¿Quiere pasarse de un fondo privado a Colpensiones? la Corte acaba de recordar una regla

El miedo de pensionarse mal suele estar presente en todas las familias. Por eso, decidir entre los dos sistemas que existen en el país, los fondos privados y Colpensiones, suele ser una un asunto complejo y trascendente. Muchos se arrepienten sobre la marcha y, por eso, las solicitudes para llegar al sistema público suelen ser una constante.

La semana pasada, la Corte Constitucional emitió una importante sentencia para quienes están pensando en dar ese paso. Una mujer de 58 años pedía el cambio a Colpensiones. Argumentaba que sus derechos a la vida digna, a la salud y a la igualdad estaban siendo vulnerados, pues le estaban impidiendo pasarse a este sistema público. Agregó que cuando entro a los fondos privados no sabía de las “consecuencias y riesgos que podía tener en su vida futura esa decisión”.

La Corte Constitucional, sin embargo, fue muy clara en su respuesta. La tutela no es la vía para pedir este cambio. Según el alto tribunal, es importante recordar que la tutela es un recurso subsidiario que solo aplica cuando se han agotado las vías por los procesos ordinarios. En este caso, le recordó a la mujer que debe acudir a un proceso laboral, contemplado en el artículo 2, numeral 4, del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el cual fue modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012.

¿Qué pasó con los traslados exprés?

El año pasado, un proyecto de ley en el Congreso encendió las alarmas del gobierno pero despertó la esperanza de miles de colombianos. Se buscaba precisamente facilitar el cambio de un sistema a otro. Sin embargo, finalmente la iniciativa se hundió con una votación de 6 contra 5 en la Comisión Séptima del Senado.

Esto sepultó el proyecto con el que se pretendía permitir el traslado entre los regímenes pensionales (prima Media con prestación definida y ahorro individual con solidaridad) por un periodo de seis meses a personas que les faltaran menos de 10 años para pensionarse y que tuvieran más de 750 semanas cotizadas. Algo que hoy prohíbe la regulación para tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema.

El proyecto no contaba con el aval del Gobierno por sus enormes costos fiscales y porque se consideraban que incrementaba la inequidad del sistema pensional, al permitirle el traslado no solo a quienes no recibieron información suficiente de los fondos de pensiones, sino a las personas de mayores ingresos y altos funcionarios del Estado, que han buscado -a través de demandas- grandes pensiones sin tener los requisitos.

“No existía la claridad sobre las dudas reiteradas que tenía el proyecto en términos de sostenibilidad y equidad. Por lo que prevaleció la idea de que este tipo de iniciativas hay que estudiarlas en el marco de una reforma integral del sistema pensional”, afirmó en su momento el Senador Carlos Fernando Motoa, quien explicó que la negación de la ponencia significa el hundimiento del proyecto.

Si los autores quieren revivir el proyecto tendrían que volver presentarlo y surtir de nuevo todo el proceso, como ya lo anunció el ponente de la iniciativa.

Para los autores, que pertenecen al Partido Conservador, miles de personas fueron engañadas por los fondos de pensiones cuando arrancaron hace 20 años lo que ha llevado a una creciente judicialización del tema.

Se estima que las demandas por temas de traslados pensionales y personas que consideran que su derecho a la libertad de información fue vulnerado y recibieron mala información por parte de los fondos alcanzaban, en mayo de este año, cerca de 30.000 procesos judiciales, de los cuales 23.576 se encuentran activos y 6.221 están finalizados.

No obstante, el gran problema del proyecto es que no solo responde a aquellas personas que pudieron no tener buen acceso a la información a la hora de afiliarse o trasladarse o que pudieron ser efectivamente engañadas, sino que abre una verdadera tronera para que las personas de mayores ingresos y altos funcionarios reciban megapensiones con cargo al Presupuesto de la Nación.

De acuerdo con el concepto rendido por Colpensiones, hoy en día hay más de 400.000 afiliados cotizantes en los fondos privados cumplen con las condiciones propuestas por el proyecto de ley que podrían acceder al traslado que se propone.

Además los ponentes se negaron a limitar los alcances de este proyecto a las personas que efectivamente fueron engañadas, a pensiones de menos de 4 salarios mínimos o excluir a altos funcionarios del Estado, con lo cual muchos consideran que los congresistas estarían legislando en causa propia, por lo que debería declararse impedidos.

Si bien el proyecto le costaría al Gobierno unos 27 billones de pesos en el primer año por el traslado de los fondos privados a Colpensiones, en el largo plazo le significaría un costo cercano a los 60 billones.

Según cifras del Ministerio de Hacienda, respaldadas por la Superintendencia Financiera, el proyecto tendría un impacto fiscal neto de 34,2 billones de pesos en un sistema que hoy ya le cuesta al Estado cuatro puntos del PIB.

Con el archivo del proyecto, ahora habrá que esperar si el Gobierno se decide a poner sobre la mesa la reforma de protección a la vejez que viene trabajando desde hace más de un año.

Quienes consideren que fueron engañados por los fondos privados seguirán teniendo la vía judicial para demostrarlo y hacer valer los derechos. Sin embargo, el Legislativo le cerró la puerta a una iniciativa que, si bien parecía loable, para los expertos generaba más problemas de los que solucionaba.

Mientras tanto, muchos esperan que en la próxima legislatura esta ventana se vuelva a abrir.