Radican ponencia para último debate de la reforma al Sistema General de Participaciones, pese a alertas por impacto fiscal

El representante Carlos Ardila, coordinador ponente del polémico proyecto de ley que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), tras la radicación de la ponencia para el octavo y último debate del polémico proyecto de Acto Legislativo que busca aumentar el porcentaje de transferencias a las regiones, salió a defender el contenido.

Sendas voces con argumentos técnicos han advertido del fuerte impacto que implicaría, en un momento en el que el país atraviesa dificultades fiscales complejas, en medio de una caída del recaudo tributaria y un crecimiento débil de la economía.

De hecho, más de un centenar de firmas de líderes de opinión de diferentes sectores, enviaron una poderosa carta al Congreso de la República, haciendo un llamado para que el Congreso tenga en cuenta las advertencias, so pena de tener que poner el pecho en el futuro, cuando el efecto que hoy pronostican les sea endilgado.

Con la radicación de la ponencia, el proyecto entraría así a su octavo y último debate antes de convertirse en ley.

De hecho, llamó la atención que pasaran prácticamente inadvertidos los primeros debates de aprobación en el Legislativo, de una iniciativa que tiene origen congresional y que inicialmente no era respaldada por el Gobierno, principalmente, por el Ministerio de Hacienda. Tanto así, que algunas fuentes políticas llegaron a mencionar que el cambio de posición del Ejecutivo, frente al proyecto que tendrá un alto costo en materia de recursos del presupuesto, se debería a lo que llamaron ‘canje’ para que el Congreso apruebe la ley de financiamiento que está en curso y que sí es de origen gubernamental.

Hay que recordar que el proyecto de Acto Legislativo que reforma al Sistema General de Participaciones tiene como objetivo el de aumentar la transferencia de recursos a los departamentos, distritos y municipios, pasando de un 20 %, que se tiene en la actualidad, a un 39,5 %.

El argumento es que, con ese aumento, que inicialmente iba por un mayor porcentaje y se fue moderando a medida que aumentaban las advertencias por el impacto fiscal, logre garantizar que los territorios dispongan de más recursos para suplir las necesidades básicas en educación, salud y saneamiento básico. Esas temáticas son justamente las que se cubren con las transferencias de la Nación a las regiones.

Sin embargo, no ha dejado de despertar suspicacias el hecho de que el Congreso haya tramitado el proyecto de ley y apoyado de manera generalizada, justamente en un momento en el cual se viene un año preelectoral.