Roa dice que Petro no tuvo injerencia en el negocio de Ecopetrol con la Oxy. Otra cosa piensa la presidenta de esta multinacional

En la presentación de los resultados de Ecopetrol del segundo trimestre de este año, en el que las utilidades cayeron más del 17 %, el presidente de la compañía, Ricardo Roa, se pronunció frente a la polémica decisión de la petrolera de rechazar un negocio con la Occidental (Oxy), para la compra del 30 % de CrownRock, una empresa ubicada en el Permian, Estados Unidos, una de las más interesantes cuencas de hidrocarburos en el mundo que produce bajo la tecnología de no convencionales (fracking).

La operación le hubiera permitido, según los mismos cálculos de Ecopetrol, aumentar su producción, crecer en sus reservas e incrementar en sus cuentas financieras el ebitda y las utilidades netas. Además, sería una operación ambientalmente más limpia que los campos que maneja Ecopetrol en Colombia.

La inversión ascendía a los 3.700 millones de dólares, que se habría convertido en una de las más grandes en la historia de la estatal petrolera colombiana, solo comparable con la compra de un poco más del 51 % de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA).

Lo que se conoció fue que la junta directiva y la administración estaban convencidas de las bondades del negocio que hizo todo su tránsito al interior de la compañía, respaldado por un documento interno que describía, una a una, las ventajas de la operación.

Sin embargo, al parecer el mismo presidente Gustavo Petro vetó la movida y la empresa se echó para atrás, generando incertidumbre en el manejo del gobierno corporativo y debilitando las relaciones y la confianza con otros pares para el desarrollo de proyectos.

Al parecer, pesó más la posición ideológica del gobierno del presidente Petro que, de facto, decidió no avanzar en el fracking en el país, a tal punto que no desarrolló los pilotos y, además, promovió una ley para la prohibición de esta práctica de producción de hidrocarburos en el país que, aunque se hundió en la pasada legislatura, el Ministerio de Ambiente quiere presentar de nuevo la iniciativa, incluso recurriendo a la figura del mensaje de urgencia.

Con la decisión, se golpeó el gobierno corporativo, en donde habría pesado más la posición del Ejecutivo que de la misma junta directiva –cuya votación habría avalado el proyecto– y de la administración de la empresa que, en su documento interno, mostró las bondades del proyecto.

Pero también la credibilidad de Ecopetrol en el mercado y ante socios internacionales con los cuales Ecopetrol ha avanzado en negocios y desarrollos. Como le dijo un experto internacional a SEMANA, la negativa a la Oxy dejó “desconcertada” a la multinacional petrolera, con quien tiene un acuerdo que está en desarrollo y se vence en 2025.

Además, habría desencadenado la renuncia de Juan José Echavarría, miembro de la junta directiva de la petrolera, que representa a los accionistas minoritarios, en el que tienen un papel importante los fondos de pensiones colombianos.

¿Qué respondió Roa?

Roa, en la rueda de prensa de presentación de resultados, dijo que el tamaño del negocio de cerca de 3.700 millones de dólares, son la mitad de la inversión de Reficar, lo mismo que costó ISA y dos veces el valor de Isagen en 2016. “No era cualquier negocio”, dijo. Y agregó que el proyecto no estuvo en el plan referencial de final del año pasado y fue una oportunidad de negocio que se abrió con la Oxy, en el marco del contrato de asociación que se tiene desde 2019.

Explicó que, precisamente por el tamaño de la inversión, se requeriría una aprobación de un endeudamiento por 3.700 millones y la empresa podría entrar en una situación de alcanzar tope de deuda sobre ebitda que impactaría la situación crediticia.

“Una de las calificadoras señaló que por el tamaño de la operación seguramente Ecopetrol va a tener la necesidad de contar con la aprobación de un endeudamiento importante por el proyecto. Y advirtió esta calificadora que podría llegarse a afectar esa relación deuda ebitda que afectaría la situación financiera”, señaló.

Aseguró que nadie ha cuestionado los números del proyecto. “Son muy buenos, una oportunidad interesante, pero por el tamaño de la inversión Ecopetrol, como lo dijo una calificadora, va a tener necesidad de contar con un endeudamiento público importante, por el 100 % del valor del proyecto, 3.700 millones de dólares”.

Agregó que el contrato con la Oxy, que viene desde 2019, sigue vigente y consideró a esa multinacional “un aliado de lujo”. “Es un excelente aliado y tenemos más negocios con ellos. Y para quienes creen que se acabó ese acuerdo que tenemos suscrito con ellos, sigue vigente y tenemos el 49 % de derechos económicos. La relación permanece”, señaló.

Roa manifestó que la decisión es del resorte de la junta directiva y a esa determinación le antecedieron instancias de evaluación y recomendación. También mencionó que no es cierto que la junta directiva hubiera aprobado el proyecto ni que el presidente Gustavo Petro hubiera impuesto la decisión que se comunicó. “No es cierto que la junta directiva hubiera tomado una decisión a favor del proyecto y algunos han hablado de un freno de mano, de una patraseada, de reversar. Nada de eso, ni reversamos, ni patraseamos ni pusimos freno de mano, ni lo puso el presidente”, aseguró.

