La carrera contrareloj de la reforma tributaria

El gobierno tiene escaso mes y medio para tramitar la reforma tributaria en el Congreso. Ya no hay más margen de maniobra, ni forma de darle largas a este proyecto, crucial para la sostenibilidad fiscal del país, sobre el cual tienen puestos los ojos los inversionistas, las agencias calificadoras internacionales y los mercados en general.

Esta semana el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicará en el Legislativo el proyecto que llevará mensaje de urgencia para garantizar que esté listo antes de que los colombianos se vayan a las fiestas de Navidad.

Tras los sorpresivos resultados del plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de La Habana, el escenario político se complicó. El triunfo del No golpeó al gobierno y lo debilitó políticamente, lo que endurecerá la posición de algunas fuerzas políticas –como el Centro Democrático– y le hará más difícil al Ejecutivo sortear los duros debates que le esperan.

El gobierno quiso evitar que colisionaran el plebiscito y el proyecto tributario para esquivar los ruidos que se amplifican cuando se habla de impuestos. Sin embargo, terminó en el peor escenario, pues muchos aprovecharán su desgaste para hacerle más costoso negociar puntos impopulares como el aumento del IVA. Además, algunos promotores del No vincularon la reforma con el proceso de paz, lo que empeoró el ambiente contra el proyecto. Incluso algunas de las personas que votaron negativamente lo hicieron porque creían que así rechazaban un incremento en los impuestos.

Pero eso no es exacto. La tributaria es claramente una de las tareas pendientes del país. Desde 2014, cuando se aprobó la última reforma que elevó las tarifas a las sociedades, el gobierno había anunciado una iniciativa para redistribuir las cargas y así promover la competitividad y el crecimiento económico. Luego vino la caída del precio del petróleo, que redujo los ingresos del gobierno nacional en 23,8 billones de pesos (3,3 puntos del PIB), y la necesidad de una reforma se hizo más urgente. A eso se suma que a partir de 2018 caerá el recaudo cuando expiren varios impuestos, entre ellos el de la riqueza y la sobretasa al Cree.

Con un panorama fiscal nublado –el hueco se estima en alrededor de 34 billones de pesos–, la reforma es inaplazable si se quiere evitar que las agencias internacionales revisen a la baja la calificación crediticia del país, lo que posteriormente podría llevar a Colombia a perder el grado de inversión. Esto tendría implicaciones muy graves para todos. Se encarecería la deuda pública, el gobierno tendría que destinar más recursos a pagar intereses en lugar de hacer inversión pública; el crédito para las empresas y los ciudadanos también subiría, y en general se golpearía la inversión, entre otros efectos.

Las agencias calificadoras han dado un compás de espera, pero este se agota. Erich Arispe, de la agencia calificadora Fitch, dijo que espera que el gobierno presente y obtenga la aprobación del Congreso para la reforma fiscal antes de terminar el presente año.

En su viaje a Washington, donde presidió la asamblea del Banco Mundial y el FMI, el ministro de Hacienda reiteró el compromiso del país para hacer y aprobar la reforma tributaria estructural. “Colombia se ha esmerado por mantener su calificación de grado de inversión y esa sigue siendo nuestra principal prioridad en materia económica internacional. Reiteraremos este compromiso ante nuestros grandes aliados, que ven con buenos ojos los grandes proyectos de paz, sostenibilidad fiscal y desarrollo de nuestro país”, dijo.

La cuadratura del círculo

El gobierno ya tiene listo el articulado que propondrá al Congreso. En esencia recoge buena parte de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, pero como siempre sucede con las reformas tributarias una cosa es lo que entra al Congreso y otra lo que sale.

Dada la situación fiscal arriba descrita esta reforma tendrá que dar suficientes recursos para mantener, como mínimo, el actual recaudo de impuestos, pero al mismo tiempo cumplir la promesa de bajar la carga impositiva a las empresas, que, de seguir con el actual sistema tributario, terminarán pagando en 2018 una tarifa del 43 por ciento.

