Así sería el duro recorte del gasto que prepara el Gobierno

El proceso de ajuste fiscal que tendrá que concretar el Gobierno de aquí a julio, fecha en que deberá presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, comenzará en las próximas semanas con un duro apretón del cinturón.

Al igual que en épocas de vacas flacas, cuando cayeron los precios del petróleo en 2014, la administración pública endurecerá su política de gasto público, a tal punto que las plantas de personal rara vez se aumentarán y las horas extras serán racionalizadas.

Estos son apenas dos de los puntos que trae un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda para recortar la destinación de recursos públicos a rubros que, en este momento, son innecesarios y podrían destinarse a la mitigación del coronavirus o inversión social para las personas más vulnerables.

La norma va más allá. Todas las entidades deberán abstenerse de firmar contratos para mejorar los inmuebles y adquirir bienes innecesarios para sus funciones regulares, mientras que, en los viajes de trabajo, los viáticos se limitarán a los recursos exclusivamente claves para las labores encomendadas.

El Ministerio de Hacienda planea tocar, además, un tema sensible para algunos. El proyecto les pide a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía revisar los esquemas de seguridad de los funcionarios de la Rama Ejecutiva “y de ser posible reducir su conformación”. Esto, por supuesto, deberá hacerse midiendo los riesgos de las personalidades y la necesidad de que tengan escoltas que los protejan, pero podría llegar hasta el esquema del presidente Iván Duque, como lo revela el borrador de decreto.

Ahora bien, la publicidad estatal, los gastos en eventos y capacitaciones, la adquisición de vehículos y hasta el ahorro en servicios públicos harán parte del nuevo plan de austeridad que alista el Gobierno, que, en cualquier caso, será apenas el primer paso del ajuste fiscal necesario.

Emergencia 2.0

Por lo menos así lo deja entrever el decreto de la emergencia económica 2.0. En la letra menuda de esta norma se plantea una decena de medidas que se deben adoptar “para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos”.

En esta categoría, la norma incluye la necesidad de focalizar recursos y subsidios, así como de revisar los criterios con los cuales se entregan estas ayudas, de tal modo que lleguen a quienes verdaderamente los necesitan.

Así mismo, se deja abierta la posibilidad de tramitar, vía decretos legislativos, una minirreforma tributaria, que podría incluir nuevas exenciones para las empresas de sectores más golpeados, pero también mayores impuestos para personas naturales de ingresos medios y altos.

Esta última medida podría hacerse extensiva a las compañías que registran buenos resultados en plena época de pandemia, según confirmó el director de la Dian, José Andrés Romero, en un debate en el Congreso.

“En relación con nuevas fuentes hemos discutido posibilidades, entre ellas una propuesta de la Andi de establecer un aporte o impuesto mayor, por parte de las empresas que están bien, para cubrir los mayores subsidios de desempleo”, explicó el funcionario.

Esta propuesta, junto con el pago de un impuesto al patrimonio por parte de las empresas, siguen siendo estudiadas por el equipo económico del Gobierno.

Nueva normalidad

La tarea no es sencilla. Este grupo de expertos tiene que replantear todas las cuentas que se presentaron a comienzos de año en el Plan Financiero, empezando por tres puntos clave: el PIB, los precios del petróleo y la deuda pública.

La proyección del primero pasó de 3,7% a -5,5%, e incluso en Hacienda tienen cálculos más pesimistas que señalan que la contracción de la economía podría profundizarse hasta -8,3%. Acá todo dependerá de cuánto y cómo avance la covid-19.

En el caso del crudo, los cálculos pasaron de US$60,5 a US$36,8 por barril y la deuda pública podría treparse hasta 60% del PIB, en el caso más optimista. Todo lo anterior va conectado con un mayor gasto permitido para este año, que el Comité de la Regla Fiscal le permitió el Ejecutivo.

Este nuevo statu quo estará basado en cambios drásticos en el frente económico, fiscal y tributario. Así lo creen el exministro Carlos Caballero Argáez y el catedrático de la Universidad de Los Andes, Germán Machado, quienes exponen que esta crisis "deja una clara reflexión sobre las reformas y cambios que será necesario introducir, tanto en la estrategia de desarrollo del país en los próximos años como en la conducción de la política macroeconómica".

A corto plazo, el Gobierno se verá obligado a contratar créditos externos con la banca multilateral y la banca privada internacional. Pero, una vez se supere la coyuntura, los expertos plantean que es necesario hacer una cirugía profunda en varios frentes.

Entre estos se encuentran revisar a fondo la política de comercio exterior –que podría impulsarse cuando los países vuelvan a abrir sus puertas–, elevar la productividad en el país y tramitar una nueva reforma tributaria que permita revisar y refinar la estructura fiscal del país.

Enfrentar la pandemia del coronavirus se convirtió en la prioridad del gobierno Duque, para lo cual el país debe tener claro que las soluciones serán duras y tardarán varios meses o años más después de superada la emergencia actual.

Regla flexible

El Gobierno recibió un espaldarazo para aumentar su gasto público este año, con el fin de enfrentar la pandemia del coronavirus y otras obligaciones. Este aval se lo dio hace unos días el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que le permitió subir su techo de déficit de -2,2% a -6,1%, que en plata blanca le permite gastar $40 billones adicionales. No obstante, este permiso viene con una condición: "El Comité enfatizó en la importancia de que el Gobierno presente una senda de ajuste fiscal para los próximos años, que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas", dijo el grupo de expertos. Para lograrlo, añade, el Ejecutivo necesitará una estrategia para racionalizar y focalizar los subsidios, y un plan para aumentar sus ingresos. Esto, según fuentes del Gobierno, tiene nombre y apellido y es una nueva reforma tributaria, que solo se tramitaría en 2021, momento en el cual se conocerá en detalle la profundidad de la crisis del coronavirus.