Sin embargo, esta afirmación del presidente de Ecopetrol contrasta con la declaración de la presidenta de la Oxy, Vocki Hollub, que en una conferencia con inversionistas dijo que se había trabajado en este acuerdo desde marzo, “pero el presidente Petro, de Colombia, no lo aprobó”. “Ha dejado muy claro al mundo que está en contra del petróleo y el gas, del fracking y de Estados Unidos. Y con esos tres ataques prácticamente sacó a Ecopetrol del acuerdo”, agregó al referirse al jefe de Estado colombiano.

Roa aseguró que un riesgo dentro de las condiciones en las que se venía adelantando este proceso había una no menor. “Después de haberse tomado una decisión para el cierre del negocio, retractarnos habría involucrado una penalidad de 270 millones de dólares. Y esa decisión no la tomaba ni la junta ni la administración, sino el alto gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sensibilizada esa situación fue que se conoció que no iba a ser viable la autorización para esa emisión de deuda de Ecopetrol y por eso la junta directiva tomó la decisión de no continuar con el negocio. Se toma el último día de plazo y coincide con una visita a Piedecuesta a la que asistió el presidente”, dijo.

Añadió que “en el seno de las discusiones, una vez conocidas estas alertas de la posibilidad de entrar en violación de los topes para perder el grado de inversión, además del alto nivel de endeudamiento y la posibilidad de que no se nos aprobara ir a esa colocación de bonos de largo plazo por parte del Gobierno es que se toma la decisión de no avanzar en el proyecto”.

El frustrado negocio

La misma Ecopetrol produjo un documento interno, denominado Proyecto Oslo, que resaltó la pertinencia de la operación y los beneficios que le generaría a la compañía, al tal punto que el estudio concluye: “Teniendo en cuenta el impacto positivo del Proyecto Oslo para Ecopetrol, alcanzable en una ventana de tiempo en la que no se tiene ningún otro proyecto que ofrezca estos beneficios dentro del portafolio actual, en términos de incremento en reservas, producción, ebitda, así como en otras métricas operativas y de sostenibilidad, junto con la viabilidad de financiar la adquisición vía endeudamiento adicional, se recomienda llevar a cabo la realización de este negocio”.

Sin el Proyecto Oslo, el plan financiero de Ecopetrol proyecta una producción en 2025 de unos 736.000 barriles/día. “Con Oslo, dice el documento, esa cifra se incrementaría en 65.000 barriles diarios”, lo que representa un incremento en la producción del 9 %.

A su vez, sin el desarrollo de este nuevo proyecto se estiman reservas probadas (1P) por 1.743 millones de barriles equivalentes y un índice de reposición del 42 % al 43 %. “Con Oslo, esa cifra se incrementaría en 212 millones de barriles. El índice de reposición de reservas se ubicaría en 126 % a 129 %”, advierte el informe interno. Esto significa que, con la adquisición, las reservas 1P con corte a diciembre de 2024 tendrían un aumento del 9 %.

En materia financiera, el ebitda de 2025, dependiendo del escenario de precios, se estima entre 46 y 50 billones de pesos (con un precio del Brent de entre 73 y 79 dólares por barril). Según el estudio interno de Ecopetrol, el proyecto Oslo aumentaría el ebitda entre 2,7 y 3,1 billones de pesos, es decir, un 6 % de aumento.

Además, la utilidad neta para 2025 se estima entre 9 y 12 billones de pesos, con un precio del Brent también en un rango entre 73 y 79 dólares por barril. Oslo impulsaría la utilidad neta entre 1,3 y 1,6 billones de pesos adicionales, que representa un incremento del 14 %.

Si la preocupación es en materia ambiental, el informe advierte que los activos de CrownRock tienen un bajo nivel de carbono intensidad “en comparación con el promedio de una muestra de 37 campos operados directamente por Ecopetrol en Colombia. La incorporación de Oslo permitiría reducir el índice de carbono intensidad de Ecopetrol”, señala el informe.

También advierte que respecto al Grupo Ecopetrol (no solo los campos operados directamente, sino sumados Hocol, las refinerías y Essentia), Oslo representaría un 2,5 % del total de agua requerida para operar y 1,5 % del total de gestión de efluentes.

La decisión de rechazar la posibilidad de avanzar con el negocio en el Permian puede representar un golpe en Colombia. Ecopetrol, ya con cinco años de operación de fracking en Estados Unidos, tiene el conocimiento para desarrollar fracking en Colombia y minimizar los riesgos. Pero la visión del Gobierno Petro es no avanzar en esa técnica y así cierra la puerta a una solución de corto plazo ante el déficit de gas que se avecina en el país para los próximos años. Según Naturgás, en solo diez meses y contados a partir de la expedición de las licencias ambientales, si Colombia avanzara en la técnica del fracking, podría solventar con éxito este déficit y atender la demanda.