Reforma Laboral: Garantías para los trabajadores o amenaza al empleo ¿Qué está en juego?

La propuesta de reforma laboral del presidente Petro ha generado un amplio debate en Colombia. Mientras algunos sectores cercanos al Gobierno consideran que es un paso necesario para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, expertos advierten que su implementación podría resultar contraproducente, y que en vez de resolver la informalidad, esta se incrementaría.

El argumento es que los empresarios se verían obligados a recortar personal o tercerizar labores, con el fin de evitar los costos que implicarían las nuevas garantías para los empleados. Aunque el proyecto aún no es aprobado en el Congreso de la República, el debate sigue vigente en la agenda informativa.

Humberto ‘Papo’ Amín, concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, asegura que la reforma, tal como está planteada, “tendría implicaciones devastadoras para varios sectores económicos, especialmente para las industrias tecnológicas y el mercado laboral en general”.

Señala que los costos laborales aumentarían significativamente debido a la propuesta de contratos a término indefinido como regla general, la estabilidad laboral reforzada y el aumento en las indemnizaciones por despido sin justa causa.

Según Amín, esto podría llevar a las empresas a reducir la contratación, buscar alternativas más económicas, o recurrir a la automatización y tercerización en el extranjero.

De otra parte, Enrique Javier Correa de la Hoz, abogado, doctor en derecho y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, considera que “La aprobación de la reforma laboral por el Congreso sería positiva”. Considera que mejoraría la calidad de vida de los trabajadores colombianos, aumentando su capacidad de consumo, lo que a su vez generaría más ingresos para las empresas y un mayor crecimiento económico. Esto, según él, llevaría a la creación de miles de empleos en diversos sectores productivos.

Salarios dignos y productividad: ¿Un sueño alcanzable?

Correa de la Hoz sostiene que existe una correlación positiva entre salarios dignos y productividad. Afirma que mejores ingresos laborales resultan en mayor consumo y, por ende, en mayores ingresos y beneficios para los empresarios. Critica la pauperización de los ingresos de los trabajadores en las últimas tres décadas, argumentando que no se ha traducido en más empleos ni en mayor formalización laboral.

Por el contrario, Amín reconoce que lograr salarios dignos sin afectar la productividad es un desafío complejo. Propone mejorar la capacitación y educación de la fuerza laboral para aumentar la productividad y justificar salarios más altos. También sugiere fomentar la inversión en investigación y desarrollo para impulsar la innovación y la competitividad. Asimismo, aboga por crear un entorno empresarial favorable que incentive la inversión y el crecimiento empresarial, reduciendo las barreras burocráticas y fiscales.

¿Y el problema de la informalidad?

El concejal Amín, por su parte, critica que la reforma no aborda de manera efectiva la informalidad laboral. Advierte que si la informalidad sigue aumentando, las consecuencias a corto plazo serán severas. Resalta que la informalidad implica que “más trabajadores no tendrán acceso a beneficios laborales ni a protección social, aumentando su vulnerabilidad económica y social. Además, un alto nivel de informalidad reduce la base tributaria del país, afectando la capacidad del Estado para financiar programas sociales e infraestructura”. En su opinión, la reforma, tal como está planteada, podría incrementar la precariedad laboral y la desigualdad en Colombia.

Correa de la Hoz refuta la idea de que la reforma laboral no aborda la informalidad. Destaca que “el texto propuesto incluye capítulos dirigidos a la formalización de trabajadores de plataformas digitales, servicio doméstico, trabajadores rurales y aprendices”.

Además, subraya la intención de aumentar las sanciones a los empleadores que incurran en prácticas de contratación informal e intermediación laboral ilegal. Considera que una parte significativa de la informalidad laboral no depende de variables macroeconómicas, sino de la revisión de las sanciones y el fortalecimiento del control del cumplimiento de las normas por parte de las autoridades.

Lo cierto es que sigue latente la preocupación por reducir las brechas salariales en el país, mitigar la informalidad y mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, en todo caso la última palabra la tendrá el Congreso de la República, que por ahora ha decidido ralentizar los trámites de las reformas sociales en medio de la crispación por los recientes escándalos del Gobierno.