Recibo de la luz bajará para algunos estratos en Colombia tras fallo de la Corte Constitucional

En una decisión que estaba cantada desde hace varios meses, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 313 del Plan de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, lo cual le da una estocada al salvavidas que el Ejecutivo le lanzó a Electricaribe.

Esta norma creó por cuatro años una sobretasa de $4 por kilovatio/hora de energía eléctrica consumido, la cual se venía recaudando desde el año pasado a los usuarios de estratos 4, 5 y 6, además de comerciantes e industriales.

Según la Corte, el artículo vulneraba la prohibición de que se creen rentas con destinación específica –a no ser de que fuera inversión social–. En este caso, los dineros iban para salvar financieramente la operación de Electricaribe.

Para la corporación no es posible sostener que la finalidad de la denominada sobretasa se encuentre destinada para inversión social, esto es, a asegurar el bienestar social y el cumplimiento de las finalidades sociales del Estado.

“No queda duda alguna de que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, que debe asegurar su prestación eficiente (...). Sin embargo, dicha finalidad no se concreta en la destinación específica de una renta nacional”, señaló en un comunicado.

Además, aclaró que la decisión surte efectos inmediatos y hacia futuro, con lo cual el cobro dejará de ser efectuado a partir de la próxima facturación, tanto para las personas naturales como para empresas.

Según cálculos presentados hace un año por la Superintendencia de Servicios Públicos, este tributo adicional lo venían pagando 2,7 millones de usuarios.

La superintendente, Natasha Avendaño, dijo en su momento que con el costo adicional que se cobraría proyecta generarle ingresos a la Nación por $180.000 millones por año. “Los recursos de la sobretasa serán destinados al fondo empresarial de la Superintendencia para apoyar los procesos de intervención de empresas de servicios públicos y con inconvenientes financieros”, señaló.

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Por lo pronto, la Corte no se pronunció sobre el destino de los recursos que alcanzó a recaudar la entidad de las personas naturales y empresas. No obstante, regularmente se permite que estos dineros se mantengan en las arcas del Estado, pero se pone freno en seco a seguirlos cobrando.

En todo caso, la decisión del Alto Tribunal se da tras un largo camino, en el cual se habían archivado otras cinco demandas contra el plan de salvamento de Electricaribe. En esta ocasión, Linares y los demás magistrados –con excepción de Richard Ramírez, quien salvó el voto– le dieron la razón a Hugo Palacios Mejía, quien pidió que la norma saliera del ordenamiento jurídico.

En su demanda, argumentó que la sobretasa sí es un impuesto y, como tal, su recaudo no puede tener una destinación específica, como lo era el plan de salvamento de la compañía.

Esta decisión se da apenas unos meses después de que el Gobierno nacional entregara a dos consorcios la operación de la Electrificadora del Caribe.

Desde finales de septiembre pasado, la empresa dejó ser el operador en la costa, con lo cual terminó una novela de casi cuatro años, cuando la administración de Juan Manuel Santos intervino la compañía, que en ese momento estaba en manos de la española Gas Natural Fenosa.

Encontrar las nuevas empresas no fue nada fácil. Después de un intento fallido en 2018, cuando solo se presentó una firma para el proceso de subasta, el Gobierno optó por suspender dicho proceso y cambiar las condiciones.

Por esta razón, el Ejecutivo segmentó el mercado y asumió el pasivo pensional de $2 billones y las deudas que se generaron durante la intervención. Todo esto con el objetivo de que las compañías ganadoras recibieran una empresa totalmente limpia desde el punto de vista financiero.