COMERCIO

La encrucijada con Panamá

En los próximos días serán definidos dos temas críticos en la relación de Colombia con el país vecino. Se anticipa una fuerte tensión por las implicaciones comerciales y políticas.

31 de octubre de 2015
Juan Manuel Santos - Juan Carlos Varela | Foto: Arnulfo Franco

Colombia y Panamá, dos naciones hermanas que tienen estrechos vínculos comerciales, un tráfico fluido de personas y comparten millonarias inversiones de sus sectores privados, se enfrentarán en los próximos días a dos temas de enorme sensibilidad a lado y lado de la frontera.

Uno de ellos se relaciona con el fuerte incidente de octubre del año pasado, cuando Colombia declaró a Panamá paraíso fiscal, lo que levantó una gran polvareda en la vecina nación. El otro tema no es menos grave y tiene gran impacto en el comercio bilateral. Tiene que ver con el inminente fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los mayores impuestos que la administración Santos le impuso a las importaciones de calzado, textiles y confecciones provenientes del istmo.

Son tan complicados estos dos asuntos que algunos analistas atribuyeron a estos impases la decisión de Panamá en septiembre pasado. Esa nación se abstuvo entonces de votar en favor de Colombia cuando propuso ante la OEA una reunión de cancilleres, para dirimir el conflicto con Venezuela por la expulsión ilegal de colombianos.

Sobre el tema de la declaratoria de paraíso fiscal, las tensiones llegaron a su nivel más alto cuando el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que tomaría drásticas retaliaciones contra Colombia. Después de varias reuniones entre las cancilleres María Ángela Holguín e Isabel Saint Malo, se acordó que Colombia sacaría a Panamá de la lista de paraísos fiscales a cambio de la firma de un tratado para intercambiar información tributaria y financiera, tema clave en la lucha contra la evasión de impuestos y el lavado de activos. El plazo venció en septiembre pasado.

Como la fecha se cumplió y no se logró un consenso se extendió por otros dos meses la firma del acuerdo. Pero el tiempo está pasando y Panamá no ha dado señales de que va a cumplir el compromiso. El ministro de Economía y Finanzas del vecino país, Dulcidio de la Guardia, ha señalado que “Panamá firmará preservando sus intereses y sin presiones de plazos o fechas fatales”.

El otro tema de tensión entre los dos países es un decreto expedido por el gobierno colombiano hace dos años y medio que imponía mayores aranceles (impuestos) a las importaciones de textiles, confecciones y calzado provenientes de la Zona Libre de Colón.

Los decretos contemplan cobrar un arancel del 10 por ciento más un valor adicional entre 1,75 y 5 dólares por cada kilo de calzado y confecciones y textiles que ingresan al país, para frenar la subfacturación. Y es que la llegada masiva de estos productos con precios irrisorios –por ejemplo zapatos a menos de cinco dólares- tenía en aprietos a cientos de productores pequeños y medianos que no podían competir con artículos chinos que entran por la Zona Libre de Colón.

La medida llevó a que el país vecino demandara a Colombia el año pasado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según Panamá, el gobierno colombiano violó las normas del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (Gatt) de 1994.

Pues bien, la OMC está a punto de fallar y, según informaciones de los sectores involucrados, la decisión podría favorecer al vecino país, con lo cual el gobierno nacional tendría que desmontar estos impuestos. Una decisión adversa tendría graves repercusiones para las dos industrias. Así lo reconoce el presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, quien dice que gracias a estos aranceles y a la mayor devaluación del peso las importaciones de textiles y confecciones se han reducido 11 por ciento en los últimos meses, lo que le está dando un respiro al sector. Las compras externas de calzado también están cayendo más del 10 por ciento.

Aunque el gobierno no ha sido notificado oficialmente por la OMC, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo enfila desde ya sus baterías. La ministra del ramo, Cecilia Álvarez, dice que interpondrán recursos y que estudian medidas antidumping.

Las decisiones en estos dos temas llevarían a que los dos países entren en nueva etapa de relaciones comerciales y políticas cuyos alcances dependerán de cómo salgan librados.