Recomendaciones para cerrar la brecha digital y no morir en el intento

El servicio de telecomunicaciones móviles en el país ha presentado avances significativos en sus indicadores de apropiación y cobertura. Por una parte, la oferta móvil presenta, entre operadores móviles de red (OMR) y operadores móviles virtuales (OMV), alternativas comerciales. Por otro lado, el índice de penetración móvil, es decir, la cantidad de líneas del servicio móvil por cada 100 habitantes se situó en alrededor de 147,5 por ciento a inicios de 2024.

Según cifras de la agencia Branch, el mercado móvil cuenta con 77 millones de conexiones móviles celulares activas en Colombia; de ellas, un poco más de 75 millones de líneas están en servicio y cerca del 93 por ciento se concentró en los cuatro principales operadores móviles de red –Claro, Movistar, Tigo y Wom–. Además, había 39,51 millones de usuarios de internet en Colombia a principios de 2024, cuando la penetración alcanzaba el 75,7 por ciento.

El Gobierno nacional otorgó licencias para el desarrollo de la tecnología 5G. Colombia ha alcanzado un importante hito al poner en marcha este servicio en algunas ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga y la puesta a punto en otras 14 ciudades intermedias.

José Miguel de la Calle, socio de Garrigues, está de acuerdo con que “el despliegue de redes 5G en Colombia representa un gran avance para la conectividad del país, ya que no solo permitirá una mayor velocidad de conexión en las zonas urbanas, sino que representará un gran instrumento para cerrar la brecha digital en las zonas apartadas y procurar desarrollo social otorgando conectividad a colegios y escuelas de zonas remotas.”

Así se garantiza al mismo tiempo un beneficio para las finanzas públicas a través del pago de la contraprestación económica derivada de permisos de uso del espectro radioeléctrico.

Por su parte, Diego Cardona, socio de PPU Legal, es enfático al asegurar que el despliegue de la red 5G en Colombia enfrenta múltiples desafíos. De acuerdo con el informe de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), uno de los principales obstáculos es la disparidad en los procesos administrativos para la aprobación de proyectos en los más de 1.100 municipios del país. Lo anterior genera una dificultad en la estandarización de la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. La obtención de permisos en áreas urbanas también presenta retos, en especial con la necesidad de instalar radio bases en proximidad.

A esto se suman los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipales. Cardona dice que “los POT imponen restricciones que complican la instalación de infraestructura esencial en áreas clave, impactando la cobertura y la calidad. Los desafíos energéticos también son significativos, ya que la falta de estabilidad en las redes eléctricas y las dificultades para compartir la infraestructura de transmisión generan barreras adicionales”.

Para mitigar esto es crucial que el Gobierno implemente políticas que promuevan la inversión en dispositivos 5G, y evite impuestos o aranceles excesivos. Superar estos obstáculos es esencial para garantizar una implementación exitosa de la red 5G, que cuente con seguridad, privacidad y disponibilidad.

Según De la Calle, “el despliegue de la tecnología 5G también presenta retos importantes, como la necesidad de una infraestructura adecuada y la inversión en equipos y capital humano para una adecuada implementación”. Y agrega que se deben considerar los aspectos de seguridad y privacidad de los datos, pues la implementación de la tecnología 5G podría aumentar el riesgo de ciberataques y la vulnerabilidad de los sistemas.

¿Y la financiación?

Para nadie es un secreto que la financiación de esta nueva tecnología ha estado en el ojo del huracán. ¿Cómo podrán cumplir las empresas que ganaron la subasta de 5G si su situación financiera está complicada?

Para Pablo Márquez, socio de Ecija Abogados, el tema de la financiación es retador. Sin embargo, los operadores han proyectado una inversión en el proceso de subasta de espectro, lo que indica su compromiso de cara a cumplir con las obligaciones que se establecieron de forma particular en cada resolución de asignación de espectro.

“Los plazos para cumplir con las obligaciones, en términos generales, se difieren en el tiempo, lo que permitirá a los operadores hacer una distribución de los gastos derivados de la asignación del permiso de uso de espectro y las obligaciones allí contenidas. Es claro que este enfoque depende en gran medida de una correcta organización y gestión financiera por parte de cada operador”, comenta Márquez.

Sin embargo, existen riesgos, y si la situación financiera de un operador se llegara a deteriorar al punto de impedir el cumplimiento de sus obligaciones, las normas definidas en las resoluciones de asignación de permisos de uso de espectro contemplan mecanismos para remediar los incumplimientos. Estos mecanismos incluyen la posibilidad de establecer planes remediales antes de proceder a la resolución de los permisos.

De esta manera, se brinda una oportunidad para que los operadores puedan corregir el rumbo y cumplir con sus compromisos sin perder los derechos adquiridos en la subasta de espectro y, sobre todo, garantizar la continuidad del servicio y el bienestar de los consumidores.

En primer lugar, dice Márquez, para la asignación, los operadores deben constituir garantías bancarias que cubran posibles incumplimientos totales de sus obligaciones derivadas del permiso de uso de espectro, las cuales sirven como respaldo financiero.

Por su parte, el acto administrativo de asignación del permiso incluye condiciones resolutorias. Si alguna de estas condiciones se cumple, el permiso pierde su fuerza ejecutoria y el Ministerio de las TIC procede a recuperar el espectro asignado, siguiendo el debido proceso administrativo.

En el caso del incumplimiento de obligaciones de cobertura, en este caso particular opera el siguiente procedimiento:

• Incumplimientos parciales menores al 35 por ciento. Se pueden imponer multas de hasta de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada obligación incumplida.

• Persistencia del incumplimiento tras tres multas. Se declara el incumplimiento parcial de las obligaciones y se afecta parcialmente la garantía de cumplimiento.

• Incumplimientos que alcanzan el 35 por ciento más. En ese caso el Ministerio requerirá al asignatario para que presente un plan remedial para el cumplimiento de sus obligaciones. Si después de un año no se cumple el 100 por ciento de la meta fijada, el Ministerio declara la condición resolutoria del permiso, recuperará el espectro asignado y hará efectiva la garantía de cumplimiento.

Desfinanciación estatal

Los recortes presupuestales del Gobierno tendrán incidencia en los proyectos de conectividad financiados por el Ministerio de las TIC. Es decir que, desde el punto de vista de los operadores, estos no deberían verse afectados en sus planes de despliegue de infraestructura y provisión del servicio. Sin embargo, habría que analizar casos concretos en los que pudiera haber afectación a alianzas entre el Ministerio y los privados que pudieran derivarse de los recortes presupuestales, pero es algo que debe analizarse caso por caso.