Reforma que aumenta los giros a las regiones: ¿Cómo se financiará? Los economistas siguen preocupados

La aprobación del acto legislativo que pretende aumentar la participación de las regiones en los ingresos corrientes de la nación parece cada vez más cercana. Ya pasó en seis de los ocho debates que requiere para convertirse en ley y, aunque tuvo cambios importantes en su más reciente discusión en la plenaria del Senado, eso no redujo las preocupaciones de los economistas y de los expertos en hacienda pública, quienes siguen advirtiendo sobre su inconveniencia e, incluso, creen que podría quebrar al Estado colombiano.

El origen de este proyecto se basa en el hecho de que, aun cuando en 1991 la Constitución creó el llamado Sistema General de Participaciones (SGP) para distribuir el 46,5 por ciento de los recursos fiscales a las entidades territoriales, que deben destinarlos principalmente a financiar salud, educación, agua potable y saneamiento básico, ese porcentaje ha venido bajando con los años, a tal punto que hoy está en 22 por ciento.

Las regiones han pedido más recursos, pues no les alcanza lo que les giran hoy. El lío para los detractores es que el aumento propuesto en el acto legislativo es muy grande: volver al 46,5 por ciento, en momentos en que la nación tiene graves problemas de caja. Eso llevó a que en el último debate en el Senado se decidiera bajar la aspiración de 46,5 a 39,5 por ciento, lo que, además, se haría en un periodo ya no de diez años, como se planteó originalmente, sino de 12. Asimismo, se incluyó una disposición para que se tramite una ley de competencias de las regiones con el fin de que si les envían más dinero asuman también más responsabilidades de gasto.

El Ministerio de Hacienda, donde inicialmente no respaldaban el proyecto, en contraposición al Ministerio del Interior, donde están sus mayores defensores, aspiraba a que el umbral de participación en el SGP bajara a 37 por ciento y a que el periodo de transición fuera de 15 a 20 años. No obstante, el ministro Ricardo Bonilla dijo que espera que en los dos debates que faltan en la Cámara se puedan hacer más ajustes.

Además, aclaró que al ser un proyecto de iniciativa parlamentaria no requiere avales fiscales de Hacienda y, por ende, en este caso, dicha cartera no tiene poder de veto. En su concepto, lo que se aprobó hasta el quinto debate era insostenible fiscalmente, pero destacó los cambios hechos en el sexto debate, al tiempo que respaldó la ley de competencias; no obstante, explicó que esta debe tramitarse aparte, pues no fue incorporada en la primera vuelta del proyecto de acto legislativo. “Cuando se discutan esas competencias, habrá que hablar sobre qué tipo de educación se aspira en Colombia y con cuál población, porque han cambiado las condiciones del año 91 a hoy. En ese entonces, la tasa de natalidad era más alta, y en educación el objetivo era abrir colegios, escuelas y universidades. Hoy tenemos menos matrículas y colegios que se cierran. Hay que revisar todo esto”, sostuvo Bonilla.

Los economistas, por su parte, siguen viendo esta propuesta como inviable. El exviceministro de Hacienda y actual jefe de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments, Andrés Pardo, opina que la más reciente versión del acto legislativo representa una mejora respecto a la propuesta inicial; sin embargo, persisten los riesgos. Entre ellos menciona ambigüedades en el texto aprobado, pues este sugiere que debe existir una correspondencia exacta entre la transferencia de responsabilidades de gasto y los nuevos recursos destinados a los Gobiernos regionales. “No está claro qué sucedería si las cifras en la ley posterior no alcanzan el objetivo del 39,5 por ciento: ¿la ley no entraría en vigor? O, de todas maneras, ¿apuntaría al objetivo del 39,5 por ciento? O se podría transferir un porcentaje inferior, y, de ser así, ¿cómo se calcularían los incrementos anuales?”, se pregunta. Subraya que otro grave riesgo radica en que las futuras reformas tributarias tendrían que buscar recursos significativamente mayores, dado que casi el 40 por ciento de estos fondos deberían asignarse a los Gobiernos regionales.

En Credicorp Capital indican que otro riesgo se fundamenta en el historial de indisciplina de las finanzas públicas territoriales, a lo que se suma una complicación en la proyección de gastos de la nación, que últimamente ha demostrado que una cosa es presentar lo que se quiere recaudar y otra lo que se consigue.