¿Quién tendrá que pagar más impuestos?

Desde mediados del año, cuando el Ministerio de Hacienda presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió sobre la necesidad de una reforma fiscal para conseguir cerca de 2 puntos del PIB, unos 20 billones de pesos.

Esto, teniendo en cuenta que el país enfrentó un doble choque: por un lado, debido a la inactividad económica, el recaudo se desplomó, y, por el otro, el Gobierno tuvo que aumentar el gasto para poner a punto el sistema de salud, financiar parte de la nómina de las empresas, hacer giros adicionales de los programas sociales ya establecidos e implementar el Ingreso Solidario.

Al principio de la pandemia, Carrasquilla indicó que harían todo lo necesario para enfrentarla y que estaba preparando el arsenal disponible, pero advirtió que cada bala de esta batalla era prestada.

En consecuencia, el endeudamiento del país podría cerrar el año en una proporción superior al 60 por ciento del producto interno bruto, lo que representa un máximo histórico desde 1995, cuando se empezó a llevar el registro.

Las calificadoras de riesgo han sido pacientes con la situación, teniendo en cuenta que la crisis no solo se circunscribe a Colombia, sino que es un fenómeno global. Sin embargo, pese a que han dado un compás de espera, advirtieron que la nación tiene que aclarar su panorama fiscal en el menor tiempo posible, lo que en la práctica no significa más que una nueva reforma tributaria.

Pero aún no está claro el cronograma de dicha reforma, y el Gobierno ha sido ambiguo al respecto. Pues mientras desde el Ministerio de Hacienda indican que esta se debe presentar en el primer trimestre de 2021, el presidente Duque ha manifestado la inconveniencia de discutirla en plena crisis sanitaria.

A pesar de la llegada de la vacuna y del reciente optimismo que ha despertado, los tiempos de la pandemia no son muy claros y no los maneja nadie.

La incertidumbre aún es alta, más teniendo en cuenta que, al parecer, la negociación de las vacunas no está cerrada y es probable que haya pandemia para rato. El hecho es que la calificación del país está en juego, y las calificadoras nos han puesto matrícula condicional.

En diálogo con Dinero, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, explicó que las agencias calificadoras tienen el ojo en la situación fiscal de 2022. Y agregó que si bien sería muy apresurado plantear la reforma en este momento, cuando aún no está clara la verdadera magnitud del impacto fiscal que ha dejado la crisis, no hay que perder de vista que la gabela de las agencias iría hasta finales del próximo año.

Si el Gobierno no se la juega por la tributaria, claramente Colombia corre el riesgo de perder su grado de inversión.Tal vez, para el ciudadano de a pie, el grado de inversión que fijan las agencias calificadoras y que refleja la percepción de riesgo país solo es importante para empresas y Gobiernos. No obstante, lo que le pase a esta calificación afecta el bolsillo de todos, porque determina las tasas con las que se financia el Estado en los mercados internacionales y las demás del mercado financiero local.

El país ya pasó por esta situación en 1999, y todos los colombianos pagaron un costo altísimo.Según Fedesarrollo, una pérdida del grado de inversión podría ocasionar que las tasas del sector financiero aumenten en cascada por lo menos 4 o 5 puntos. Esto podría agravar la profunda crisis social que ya se vive por cuenta del coronavirus.

El expresidente Uribe, quien ha afirmado que la tributaria debe discutirse lo más pronto posible, estima que si Colombia pierde su calificación, el Gobierno tendría un gasto adicional de 13 billones de pesos anuales.

La fórmula de Carrasquilla

Si plantear una reforma tributaria en una situación normal es una tarea titánica, bajo un contexto de pandemia ni se diga. Las empresas y los hogares del país están profundamente golpeados por la disminución en los ingresos ocasionada por restricciones que se impusieron para bajar la velocidad de los contagios. Nadie se quiere meter la mano al bolsillo.

Y si hay alguien que tiene experiencia en proponer tributarias es Alberto Carrasquilla. Esta sería la tercera que presenta en el Gobierno de Duque, sin contar en las que participó en el Gobierno de Uribe. Pero no todas le han salido como esperaba.

Uno de los objetivos que siempre ha tenido Carrasquilla es pasar una reforma estructural, en la que se aumente la base de personas naturales y se le dé espacio a las empresas.

¿Y el IVA qué?

Si bien el Gobierno nombró una comisión tributaria que emitirá sus conclusiones en el primer semestre del año entrante, el diagnóstico está claro. El objetivo de la próxima reforma será el desmonte de un gran número de exenciones tributarias, que suman 92 billones de pesos.

Sin duda, el IVA será uno de los ejes de esta discusión, pues sus exenciones suman 74,9 billones de pesos.

Cubrir más bienes con este impuesto siempre ha sido la gran apuesta de Carrasquilla, y a diferencia de otras ocasiones, esta vez el Gobierno ya logró ejecutar la devolución del IVA para los más vulnerables, lo que le restaría regresividad a este impuesto.

Pero esto no asegura nada. Gravar más productos con IVA siempre es impopular, y más si se tiene en cuenta el golpe que sufrieron los hogares este año. Como si fuera poco, la discusión se va a dar en un ambiente caldeado por las próximas elecciones, la polarización política y la tensión social que se vive desde el año pasado.

De hecho, basta con recordar que en la llamada Ley de Financiamiento, el ministro Carrasquilla planteó esta alternativa y ni siquiera el partido de Gobierno lo apoyó.

El país tendrá que tomar decisiones difíciles, y aunque nadie quiere hablar de una tributaria en 2021, que será el primer año de reactivación, no hay alternativa. Además, la reforma tiene que ir acompañada de una simplificación del régimen tributario y de una lucha frontal contra la elusión y la evasión.

Tampoco se pueden dejar de lado las polémicas enajenaciones de activos que podrían ser una fuente importante de recursos.

Desde ya se podría asegurar que esta no será la reforma estructural que tanto desean Carrasquilla y varios economistas.

Seguramente, como ocurre siempre, lo que aprobará al final el Congreso será algo totalmente diferente a la propuesta inicial presentada por Hacienda, y no se alcanzará el recaudo esperado. Al final del día, tan solo ganarán tiempo para tapar los huecos del corto plazo. Es muy probable que el Gobierno que llegue en 2022 tenga que plantear otra reforma tributaria.