Mi Casa. Esto, sumado a la reducción de tasas del Banco de la República y a la caída en la inflación, se espera que sirvan para reactivar el sector.

Por el lado de infraestructura, el sector de transporte tiene proyectadas inversiones por más de 120 billones de pesos en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos. Además, cuenta con más de 20 proyectos en estructuración.

Para el Gobierno, el cierre del año mejoró la actividad productiva. “Las proyecciones más recientes para 2023 apuntan a que el año no terminó con un cuarto trimestre negativo porque en noviembre y diciembre hubo un mejor comportamiento. Se vio, por ejemplo, en el buen resultado de la Feria del Automóvil y en las festividades de diciembre las familias estuvieron muy dispuestas a gastar en centros comerciales, en madrugones y en otras actividades promocionales. Todo indica que el cuarto trimestre no debe terminar negativo”, dijo Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, a SEMANA (ver entrevista).

Frente a la posibilidad de un primer trimestre de 2024 negativo por un efecto de comparación frente al mismo periodo de 2023, Bonilla resaltó: “Arrancamos 2024 en unas condiciones de comienzo de recuperación de la economía”.

Además, Bonilla destacó que hay cerca de 50.000 subsidios planillados para 2024 en vivienda y hay expectativas favorables para iniciativas en infraestructura en los cierres financieros de obras de quinta generación, así como en vías terciarias.

Las proyecciones de crecimiento para 2023 se ubican, según la Ocde, para Colombia en 1,2 por ciento, mientras que el Banco de la República las estima en 1 por ciento. Para 2024, la economía tendría un comportamiento parecido al del año pasado mientras se termina el ajuste. Para la Ocde, en 2024 Colombia crecerá 1,4 por ciento y en 2025 llegará a 3 por ciento. De acuerdo con las proyecciones de los analistas consultados por SEMANA, en promedio para este año el crecimiento será de 1,46 por ciento.

La inflación y las tasas

En materia de inflación, el dato de noviembre de 2023 fue favorable. De acuerdo con las minutas más recientes del Banco de la República, para ese mes el índice de precios al consumidor se ubicó en 10,15 por ciento, completando ocho meses de descensos consecutivos. De acuerdo con el documento del Emisor, la disminución de la inflación anual de alimentos desde 10,36 por ciento en octubre a 8,25 por ciento en noviembre contribuyó de manera sustancial a la moderación de la inflación total. En particular, se destacó la fuerte caída de la inflación anual de los alimentos perecederos, al reducirse a 7,8 por ciento en noviembre, luego de permanecer en niveles de alrededor de 13 por ciento en los meses precedentes.

“El efecto favorable de la menor inflación de los alimentos se compensó parcialmente por la mayor inflación del rubro de regulados, que alcanzó 16,9 por ciento anual en noviembre, debido a los incrementos en los precios de los combustibles y la energía. Por su parte, entre junio y noviembre la inflación básica (sin alimentos ni regulados) se redujo en todos los meses, pasando de 10,51 por ciento a 8,86 por ciento anual”, señalan las minutas.

Esto llevaría a que al cierre del año la inflación en Colombia sea de un dígito que algunos, como el ministro Bonilla, ubican entre el 9,5 y 9,7 por ciento. Para 2024, en promedio de los analistas del mercado consultados por SEMANA prevén que la inflación llegue a 5,42 por ciento. Lo que sí queda claro es que solo hasta 2025 se alcanzará el rango meta del Banco de la República de entre 3 y 4 por ciento.

En su última reunión del año anterior, la Junta Directiva del Banco de la República decidió, por mayoría, iniciar el ciclo de reducción en las tasas de interés y pasar de 13,25 por ciento a 13 por ciento, una medida que recibieron con satisfacción el Gobierno y el sector privado, que la han venido solicitando, a la espera de que siga esa senda durante este año, al ritmo en que baja la inflación. Según el sondeo de SEMANA, los analistas en promedio estiman que las tasas cierren este año en 8,09 por ciento.

Aunque la inflación en el país viene cediendo, todavía no lo hace a la velocidad que esperan los analistas y el mercado –de hecho, Colombia frente a países como Brasil, Chile, Ecuador o Perú tiene casi el doble de la inflación de ellos–, y todavía persisten presiones que podrían afectar los precios y sobre las que hay que estar muy pendientes, como los efectos del fenómeno de El Niño en las cosechas y en los precios de las tarifas de energía; los incrementos de los precios de la gasolina y qué pasará con el diésel; los aumentos en los peajes –uno del rezago de 2023, cuando no se aumentó y otro del incremento de 2024– y especialmente de la indexación en productos y servicios de la inflación causada de 2023 y el incremento del salario mínimo del 12 por ciento más el subsidio del transporte para este año.

Como explicó José Ignacio López, director de estudios económicos de Corficolombiana y presidente designado de Anif, “en 2024 vamos a tener una tensión entre la inercia inflacionaria que en buena parte se construye a partir de la indexación y de rezagos en precios, es decir, precios que deberían estar más altos que por razones regulatorias, políticas, no se han subido, versus la otra fuerza: una economía que crece poco con una demanda más bien tímida que hace que para los empresarios sea costoso subir precios porque es incierto. Tienen el temor de perder participación de mercado”.

Una de las buenas noticias de 2023 fue el comportamiento del dólar, que, tras superar la frontera de los 5.000 pesos, se ha ajustado y al cierre del año pasado y comienzos de este ha llegado a cotizar por debajo de los 4.000, siendo, como dice López, el “choque bueno” en esta tensión inflacionaria. En promedio, para 2024, los analistas consultados por SEMANA ven el precio del dólar en 4.159 pesos en promedio al año.

