Ruta del Sol demanda a la Nación por $700.000 millones

Cuando todo hacía prever que la Ruta del Sol, el proyecto vial más importante del país, marchaba sobre ruedas, surgió un tropiezo inesperado. El consorcio que ejecuta la obra en el tramo 2 le interpuso una multimillonaria demanda a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).  

El presidente de la entidad, Luis Fernando Andrade, se mostró muy sorprendido con esta acción que calificó de exagerada y fuera de toda proporción, ya que la demanda asciende a $700.000 millones, la más alta contra la entidad en toda su historia.

Según Andrade, el concesionario no sólo pide dos años más de plazo para entregar el proyecto, sino que, adicionalmente, reclama esta multimillonaria suma por problemas que han encontrado con las comunidades y por la compra de predios, entre otros.

La situación es tan compleja, que la ANI pidió apoyo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para hacerle frente a esta complicada situación.

El consorcio que presentó la demanda es Consol, del que hacen parte la compañía brasileña Odebrecht, que está involucrada en el escándalo de corrupción de Petrobras; la compañía CSS, de Carlos Solarte, una firma de ingeniería que construye varios proyectos, y Episol (Corficolombiana), del Grupo Sarmiento Angulo.

La Ruta del Sol es la principal vía del país ya que conectará Bogotá con la Costa Atlántica en menor tiempo a lo largo de 1.070 kilómetros que fueron divididos en tres tramos y adjudicados a igual número de consorcios. El de la demanda es el sector 2, de 528 kilómetros, entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar). Este segundo tramo es uno de los más avanzados, ya que se han entregado casi la mitad de los kilómetros previstos.

Su construcción demanda inversiones por cinco billones de pesos (dos veces lo que se invertirá en el río Magdalena). Es decir, la demanda asciende al 14 % de lo que vale el proyecto. Este pleito se podría convertir en un palo en la rueda en su ejecución si se tiene en cuenta los multimillonarios recursos que están en juego.  

Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht Colombia, la firma que tiene la mayor participación en el consorcio Ruta del Sol 2, le dijo a Semana.com que las demandas fueron instauradas por los múltiples problemas de órdenes social, ambiental, predial y de redes públicas, que no son responsabilidad de la concesionaria y que originaron más de 120 eventos que no pudieron ser solucionados de manera directa con la ANI.

Por eso, afirmó que la concesionaria acudió al mecanismo de solución de controversias previsto en el contrato de concesión, que actualmente tiene dos tribunales de arbitramiento en la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, Martorelli afirmó que a pesar de todos estos problemas, las obras se están ejecutando, independientemente del tema de los tribunales.

La demanda hace recordar el millonario pleito entre la Nación y la Concesionaria del Magdalena Medio (Commsa), en el que participaban empresarios españoles, y que se prolongó durante varios años por desacuerdos en  un tramo de esta misma ruta, entre Tobia y Puerto Salgar.

El Magdalena ¿otro lío?

Odebrecht también hace parte del consorcio Navelena, al que le fueron adjudicados los trabajos de dragado y navegabilidad del río Magdalena. En este consorcio tiene una participación del 87 %  –el 13 % pertenece a Valorcon, de la familia Gerlein–.

En este proyecto también se podrían presentar problemas. El pasado 11 de marzo Navelena debía presentar el cierre financiero del proyecto, es decir, el respaldo de bancos para su financiación. El plazo se cumplió pero Cormagdalena, que adjudicó la licitación, pidió información adicional y amplió el plazo hasta el 11 de mayo.

El vicepresidente Germán Vargas le hizo una dura advertencia a Navelena y le dijo que si no cumplía con el nuevo plazo, el contrato podría caducar. Una decisión de esta naturaleza sería un gran revés si se tiene en cuenta que el consorcio lleva más de un año con obras de dragado en las que ha invertido más de US$60 millones.

Eleuberto Martorelli considera que no hay que llegar a decisiones extremas y que se puede establecer una negociación de mutuo acuerdo, como lo contemplan los contratos de asociación pública privada (APP). “Este no es un contrato de obra pública. Navelena no es un simple contratista de Cormagdalena, es su asociado. Estamos sentados con el Estado colombiano del mismo lado de la mesa”, dice.

Martorelli sostiene que Odebrecht tiene con los bancos las mismas dificultades que otros concesionarios de infraestructura en Colombia. “No hay posibilidad de terminación automática (del contrato). Hay que respetar el principio de legalidad y el debido proceso para mantener la seguridad jurídica”, subrayó el directivo y dijo que están haciendo todos los esfuerzos para cumplir con el Estado colombiano y si tienen que buscar un tercer inversionista, lo harán. Odebrecht insiste en que la investigación de la firma de ingeniería en Brasil no tiene repercusión de las sociedades del grupo en Colombia.

La cesión del contrato a otro inversionista es una de las opciones que están sobre la mesa. Por lo pronto, Cormagdalena dice que se ceñirá a lo que dice el contrato y va a esperar a que se cumplan los plazos establecidos. Sin embargo, aclaró que el último de ellos es el 11 de junio. Pasada esa fecha y si no se logra el cierre financiero, comenzarán a correr multas y probablemente vendrá la caducidad.

En las próximas semanas se definirá el futuro de estos dos grandes proyectos de infraestructura. La Ruta del Sol lleva un gran avance y se debería terminar en el 2017, pero ahora el tiempo y los recursos podrían aumentar. En la ejecución de las obras del Magdalena la incertidumbre es mayor.