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Renunció la Junta Directiva de EPM por demanda a constructores de Hidroituango
Los miembros de la Junta Directiva de EPM presentaron este martes al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, su renuncia al organismo luego de expresar su molestia al no ser consultados en la decisión de la Gerencia de demandar a los constructores e interventores de Hidroituango.
“Quedó claro en la reunión que la Junta Directiva de EPM no conoció ni participó en el análisis para adelantar acciones legales contra contratistas y compañías de seguro del proyecto Hidroituango; y adicionalmente no conocemos que se haya estructurado la matriz de riesgos para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación”, dice la carta de renuncia de la Junta de EPM.
La Junta de la compañía ya había mostrado su descontento pues le había enviado una carta al gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, expresando su malestar y preocupación por no ser consultada y, por ende, no participar en la decisión de la Gerencia de demandar a los constructores, interventores y aseguradoras del proyecto Hidroituango por $9,9 billones.
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“Más allá de las explicaciones puntuales que se puedan dar a estos hechos, nos preocupa que no se estén observando las buenas prácticas de Gobierno Corporativo que han caracterizado al Grupo Empresarial EPM”, añade la carta de renuncia.
La carta de renuncia fue firmada por los ocho miembros de la Junta de EPM:
- Luis Fernando Álvarez
- Jesús Aristizabal Guevara
- Andrés Bernal Correa
- Oswaldo León Gómez Castaño
- Javier Genaro Gutiérrez
- Gabriel Ricardo Maya
- Manuel Santiago Mejía
- Elena Rico Villegas
“Señor alcalde (de Medellín), por lo anterior y al no estar de acuerdo con el actual manejo que se le viene dando a temas tan fundamentales para el presente y el futuro de Grupo EPM y el reiterado desconocimiento a la Junta Directiva, nos vemos obligados a presentar nuestra renuncia como miembros a esta”, sentencia la carta.
El gerente de EPM había dicho que la demanda de $9,9 billones surgió por daños emergentes, maquinaria, préstamos, intereses, atenciones a las 4.000 personas afectadas, pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la venta de energía, entre otros.
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“Se demanda en este tiempo por cuanto a la ley autoriza a las entidades afectadas a ingresar la administración de justicia dentro del lapso de los dos años siguientes al infortunio”, dijo Rendón, días atrás.
Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, había señalado que “los responsables del proyecto deben asumir los costos de este y no los ciudadanos a través de los servicios públicos”.
El conflicto se generó por la emergencia de 2018 tras un derrumbe que obstruyó las vías de agua del río Cauca, la fuga de agua en el cuarto de máquinas, entre otros, lo cual generó la demora en la entrega del proyecto que fue presentado en el 2010 y la afectación de miles de familias.