El otro tema sobre el que hay mucha atención es el empleo. El dato más reciente de desempleo es de 9 por ciento en noviembre, frente a 9,5 por ciento del mismo mes del año pasado. A pesar del proceso de ajuste en la economía, durante este Gobierno el indicador bajó a un dígito.

Sin embargo, parece que la desaceleración está pasando cuenta de cobro al empleo, y al observar las tasas desestacionalizadas, desde septiembre de 2023, cuando llegó a 9,7 por ciento, la tasa de desempleo ha venido en aumento: cerca de 10 por ciento en octubre y 10,2 en noviembre. “Luego de la desaceleración económica, el desempleo ha aumentado por tres meses consecutivos. El reto más importante en 2024 será impulsar el crecimiento desde la oferta (reduciendo la incertidumbre) para evitar un mayor deterioro de las cifras del mercado laboral”, dijo en un trino Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

Todo este panorama se da en un complejo escenario de incertidumbre internacional. Por un lado, con elecciones clave en Estados Unidos –donde está por verse el futuro de la candidatura de Donald Trump– y de Venezuela, país en el que toma fuerza el nombre de María Corina Machado ante la resistencia del régimen.

Y, por otro, en materia económica, aún no es claro qué pasará con los motores de la economía mundial, como Estados Unidos y China, si las amenazas de recesión se consolidan y si la inflación volvería a reactivarse y se convertiría en una piedra en el crecimiento global debido a las tensiones globales y el impacto que puedan tener los conflictos como el de Rusia y Ucrania, que ya cumpliría dos años, y el de Oriente Medio entre Israel y Hamás, y la perspectiva de que escale en la región, poniéndoles presión a los precios de los commodities.

Las reformas y las regiones

En el campo local, en medio de los indicadores y la dinámica económica, en los próximos meses se definirá la suerte de las polémicas reformas sociales del Gobierno del presidente Gustavo Petro: la reforma a la salud, la pensional y la laboral.

La que más ha acaparado la atención de la opinión pública ha sido la de la salud, aprobada contra viento y marea a finales del año pasado en la Cámara de Representantes, pese a las advertencias sobre el peligro de eliminar las EPS y apostar por un modelo prácticamente estatal. Ahora, el proyecto será estudiado en el Senado, donde el debate podría ser a otro precio y sufrir grandes modificaciones.

En esa corporación, hasta ahora, el Gobierno no ha tenido un escenario tan favorable, pero no se descarta que la estrategia de diálogo directo con los senadores por encima de los partidos y sus jefes consolide una aplanadora, como sucedió en la Cámara. Dependiendo de la suerte que corra esa iniciativa en el Senado, la oposición ya alista una batería de demandas en su contra ante la Corte Constitucional.

En ese escenario, más que en el propio Congreso, están puestas las esperanzas de quienes consideran que la reforma a la salud atenta gravemente contra un derecho fundamental de los colombianos y su trámite en el Legislativo ha estado lleno de vicios legales. En la reforma pensional, donde hay más consenso, la mayor preocupación es el futuro del ahorro y qué pasaría con el mercado de capitales en el país, donde los fondos de pensiones son uno de los principales jugadores.

Frente a la reforma laboral, las mayores críticas son en torno a que está enfocada más hacia quienes tienen hoy empleo que a buscar la creación de nuevos y mayores puestos de trabajo y a reducir la informalidad (cercana hoy al 60 por ciento), al tiempo que encarece los costos laborales.

Sin embargo, no serán las únicas iniciativas del Gobierno que tendrán la mirada del país. El presidente Gustavo Petro, al finalizar 2023, anunció la posibilidad de discutir una nueva reforma tributaria, tras conocerse el incremento del 12 por ciento en el salario mínimo para 2024, en la que se pueda elevar la actividad productiva. “Yo propondría que con el empresariado y los trabajadores, si están de acuerdo, fortalezcamos la empresa. Y eso implica, sin desfinanciar al Estado y sin pensar en mayores tributos, en bajar la tasa de renta corporativa y subir la renta de personas naturales en sus grados más altos, de tal manera que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva”, destacó el mandatario.

También están la reforma agraria, la reforma al Código de Minas, así como la modificación a la ley de servicios públicos, muchas de ellas propuestas que quedaron aplazadas del año pasado. Además, está pendiente la evolución de anuncios del Gobierno como la alianza de Ecopetrol con PDVSA y las implicaciones que podría traer, al igual que el documento de la hoja de ruta de la transición energética del país.

De otro lado, en la dinámica económica, el papel de las regiones será fundamental. Por eso, los primeros meses marcarán el rumbo de las tensionantes relaciones que se verán entre el Gobierno Petro y algunos de los nuevos alcaldes y gobernadores, varios de ellos férreos opositores al Pacto Histórico. Por ejemplo, se estima que se den diferencias de fondo entre Petro y mandatarios como Carlos Fernando Galán, en Bogotá, y Federico Gutiérrez, en Medellín.

La gran pregunta es hasta dónde esas pujas podrían afectar el desarrollo de proyectos clave en esas ciudades y en diferentes regiones del país, teniendo en cuenta que los aportes de la nación son primordiales. ¿El cortocircuito será permanente? ¿La discusión en redes escalará y se convertirá en un veto de la nación a alcaldías y gobernaciones cuyos titulares son opositores a Petro? ¿Se priorizarán las regiones cuyos gobernantes sean afines al petrismo?

El año que empieza será complejo en materia económica. En manos del Gobierno y el sector privado está crear un ambiente de confianza que permita destrabar proyectos, impulsar los nuevos y darle a la economía una mayor tracción para generar nuevos puestos de trabajo formal, mayor recaudo tributario y una senda de crecimiento sostenido.