Reforma laboral: Gobierno terminará pagando el 35 % del aumento en costos por trabajador. ¿por qué?

Con la reforma laboral que entrará a la lupa de la plenaria de la Cámara de Representantes para surtir su segundo debate, unas son de cal y otras de arena.

Desde la perspectiva del Gobierno, autor de la iniciativa, el proyecto de ley ha sido ajustado y consensuado, en línea con buena parte de los fines que describen en la exposición de motivos: recuperar derechos laborales que se han venido perdiendo con otras normas. Pero para los empleadores no hay tal. Por el contrario, las medidas constituyen un desincentivo a la contratación formal, como lo expuso el Consejo Gremial en una extensa carta enviada a los legisladores, en la que se refiere al incremento en las indemnizaciones por despidos, lo que, a juicio del gremio de gremios, “podría comprometer la sostenibilidad y permanencia de muchas empresas, ya que elevaría el costo del despido injustificado hasta en 98 por ciento, dependiendo del tiempo de servicio del trabajador con ingreso inferior a diez salarios mínimos”.

Los estudios de diversas entidades también siguen encontrando efectos que, incluso, impactan el ingreso fiscal de la nación, como el que cita Cristina Fernández, investigadora y coautora del documento (con Gabriel Ulyssea). “El efecto fiscal de la reforma no es neutro. El 35 por ciento de los costos laborales adicionales que trae el proyecto los terminaría pagando el Gobierno, pues para las personas jurídicas, dichos costos son deducibles del impuesto de renta. Significaría que el Estado recibiría menos recaudo porque habrá mayores deducciones”.

Si bien el tratamiento propuesto en el proyecto de ley para el empleado que ya tiene un puesto de trabajo formal puede sonar a música celestial; para el que anda en busca de una oportunidad puede ser nefasto.

“La reforma laboral proporciona mayor protección y beneficios a quienes pueden conservar sus empleos formales; pero aumenta los costos laborales de las empresas entre 2,4 y 5,8 por ciento (sin incluir costos de despido)”, calcula el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf).

Aunque en el transcurso del primer debate salió del camino un paquete de artículos relacionados con derechos colectivos (derecho a huelga, incluso en servicios esenciales como el transporte aéreo), entraron otros nuevos, por lo que la ponencia que será analizada en plenaria de Cámara sigue generando zozobra entre quienes requieren contratar.

Fernández, por ejemplo, pone en el debate un estudio del Banco de la República en el que se concluye que, por cada aumento del 10 por ciento en costos por despido de trabajadores, la informalidad sube en 3 puntos, y en promedio, el total de la reforma aumenta el gasto de contratar entre 20 y 40 por ciento.

En consecuencia, señala la experta, “el efecto puede ser muy grave. Además, se crea incertidumbre porque quedan muchos vacíos que abrirían espacio para demandas. Es decir, eso no les sirve ni al empleado ni al empleador, sino a los abogados”, dijo la experta.

El informe del Carf hace una advertencia en el mismo sentido: “Los costos asociados con los beneficios sindicales y las eventuales demandas legales por ambigüedades pueden ser incluso mayores a los costos directos de la reforma”.

A favor y en contra

Entre defensores y contradictores de la reforma se movió la audiencia pública previa al segundo debate en el Congreso, en el que probablemente seguirá el tire y afloje.

En ese escenario participativo, los voceros de los aprendices del Sena aplaudían la idea de elevar a contrato laboral el actual contrato de aprendiz, con lo cual se establece un piso de remuneración de un salario mínimo con prestaciones sociales, en reemplazo del 75 por ciento que se paga hoy.

En el caso de las empresas que no desean contratar aprendices, la ley las obliga a compensar mediante el pago de una monetización, que hoy se calcula multiplicando el 5 por ciento del número total de trabajadores de la compañía por un salario mínimo legal vigente. La propuesta es subirla a 1,8 salarios mínimos. El objetivo, al fin de cuentas, es mejorar la tasa de contratación de estos estudiantes, quienes, tras finalizar su estudio técnico, tendrían que poder trabajar. Se estima que unos 437.000 deberían estar en prácticas en las empresas del país, pero solo hay 162.000, según cálculos del Carf.

Suena bien, pero...

Que un empleado reciba un mejor ingreso, trabaje menos tiempo y tenga sostenibilidad laboral son condiciones con las que sueña cualquiera; sin embargo, alrededor de la reforma se ha criticado su poca capacidad para generar empleo y productividad, dos factores que requiere el país.

Cristian Stapper, vicepresidente de Litigio del gremio de comerciantes Fenalco, sostiene que solo la laboralización del contrato de aprendizaje implicaría para el sector privado un costo de 3,58 billones de pesos. “Los efectos de estos aumentos son predecibles: más desempleo, más informalidad y aumento de precios en los bienes finales”, advirtió.

Los gremios que representan a los empleadores argumentan que el sector privado es el que aporta más del 80 por ciento del empleo en el país, por lo que piden ser escuchados. Más aún, si Colombia tiene realidades en el mercado laboral que no se pueden perder de vista: la informalidad es superior al 50 por ciento y en la ruralidad supera el 86 por ciento, como lo expuso Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), durante la audiencia pública. “La reforma laboral trae malas noticias, pese a que este gremio propuso que se contemplara la situación del campo. Pero le colgaron el contrato agropecuario, con el cual el remedio va a ser peor que la enfermedad”, dijo, en relación con medidas que están en la ponencia, según las cuales si el trabajador es requerido por más de 27 semanas se entenderá como contrato indefinido. “Pagar por tiempo efectivamente laborado nunca será precarización laboral”, agregó Bedoya.

Por su parte, Stapper señala que en la ponencia de reforma laboral hay puntos “exóticos”. Es el caso del aumento de 15 a 18 días de vacaciones para el personal operativo de las empresas de vigilancia y seguridad privada. “Eso no tiene ningún tipo de justificación”, manifestó.

De igual manera, señala que se plantea un incremento gradual en el recargo por descanso obligatorio o día de fiesta, a partir de julio de 2025. En ese año pasaría del 75 por ciento actual al 80 por ciento, hasta llegar al 100 por ciento en 2027.

El directivo de Fenalco menciona también como peligrosas las medidas que se tocan en las derogatorias. “En ellas hay un ítem que revive el día de la familia y las horas de actividades deportivas, recreativas y de capacitación”, manifestó.

En el transcurso del trámite de la reforma laboral, además, tendrá que incluirse un artículo correspondiente a uno de los puntos del acuerdo con los camioneros, quienes abogaron por mejores condiciones de trabajo.

Así está el ambiente

El ambiente para el debate de votación y aprobación de la reforma laboral en la plenaria de la Cámara no está despejado del todo. Ya hay una propuesta que pide el archivo del proyecto de ley; el Ministerio de Trabajo, que insiste en que es defensor del trabajo decente, ha estado en la palestra pública, enfrentando una huelga de sus propios trabajadores, quienes argumentan incumplimientos de acuerdos laborales. Eso, sin contar con que en esa entidad se produjeron despidos y renuncias.

Por el lado de los empleadores, sostienen que no han formado parte de los consensos para la reforma laboral por los que saca pecho el Ministerio de Trabajo, lo que condujo a Stapper a expresar que “concertar no es sentarse y no oír y no modificar. Concertar es ceder. Ojalá se concertara más”.

También sigue vigente la crítica a la propuesta laboral, porque no ataca la informalidad y el desempleo, a lo que la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha respondido que el empleo se generará con otras medidas.