Ante el recorte en presupuesto ¿qué programas sociales se verán afectados?

Aunque el presidente Iván Duque había dicho que gobernaría sin espejo retrovisor, este propósito ha comenzado a quedar atrás ahora que arrancó la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2019. Las declaraciones sobre las necesidades de ingresos y la recomposición que tendrá para el próximo año preocupan.

El presidente y sus ministros se han quejado en diversos escenarios de que el presupuesto que recibió su gobierno está desfinanciado y que no hay plata para muchos programas sociales prioritarios. Duque dijo durante el cuarto taller Construyendo País, que realizó en San Jacinto, Bolívar, que el presupuesto que recibió “le deja al país un aumento del servicio de la deuda de 18 a 36 billones de pesos y, fuera de eso, les reduce la inversión pública en 6 billones de pesos a los colombianos, después de dos reformas tributarias en menos de cuatro años”.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo hace unos días, ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso, que mantendrá el monto general del presupuesto definido por el gobierno anterior para el próximo año en 258,9 billones de pesos –para cumplir la regla fiscal–. Pero añadió que tendrá que replantear las prioridades para cumplir con los programas sociales sin pegarle un frenazo a la economía. Para el alto funcionario “el verdadero problema” es que hay un faltante de financiación de alrededor de 25 billones de pesos, que incluye programas sociales clave en múltiples sectores que van desde Familias en Acción hasta la plata para las víctimas (ver recuadro).

Grandes preocupaciones

La principal preocupación con el presupuesto de 2019 tiene que ver con el crecimiento desbordado del servicio de la deuda –alrededor de 18 billones– y el consecuente ajuste en la inversión que habrá que hacer. Mientras que el primero aumenta casi un 39 por ciento, al pasar de 47,9 a 66,4 billones de pesos en 2019, la inversión se reduce en un 9,4 por ciento, al caer de 39 a 35,3 billones de pesos.

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La senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra explica que este salto tan significativo de la deuda “se debe al hecho de que el gobierno Santos no hizo amortizaciones este año, sino que las dejó para 2019”. Recordó que en los últimos años la deuda se incrementó 10 puntos porcentuales –hoy alcanza 42 por ciento del PIB– y las vigencias futuras crecieron más de 70 billones de pesos.

Pero en cuanto al crecimiento de la deuda hay que tener en cuenta no solo la dinámica del gasto público en pesos, sino también el encarecimiento de la deuda externa como consecuencia de la devaluación. El aumento del dólar ha disparado el costo de la deuda junto con otros factores, y a su vez el gobierno pasado tuvo que acudir a los créditos externos para enfrentar los coletazos de la crisis de 2008 ante la caída de los precios internacionales del crudo. Además, las vigencias futuras quedaron comprometidas mayoritariamente para grandes proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá y las vías 4G.

El mayor costo de la deuda ha afectado la inversión del nuevo gobierno. De los 35,3 billones de pesos para inversión que contempla el presupuesto, alrededor de 7 billones son vigencias futuras que deberán pagarse en 2019, lo cual significa que el gobierno solo tiene bajo su control realmente 28 billones para invertir. Esto significa que si bien el ajuste de la inversión total será del 9,4 por ciento, en algunos sectores resulta mucho mayor como en minas y energía (-42,7 por ciento), educación (-39,8 por ciento), inclusión social y reconciliación (-7,4 por ciento), agropecuario (-18,9 por ciento), vivienda (-13,4 por ciento), ciencia y tecnología (-34,7 por ciento), ambiente y desarrollo sostenible (-36,5 por ciento) y deporte y recreación (-45,2 por ciento), entre muchos otros.

Esto implica que faltan los recursos necesarios para importantes programas sociales. En la lista aparecen Familias en Acción, la mayor cobertura del ICBF, el proceso de igualar los regímenes contributivo y subsidiado en salud, pagar los recobros, el Programa de Alimentación Escolar, los créditos de educación superior del Icetex, los programas de subsidios para vivienda o los subsidios en el servicio de energía eléctrica para los estratos más bajos, entre otros.

