Reforma pensional, ¿al fin sí o no?

Desde la campaña electoral, el presidente Iván Duque se comprometió a presentar la reforma pensional que requiere el país para solucionar los problemas de cobertura, inequidad y exceso de gasto fiscal. Pese a su importancia, varios gobiernos la han aplazado, algunos por falta de convicción y otros porque no han tenido el capital político para aprobarla.

Por eso, después de lograr la controvertida Ley de Financiamiento, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había dejado en claro que la siguiente gran reforma económica sería la pensional. Esto tenía tranquilos a los analistas económicos y a las calificadoras de riesgo. Pero la ministra de Trabajo, Alicia Arango, confirmó que esta norma quedó aplazada para 2020 en un episodio en que no quedó claro si se trataba de simple descoordinación o de opiniones encontradas.

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Para los técnicos como el ministro de Hacienda, la reforma pensional no da espera: el país debe seguir disminuyendo la deuda implícita, que hoy alcanza el 110 por ciento del producto interno bruto; aumentar la cobertura, que apenas alcanza el 30 por ciento y generar equidad en la entrega de subsidios, que hoy terminan en los bolsillos de los pensionados de altos ingresos. Por eso Carrasquilla insiste en tramitarla este año.

La ministra de Trabajo coincide en la importancia del tema pero quiere presentar la reforma en el primer trimestre de 2020 para avanzar este año en su socialización, instalar mesas técnicas con expertos y redactar un proyecto que cuente con grandes acuerdos.

Aunque ese es el escenario perfecto, quizás no sea el ideal. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, cree que el país no puede esperar y mientras más rápido mejor porque los problemas del sistema “son graves y es necesario solucionarlos en el corto plazo”.

El director de riesgos soberanos de la calificadora Fitch Ratings, Richard Francis, cree que Colombia no perdería su actual calificación crediticia si retrasa la reforma para 2020, pues en su opinión es una situación preocupante pero un aplazamiento no hace mucha diferencia. Pero el reloj de la política comenzaría a jugar en contra del capital con que cuenta el gobierno para aprobarla.

Además del tiempo de presentación, hay controversia por los temas que debe incluir. La ministra Arango tiene claro que el gobierno debe primero cumplir la promesa de campaña del presidente de no modificar la edad de jubilación, hoy de 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Pero este tema polémico puede dejar sin dientes a la reforma. Así mismo, la nueva norma debe distribuir mejor los subsidios para que lleguen a quienes más los necesitan, y articular el sistema con los programas Colombia Mayor y Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). La ministra advierte que el 44 por ciento de los trabajadores reciben hoy menos del salario mínimo mensual, lo que por ahora los excluye del sistema pensional. Y de aquellos que reciben desde un salario mínimo y pueden cotizar para la pensión, apenas el 25 por ciento logran este beneficio.

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Eso sí, todos están de acuerdo en asegurar el pago futuro de su mesada a quienes lleguen a la edad de jubilación, que los subsidios se asignen adecuadamente y que aumente la cobertura.

Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y exviceministro de Pensiones, cree que la mayoría del gasto público en este ramo se va a los regímenes especiales y que “la tal bomba pensional” no existe. Pero coincide en la necesidad de una reforma y apoya iniciativas como la de Fedesarrollo de crear un sistema complementario que, a diferencia del actual, obligue a todos los colombianos a cotizar sobre un salario mínimo en el primer pilar, administrado por Colpensiones, mientras quienes tienen salarios superiores puedan ahorrar en una cuenta individual como las de los fondos privados. Así habría más equidad.

La discusión sobre la reforma pensional comenzó con discrepancias en el seno del gobierno. Pero a diferencia de lo que se esperaba, ya no solo su contenido está en discusión, también el momento más oportuno. ¿Quién ganará este pulso?