El decreto de la discordia: reforma laboral o mejora social

En un florero de Llorente se convirtió un decreto que busca ampliar la protección social para millones de trabajadores informales. Sectores de oposición ya empezaron a hablar de un nuevo paro nacional, similar al que estalló en noviembre en rechazo a la medida. Pero el Gobierno insiste en que se trata de una medida para saldar una deuda histórica.

¿Cómo puede generar interpretaciones tan distintas la misma norma? En principio el decreto no tiene nada de raro. Se trata del Piso Mínimo de Protección Social, con el cual las personas que ganan menos de un salario mínimo, ya sea porque trabajan por días o por horas, ahora pueden hacer un ahorro para su vejez. Para esto, los empleadores girarán el 15 por ciento del ingreso mensual a una cuenta en los Beneficios Económicos Periódicos (Beps).

El decreto reglamentó un artículo del Plan de Desarrollo, que creó este programa para proteger a más de nueve millones de colombianos que no reciben un peso en su retiro. “Buscamos aumentar la cobertura para quienes trabajan por una semana, días u otro tiempo, pero no reciben seguridad social y están desprotegidos”, le dijo a SEMANA el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.

Incluso, para algunos trabajadores la norma puede representar el centavo que les falta para completar el peso que les garantice una pensión. Pero este decreto cayó como un balde de agua fría en los sindicatos y sectores de oposición. Aseguran que trae escondidas reformas laborales y pensionales, y les da una estocada final a los empleados, al supuestamente legalizar los contratos por horas, sin límite.

El MinTrabajo lo niega y enfatiza en que el Gobierno evitará el abuso de la figura. Pero estos anuncios no calmaron las aguas. Sus críticos ya anunciaron demandas para tumbar el decreto y el artículo del Plan de Desarrollo. Y aumentó la tensión de cara a un nuevo paro nacional, igual o mayor al que vivió el país a finales de 2019.

La idea ya venía tomando fuerza, pero escaló en las últimas semanas. Anuncios como el préstamo de 370 millones de dólares para Avianca y la crisis social que trajo la pandemia caldearon el ambiente. Al fin y al cabo la tendencia #ParoNacionalya se posicionó en las redes sociales.

Rara vez estos anuncios pasan del dicho al hecho, pero con el apoyo de los sindicatos la cosa podría ser diferente. En conjunto, las principales centrales obreras anunciaron movilizaciones vehiculares y retomaron su rol en el Comité del Paro Nacional. De hecho, le hicieron un llamado al Gobierno para que convoque a negociar el llamado pliego de emergencia. Piden también intervenir el sistema de salud, crear una renta básica al menos de un salario mínimo, decretar la moratoria de los créditos hipotecarios y de consumo y de las cuentas de servicios públicos, también fijar la matrícula cero para estudiantes de educación superior. Pero no dicen de dónde saldrá la plata.

Que los miembros del comité hablen de una negociación no significa que el presidente Iván Duque les seguirá el juego. En 2019 el mandatario convocó a una Conversación Nacional, con lo cual la discusión con los marchantes pasó a segundo plano. Todo estaba listo para retomar las movilizaciones en marzo, pero llegó la pandemia y todo quedó aplazado.

Con el relajamiento del confinamiento, reviven los llamados a marchas, negociación de pliegos, y revive el fantasma de un paro nacional 2.0.

Pero el palo no está para cucharas. Si a las dificultades fiscales y al drama del desempleo se suma el riesgo de nuevos contagios por estas convocatorias, la situación se puede complicar. Un diálogo desapasionado y franco para solucionar estos temas produce mejores resultados de cara a la nueva normalidad.