También causa alarma que mientras que la inversión se contrae, los gastos de funcionamiento crecen un 7,4 por ciento y se llevan buena parte del presupuesto del país. De los 258,9 billones de pesos del presupuesto del próximo año, alrededor del 61 por ciento se irá en funcionamiento (26 por ciento en deuda y solo 14 por ciento en inversión). Solo la nómina del Estado, que incluye gastos de personal y adquisición de bienes y servicios del gobierno central, está en alrededor de 40 billones de pesos.

Además, muchos otros gastos de funcionamiento son altamente inflexibles y vienen creciendo. Entre ellos están los recursos que la Nación transfiere a los entes territoriales por medio del Sistema General de Participaciones –para financiar la salud y educación en las regiones– que crecen a doble dígito y alcanzan los 41,2 billones de pesos.

También los recursos para el aseguramiento en salud vienen creciendo a tasas cercanas al 20 por ciento, al pasar de 14 a 16,7 billones de pesos, lo cual muestra la creciente presión presupuestal que implica este sector. Y no menos preocupante es el gasto en materia pensional, por alrededor de 40 billones de pesos en 2019, que solo beneficia a cerca de 2,2 millones de colombianos, principalmente de altos ingresos, por lo que se hace necesaria una reforma pensional.

Todos estos debates y pronunciamientos muestran la complicada situación fiscal del país y las crecientes necesidades de gasto. Sin embargo, más que un espejo retrovisor, se espera que el nuevo gobierno muestre sus prioridades y planes para aumentar el crecimiento. Durante su campaña, Duque habló de tener un Estado más pequeño y eficiente. Por esto, además de los anuncios fiscales, los expertos esperan ajustes estructurales en materia de gasto, focalización de subsidios y regalías, entre otros temas.

El tiempo corre. Antes del 15 de septiembre deberá aprobarse el monto total y solo un mes después su distribución final. Sin duda, será una batalla por recursos muy esquivos.

FALTANTE BILLONARIO

Según el ministro de Hacienda, la escasez de recursos va a afectar la inversión en varios sectores.

• Para completar los dos ciclos 2018 y los seis ciclos 2019 del programa Familias en Acción, que beneficia a más de 2,5 millones de hogares, hacen falta alrededor de 1,9 billones de pesos. Para aumentar la cobertura en primera infancia del ICBF se requieren otros 1,6 billones, una cifra similar a la que falta para aumentar la atención a la población vulnerable. Con esto, es claro que las necesidades en materia de inclusión social superan los 5 billones de pesos.
• En el sector salud falta una gigantesca cifra para financiar temas como igualar la UPC entre el régimen contributivo y subsidiado: son 1,9 billones, de pesos, mientras que para atender los faltantes por recobros ascienden a 3 billones.
• El Programa de Alimentación Escolar está desfinanciado en 925.000 millones de pesos, mientras que para créditos de educación superior del Icetex están pendientes otros 755.000 millones de pesos. Con esto, para educación faltarían 1,6 billones.
• En vivienda se requieren aún 1,3 billones de pesos para garantizar la continuidad de programas de coberturas y subsidios de tasa como Mi Casa Ya y el nuevo de arrendamiento social Semillero de Propietarios, así como para proyectos de acueductos en zonas como La Guajira y Buenaventura.
• Para mantener los subsidios de energía y de gas hacen falta 1,2 billones de pesos para el sector de Minas y Energía.
• El fondo de reparación de víctimas de la Presidencia está desfinanciado en un billón de pesos.
• El sector agropecuario pide 800.000 millones de pesos para seguro agropecuario, vivienda rural y fondo de comercialización de productos agropecuarios.
• Al sector justicia le faltan 671.000 millones de pesos para gastos operativos de los centros de reclusión y la alimentación y salud de los internos. La rama judicial pide otros 470.000 millones para gastos operativos.
• El sector deporte podría ver afectada la construcción de nuevos escenarios deportivos y el apoyo a deportistas de alto rendimiento. Requieren alrededor de 400.000 millones de pesos más.
• Pero no es solo lo social. A pesar de que el presupuesto para defensa sigue creciendo, hay necesidades adicionales para esta cartera por el orden de los 6,2 billones de pesos, no solo para garantizar su operación, sino para cancelar sentencias ejecutoriadas.