Reforma pensional, una decisión inaplazable

La tasa de pobreza en los adultos mayores en Colombia hoy es prácticamente el doble de la que registra el resto de la población. Esto se debe a que si bien la pobreza cayó del 50 por ciento en 2002 a cerca del 27 por ciento en 2017, la tasa de pobreza de los “viejos” en Colombia es superior al 44 por ciento.

Buena parte de esto se debe a que de los 7 millones de adultos mayores que hoy tenemos en el país solo el 20 por ciento ahorró y obtuvo una pensión; otro 19 por ciento recibe un subsidio del programa Colombia Mayor, pero la cifra restante no recibe ningún tipo de ingreso en la vejez y sus condiciones de bienestar son complejas.

Esta situación empeorará con el envejecimiento de la población. Las proyecciones de Fedesarrollo, el centro de estudios económicos, sugieren que para el año 2050 solo el 17 por ciento de los adultos mayores de 60 años en el país tendría una pensión.

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Esto es sin duda una de las tantas muestras del fracaso que registra el sistema pensional colombiano y una señal clara de la urgente necesidad de discutir este año una reforma al sistema de seguridad social y de protección a la vejez.

El Gobierno postergó la presentación de su proyecto de reforma pensional, pero en el Plan de Desarrollo (PND), incluyó las primeras puntadas en esta materia, como por ejemplo asegurar que quienes a pesar de haber ahorrado no logran las condiciones para pensionarse, puedan optar por un Beneficio Económico Periódico, BEP, y  de esta manera evitar que los fallos judiciales puedan alterar los montos de las rentas vitalicias, entre otros.

Sin embargo, para David Cuervo, director de la Unidad de Negocio Bienestar Patrimonial de la consultora Mercer, el país no puede seguir con un sistema pensional con tan baja cobertura, tal nivel de inequidad y que resulta tan costoso para el Estado. Además, se trata de un esquema que no cumple su propósito y es claramente una bomba de tiempo desde el punto de vista social y fiscal. Por eso, dice este experto, urge ampliar la discusión.

Durante el 2019 el gasto en pensiones públicas alcanzará los 57,2 billones de pesos (es decir 57,2 millones de millones de pesos). Para poner en contexto esta cifra, es clave saber que equivale a construir dos líneas del Metro de Bogotá. De este gasto total, 39,4 billones de pesos son subsidios pensionales que saldrán del Presupuesto General de la Nación (PGN) –es decir, prácticamente todo lo que la Dian recaudará por el impuesto del IVA– y alrededor de 17,8 billones de pesos de los aportes que hacen los afiliados actuales a Colpensiones.

Lo preocupante es que siendo uno de los mayores gastos que hará el Estado este año, tan solo beneficiará a cerca de 2,1 millones de pensionados, es decir menos de una tercera parte de las más de 7 millones de personas que están hoy en edad de jubilación.

Más grave aún es que las pensiones estatales terminan favoreciendo mayoritariamente a los que más tienen, por eso se convierte en el gasto más regresivo que hace hoy el Estado. Esto muestra que el régimen pensional colombiano no solo es costoso sino también inequitativo pues “redistribuye” los recursos de todos los colombianos hacia los afiliados de mayores ingresos que sí logran pensionarse, y deja desprotegidos y sin cobertura a la gran mayoría y a los más vulnerables.

Sin duda es una discusión que el país tendrá que dar este año. Hay que terminar con la coexistencia de dos regímenes distintos, que compiten con reglas diferentes entre sí: un régimen de ahorro individual a cargo de los fondos privados y un régimen público de reparto, que administra Colpensiones. Este sistema dual de pensiones no solo genera complejidad sino un gran desconocimiento, que ha servido de caldo de cultivo para que prosperen muchos mitos, falsedades y, sobre todo, la creencia entre el grueso de la población de que no se va a pensionar.

Para Mercer, uno de los mayores expertos a nivel mundial en el tema pensional, es necesario que el país empiece a dar un debate amplio y bien informado sobre las reformas que requiere el sistema pensional, en el que todas las partes expongan sus argumentos de manera técnica y con precisión.

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Este es un debate que debería preocupar e interesar a todos los colombianos, pues el modelo que se defina tendrá que garantizar la cobertura, equidad y operatividad de un sistema de protección seguridad social y protección para la vejez.

Lograrlo es el gran desafío del país porque hoy, de los 22,2 millones de afiliados al sistema pensional, tan solo 9,4 millones de trabajadores cotizan activamente. Esto significa que cerca de la mitad de las personas no cotiza y quienes pueden hacerlo no alcanzan las semanas requeridas. Según Asofondos, un colombiano cotiza a la seguridad social en su vida laboral, en promedio, solo 754 semanas (14 años). El 58 por ciento del total requerido. 

Con este nivel de cotizaciones muy pocas personas podrán pensionarse y tendrán que seguir trabajando. De hecho, ya está pasando que las personas que cumplen la edad para pensionarse se rehúsan a salir del mercado laboral ante la ausencia de ingresos suficientes para disfrutar de una buena pensión. De hecho, el 37,3 por ciento de la población de 60 años o más se encuentra ocupada, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para 2017.