Lograr estos dos objetivos para muchos es como tratar de obtener la cuadratura del círculo. Tendrá que mezclar muchas opciones para conseguirlo. Por ejemplo, por medio del impuesto de renta la Dian recoge 40 billones de pesos, suma que hay que preservar. Es decir, para bajarles a las empresas el impuesto a una tarifa entre 30 y 35 por ciento, como se propondría, hay que quitarles beneficios tributarios, ampliar la base de las personas naturales y gravar los dividendos, entre otros.

Hasta el momento se sabe que se crearía un único impuesto de renta para las sociedades. Es decir, desaparecería el Cree y su sobretasa y el impuesto a la riqueza. En personas naturales asalariadas también la idea es eliminar los conceptos de Iman e Imas. En la práctica, es acabar con mucho de lo aprobado en las reformas de 2012 y 2014, que han sido bastante cuestionadas.

Ahora bien, tal vez la propuesta más polémica tiene que ver con el IVA. La idea es subir la tasa general actual del 16 al 19 por ciento. Este es uno de los puntos más importantes porque un aumento de tres puntos daría el mayor recaudo, con cerca de 8 billones de pesos adicionales. Varios partidos políticos se opondrán, pero el gobierno se la jugará con excluir los productos de la canasta familiar.

Otro de los temas polémicos será el tratamiento tributario para las entidades sin ánimo de lucro y las fundaciones. Muchos creen que se hicieron cuentas muy alegres cuando se anunció que se meterían en cintura para recaudar más. Ahora se sabe que por esta vía no se recogerá una gran suma, entre otras razones, porque muchas de esas instituciones están en el sector salud y educación, lo cual las descarta.

Una de las propuestas que llevaría el proyecto es el monotributo. Esta idea de la Comisión de Expertos se aplicaría a personas naturales no asalariadas que tengan ingresos entre 2 y 10 millones de pesos mensuales. Sería voluntario y busca formalizar.

No olvidar el gasto…

Para aprobar la propuesta de reforma tributaria, el gobierno tendrá que sortear otro duro debate relacionado con el gasto público. Varios congresistas sostienen que el proyecto tiene que ir acompañado con el compromiso del gobierno de mayor austeridad.

El consultor Javier Hoyos, de Gestión Legislativa y Gobierno, afirma que mucha gente está preocupada por los ingresos, pero poco se habla de los gastos “que están desbordados”. Señala que se necesita pensar también en una nueva estructura del Estado para racionalizar el gasto. “De seguir esta tendencia, la situación fiscal será insostenible, pues a ello se agrega el crecimiento de las vigencias futuras”, dice.

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, también cree que se puede hacer mucho más en materia de recorte de gasto, y dice que sería conveniente incluir en el proyecto temas procedimentales para mejorar el recaudo. Por ejemplo, diseñar fórmulas que permitan llegar a acuerdos amigables, cuando hay conflicto entre la Dian y un contribuyente. Se podrían terminar los procesos más rápidamente, lo que sería un gana-gana para las partes. Otra alternativa que propone es instaurar los beneficios de auditoría y extender la normalización tributaria.

Otros piden una mayor eficiencia administrativa de la Dian, un mayor control a la evasión de impuestos, que se estima en alrededor del 23 por ciento en IVA y del 39 por ciento en impuesto de renta en personas jurídicas, y al contrabando calculado entre 18 y 21 billones de pesos.

Lo cierto es que en las próximas semanas, la reforma tributaria será un tema de discusión nacional. En medio de esta coyuntura política tan compleja, el Congreso tiene que mostrar grandeza y responsabilidad para no dar cabida a las voces populistas que en materia de impuestos suelen ser cantos de sirena. El gobierno, por su parte, debe demostrar que mantiene la gobernabilidad. El ministro de Hacienda, en la aprobación del proyecto sobre impuesto a los licores, aseguró que el gobierno sigue fuerte y con las mayorías. “Le estamos enviando un mensaje al mundo de que el presidente Juan Manuel Santos tiene gobernabilidad en el Congreso, y que, ante los temas difíciles e impopulares, el Legislativo está a la altura de las decisiones que más le convienen al país”.

Lo cierto es que no se puede esperar que todos terminen contentos con la reforma que apruebe el Congreso, pues en cuestión de impuestos siempre habrá inconformes. Lo importante es que este proyecto sea lo más equitativo, justo y progresivo posible, por el bien de todos.