Radiografía de una inversión clave para Colombia

El Índice de Inversión Social Privada 2023 que publica cada año Jaime Arteaga & Asociados muestra los recursos que 165 de las empresas más grandes de Colombia destinan para dejar huella entre los colombianos. Las cifras que aportan equivalen a dos veces el presupuesto de los ministerios de Agricultura, Ambiente y el Fondo de Adaptación juntos, y 1,2 veces el costo del túnel de La Línea.

Para el desarrollo

$5 billones es el total de la Inversión Social que hicieron las 165 empresas analizadas en 2022. De estos recursos, $2,5 billones se destinaron a inversión social voluntaria; $1,3 billones de entidades privadas para el desarrollo y $1,2 billones fue la inversión social obligatoria.

19 % de los recursos se van para desarrollo socioeconómico, 17 % para infraestructura, 16 % para desarrollo rural y 12 % para educación e investigación.

70 % de los municipios de Colombia se benefician de la inversión social voluntaria que hacen 165 de las empresas más grandes del país.

Para el medioambiente

$4,1 billones fue el total de la inversión social en gestión medioambiental en 2022. El 58 % corresponde a inversión obligatoria ($2,3 billones), el 30 % a inversión voluntaria ($1,3 billones) y 12 % en compensaciones ($512.000 millones).

32 % de estos recursos se destinan a acciones que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero, el 14 % para residuos y materiales, 10 % para energía y 8 % para agua.

34 % de los municipios del país se benefician de la inversión medioambiental de estas empresas.

Alineados

94% de las empresas afirman tener políticas o estrategias internas de acción social, 89 % cuentan con códigos de ética o buen gobierno corporativo,

84 % tienen un área individual de sostenibilidad o Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el 77 % tiene un comité de sostenibilidad o ética dentro de su junta directiva y 77 % posee certificados o normas de RSC o sostenibilidad.

318.616 proveedores forman parte de las cadenas productivas de las empresas más grandes analizadas. El 67 % de ellos son proveedores contratados localmente.

A 37 % del PIB del país equivalen las ventas anuales de las 165 empresas evaluadas.

El foco de la atención

43 % de las mujeres contratadas por las 165 empresas consultadas son profesionales y forman parte de su apuesta por la inclusión y la diversidad. El 36 % son directivas y 25 % están en las juntas directivas

80 % de la población vulnerable del país es la destinataria de la inversión social privada; el 62 % de los recursos va a beneficiarios de la población rural; 19 % a los municipios PDET –Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial– y 5 % a migrantes (en su mayoría venezolanos).

30 % de personas en situación de pobreza reciben recursos de inversión social privada, seguidos por niños y adolescentes en 13 %, mujeres en situación de vulnerabilidad en 7 % y, por grupos poblacionales, las comunidades étnicas y las personas víctimas de conflicto comparten con 3 % esta torta de inversión.

$489.000 millones de pesos recibieron los municipios PDET en 2022, del 39 % de las 165 empresas evaluadas.