Reforma tributaria: propuesta de la academia incluye sobretasa al IVA a canasta familiar de los ricos

Derechos humanos. Esa es la frase que anteponen a la propuesta de reforma tributaria que destapó este viernes la llamada Red de Trabajo Fiscal.

Contiene nueve puntos con propuestas gruesas, de manera que, si el número suena pequeño para el abultado paquete de artículos que tienen los proyectos de reforma tributaria en Colombia, el contenido es de hondo calado.

Además, en la argumentación de la propuesta subrayan que “no están todas las posibilidades de mejora al sistema tributario”, pues hay muchos otros aspectos que deben ser parte de una reforma tributaria estructural.

Así, los puntos establecidos buscan poner el foco en aspectos que nunca se han podido enderezar en el país, pese a que siempre acompañan las sustentaciones de las reformas tributarias. Estos se refieren a la creación de un sistema equitativo, en el que pague más quien más tiene, pues su riqueza la está forjando en el país, con los bienes que se financian con los impuestos.

¿Qué contiene la propuesta?

1. Beneficios tributarios

No es gratuito que el primer punto abordado sea el de los beneficios tributarios, alrededor del cual, Colombia ya instaló una comisión de expertos internacionales, que está revisando cuales ‘gabelas’ quedaron obsoletas y cuáles se deben dejar por más tiempo.

El argumento de la Red de Trabajo Fiscal es que, si bien es cierto que los beneficios tributarios se necesitan en algún momento y dirigidos hacia algunos sectores o tipos de contribuyentes, en Colombia están concentrados en los grandes conglomerados y benefician más a las personas con altos ingresos.

Según los proponentes, en el impuesto de renta hay más de 253 beneficios fiscales. Estos representan un costo fiscal para las personas jurídicas estimado en 2018 en $ 12 billones en Ingresos No Constitutivos de Renta, $ 4 billones en rentas exentas y $ 1 billón en descuentos tributarios. En el caso de las personas naturales, este gasto ascendió a $ 7 billones. Hacer una revisión exhaustiva en ese sentido, será clave en una reforma con impuestos y recaudo más eficiente.

2. El gran IVA

Muchos tributaristas se han expresado sobre el IVA. Antes de que se fijara en Colombia la devolución de este impuesto a las personas más vulnerables, el tributo era totalmente injusto, teniendo en cuenta que no es equitativo que un rico pague el mismo impuesto que un pobre por adquirir el mismo producto. Sin embargo, su facilidad para el recaudo y la dificultad para imprimirle justicia a su cobro, no han permitido enderezar su camino.

Dentro de las propuestas de la Red de Trabajo Fiscal se toca el IVA. El derrotero es que los expertos se oponen a gravar toda la canasta familiar con este tributo, al considerar que la devolución que se está haciendo no está llegando al total de la población pobre del país.

Actualmente, se devuelve a un grupo de población priorizada dentro de Colombia Mayor y Familias en Acción, que representa 1 millón de hogares, cuando -según el Dane- los hogares en situación de pobreza extrema ascienden a 4 millones. En su lugar, proponen una sobretasa a los hogares más favorecidos que se cobre en la declaración de renta.

3. Bebidas azucaradas

Este impuesto está incluido en un proyecto saludable que hace curso en el Congreso. Algunos parlamentarios hablan de las dificultades que hay para sacar adelante esas iniciativas, debido al lobby que hacen las empresas que producen artículos de estas categorías, con la intención de evitar ser gravados con carga impositiva.

Lo cierto es que los académicos vuelven a poner los argumentos de la obesidad y el impacto en los sistemas de salud por enfermedades causadas, tras el consumo excesivo de bebidas azucaradas.

Proponen crear un impuesto a las bebidas azucaradas, principalmente “para disminuir el consumo de estos productos, desplazando el consumo hacia sustitutos saludables, disminuyendo también la tasa de nuevos consumidores”.

Se estima que el tributo aumentaría el costo de este tipo de productos en alrededor del 20 %. Acá podrían incluirse también los embutidos y otros alimentos ultraprocesados.

4. Impuestos verdes

El impuesto a las emisiones de CO2 también se aborda en la propuesta. En Colombia ya existe este tributo. De hecho, en el primer año de su implementación aportó un recaudo de $ 476.000 millones, sin contar con el efecto positivo en el ambiente, al desestimular las emisiones.

Por ello, los proponentes, al estimar que se dejaron de gravar emisiones de CO2 provenientes del gas natural y del carbón, plantean “ampliar el hecho generador del impuesto para incluir estas emisiones”.

Es decir, que se incremente de forma progresiva la tarifa y el alcance del impuesto a las emisiones. Esto es un mayor impuesto verde.

5. Impuesto digital

La columna vertebral de este punto es “gravar los servicios digitales a través de la integración de las rentas obtenidas en virtud de la prestación de estos servicios desde el exterior”.

Puntualmente, se propone crear un nuevo impuesto que garantice que las grandes multinacionales como Google o Facebook sean sujetos de una tributación mínima, dado que prestan unos servicios cuyos beneficiarios se encuentran en el territorio colombiano. La Ocde, club al que ya pertenece Colombia, trabaja en unos lineamientos para gravar este tipo de servicios y las rentas de la economía digital.

Bogotá ya dio un primer paso en este sentido, con el acuerdo aprobado en el Concejo de la capital hace unos meses y que les pone un impuesto a las plataformas tecnológicas, tipo Rappi, Domicilios.com y iFood.

Otras proposiciones

Además del paquete de 9 líneas gruesas puntuales, los integrantes de la Red de Trabajo Fiscal ponen sobre el tapete otras ideas, relacionadas con el impuesto de renta, el impuesto al consumo, el impuesto al patrimonio y un impuesto a la tierra.

En este orden de ideas, plantean unificar el concepto de beneficiario real dentro del sistema tributario colombiano y crear un registro de beneficiarios finales, para evitar la evasión a través de la fiscalización internacional e identificar los flujos financieros ilícitos.

De otro lado, se pone sobre la mesa la idea de elevar la tarifa del impuesto predial y desarrollar el catastro multipropósito con integración de la nación para realizar la actualización catastral y aumentar los recursos propios de las entidades territoriales.

Finalmente, la academia propone transitar a una declaración de renta universal de personas naturales, bajando los umbrales de ingreso y patrimonio. Este mecanismo serviría para llevar un registro de la población que necesite de asistencia social y aumentar la tarifa efectiva del impuesto sobre la renta en los percentiles altos, así como revisar la tarifa efectiva del impuesto a los dividendos.

La expectativa de los proponentes no es solo el recaudo de impuestos para enfrentar la necesidad económica que plantea la emergencia provocada por la pandemia, sino buscar el camino para que los impuestos impacten la elevada desigualdad que hay en el país y que, en otras naciones, se disminuye con medidas ligadas el esquema tributario.