Recobros en salud: el billonario ‘saldo pendiente’ que quieren cerrar este año

Si todo sale como lo espera el Gobierno, este año quedará cerrada la llave de los recobros en el sistema salud que representaba erogaciones extraordinarias por cerca de 4 billones de pesos anuales y muchas disputas administrativas y jurídicas entre las EPS, las IPS y la administradora del sistema. Los saldos por recobros se acumularon y llegaron a representar una elevada y billonaria incertidumbre para los actores del sistema.

Eso da razón del enorme problema que quiere resolver la administración Duque. Así por lo menos se lo ha planteado Diana Isabel Cárdenas Gamboa, directora de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

El proceso de saneamiento de las cuentas del sistema, que incluye las deudas asociadas a la ley de punto final, implica dos acciones específicas: saldar las cuentas pendientes y cambiar la forma en que el sistema cubre las erogaciones derivadas de los famosos recobros.

Los recobros están relacionados con costos que no cubre el Plan Básico de Salud (PBS, póliza que asegura a cada uno de los ciudadanos afiliados). El PBS se paga con los recursos normales del sistema y se gira a lo largo del año, en función de la cantidad de afiliados a cada EPS. A esto se le conoce como Unidad por capitación (UPC).

En cambio, los recursos de recobros son de carácter extraordinario y se pagan con otros dineros del sistema. Ese carácter de extraordinario genera enorme incertidumbre sobre el estado de las finanzas de cada uno de los actores: clínicas, laboratorios, EPS y Gobierno. Por eso, esa plata tiene un procedimiento específico de pago.

Para entender cómo va el saneamiento de este rubro es necesario ir por partes. Cárdenas explicó que están trabajando en tres frentes distintos.

Primero el pago de las cuentas del rezago por auditoría. Resulta que la empresa escogida para hacer la auditoría de los pagos por recobros, entró en una disputa jurídica con el Gobierno que la señaló de no estar cumpliendo con sus obligaciones. Esto generó un represamiento de los trámites de las cuentas. En este universo están facturas que han sido presentadas ante la Adres y que corresponden a servicios y productos de salud entregados a los usuarios entre abril de 2018 y diciembre de 2019. Este saldo implica facturas por 9 billones de pesos. Como el asunto es no generar choques de flujo de caja para las entidades del sector, la Adres ha hecho pagos anticipados por 5 billones de pesos, esperando los resultados de auditoría de cada una de esas facturas para finalizar con el cruce de cuentas. Ya se han auditado 3,96 billones de pesos de ese monto y se legalizaron 3,77 billones de pesos. El saldo pendiente por auditar es de 4,2 billones de pesos.

El otro paquete de cuentas en rezago son las que se han presentado en 2020, pero que corresponden a prestaciones entre mayo de 2019 y febrero de 2020. A partir de marzo de este año entraron en vigencia los presupuestos máximos o techos que es la forma de pagar por anticipado los servicios y productos no POS, lo que técnicamente significa que los recobros quedaron cerrados a partir de marzo de 2020. Así que con este paquete de facturas se espera que empiecen a desaparecer las disputas administrativas por recobros. Aquí los saldos en discusión han sido de 1,4 billones de pesos, de los cuales se han auditado 930.000 millones de pesos y se han girado anticipos por 722.000 millones de pesos.

El tercer gran grupo de deudas por conciliar y saldar es el que se refiere concretamente a la ley de punto final: deudas con vigencia de más de 10 años que en muchos casos inclusive han terminado en procesos judiciales. En algún momento, los agentes del sector han señalado que estas deudas pueden alcanzar un valor de 5,5 billones de pesos. Aquí el trabajo es más arduo, porque se trata de cuentas que tienen un historial de prácticamente una década.

Por eso, la ley de punto final establece un procedimiento de conciliación y pago, que implica firmar un contrato de transacción en el que las partes se comprometen a desistir de cualquier proceso judicial con lo que se cierran esas cuentas pendientes durante estos años.

Según Cárdenas, a la ventanilla de la ley de punto final han llegado solicitudes por 486.000 millones de pesos de las cuales ya se han auditado, conciliado y pagado 21.000 millones de pesos.

La revolución de los presupuestos máximos

Los mismos agentes del sector salud han reconocido que el cambio de los recobros hacia la figura de los presupuestos máximos significa un cambio radical, básicamente porque elimina la incertidumbre. Se trata de unos recursos que en lo corrido del año ya corresponden a giros por 2,7 billones de pesos y que deben administrar las EPS para ofrecer la totalidad de servicios que no estén cubiertos por la UPC.

Así se elimina totalmente la disputa tradicional originada por los recobros y libera tiempo de la administración del sistema para concentrarse en otros aspectos como gestión y calidad.

Cárdenas de la Adres invitó a las EPS a que aprovechen la ventanilla de ley de punto final, porque representa una oportunidad rápida de resolver el problema con las deudas viejas. “Esto representa un costo de oportunidad, porque las EPS van a recibir unos recursos nuevos ahora si acuden al marco de la ley de punto final, en cambio de permanecer en un proceso jurídico que puede demorar 5 o 10 años”, aseguró.

El sistema de salud de Colombia está ad portas de solucionar uno de los temas más problemáticos y que ha generado muchos inconvenientes durante su historia: el de los recobros. Si se logra el cometido, es claro que quedará abierta la puerta para que se mejoren los servicios a la ciudadanía y se puede trabajar más en una estrategia de prevención que redunde en una mejor prestación de los servicios.