El incremento del salario mínimo en Colombia, a finales de año, es motivo de una controversia que, pese a múltiples intentos, nunca se resuelve.

Desde la trinchera empresarial se habla del salario mínimo como una cuantía que, “por ser alta”, no deja abierto el camino para contratar más gente. Los economistas más sociales -por el contrario- sostienen que el problema, está más ligado a que en este país la desigualdad es enorme. Es más, está sustentada en cifras como la que muestra que el 20 % del ingreso está concentrado en el 1 % de la población. Es decir, si se aceptara la tesis de que el salario básico es muy alto y se congelara o -peor aún- se redujera, la desigualdad sería aún mayor.

Unos hablan de incrementar la productividad laboral como una salida para subir los ingresos, pero eso no depende exclusivamente del trabajador, sino también de otras aristas, como la dificultad para acceder a la tecnología, la poca accesibilidad a una educación de calidad y, principalmente, las características de un mercado laboral en el que predomina el empleo informal y precario.

Los trabajadores, entre tanto, abogan por un salario mínimo más alto, que al menos permita cubrir las necesidades básicas y, esto último, es lo que debería dar el derrotero para establecer si el ingreso laboral básico es o no alto.

La OCDE ha mencionado en múltiples ocasiones que, hablar de un salario mínimo alto, obedece más a que está muy cerca del promedio del ingreso nacional, más no porque sea una abultada cifra. El hecho de que el salario mínimo esté muy cerca del ingreso promedio en una nación, es precisamente una prueba más de las desigualdades, toda vez que, al haber unos pocos en la parte de arriba de la pirámide, con mucha disponibilidad de recursos, los promedios resultan distorsionados.

En Colombia, como cada año en el mes de diciembre, se retoma este miércoles la negociación del salario mínimo, el cual, de primerazo, ya está metido en una fuerte polémica. Los sindicatos piden que el salario base en el 2021 llegue a 1.000.000 de pesos, más los 120.000 pesos del subsidio de transporte, mientras que el camino ya parece ir abonado para que el incremento que se negocie y aplique en el próximo año sea tan bajo como el resultado de la economía. Ese sería el peor escenario para una reactivación, pues en los últimos años, el ritmo del crecimiento lo pone, en un 80 por ciento, el consumo.

El índice de productividad, que es una de las variables que se tienen en cuenta para definir el incremento, resultó en terreno negativo (-0,6 %), como era de esperarse. De 12 meses del año, prácticamente van 8 con una actividad productiva a media marcha. A ello se le agrega el hecho de que, casi el 50 % del empleo en el país es informal y precario, según el más reciente informe de mercado laboral del Dane. Por consiguiente, para hablar de productividad se deberían tener en cuenta estos elementos aledaños a la cifra.

¿A cuántos colombianos toca?

La negociación con el salario mínimo en el país no es cualquier cosa. De 14.243.223 hogares que tiene el Dane en sus estadísticas, 6.223.080 tienen ingresos de un salario mínimo o menos. Esto es, el 43,3 por ciento de los hogares colombianos.

En la mira de la negociación del salario mínimo entonces, con la asistencia del Gobierno en la mesa tripartita, debe estar no solo la preocupación por el costo, el cual -según los empresarios- podría frenar la generación de empleo. También es clave poner el ojo en el papel que tiene el salario en la economía: sin salario no hay demanda y sin demanda, las empresas no invierten para producir más. Es decir, si bien es cierto que las empresas necesitan equilibrar costos, también lo es el hecho de que necesitan quien compre sus productos.

¿Alcanza para cubrir necesidades básicas?

Para establecer qué tanto alcanza un salario mínimo, hay que tener en cuenta la distribución que están haciendo los hogares, de los recursos que reciben, para cubrir las necesidades que hacen parte de la canasta de gastos.

Un estudio realizado en el 2019 por la unidad de investigaciones económicas del BBVA, mostró esa distribución, a partir de datos del Dane. Esta canasta puede ser cambiante, puesto que los colombianos tienen ahora nuevos requerimientos: por ejemplo el servicio de conectividad, que se hizo indispensable en la pandemia.

Pero, mientras tanto, de lo que ya estaba establecido en el 2019, los hogares colombianos destinan el 33,2 por ciento del gasto a la vivienda. Es decir, si una familia tuviera solo un ingreso de 980.657 pesos, que es el salario mínimo vigente en el 2020, incluido el subsidio de transporte (877.803 de sueldo y 102.853 de subsidio, suponiendo que todos fueran asalariados) 325.578 pesos se le van en, o pagar el arriendo o en la cuota de la casa que adquirió con subsidio.

El siguiente gasto más alto es el de la alimentación, que corresponde al 15,1 %. En el caso de un salario mínimo, implicaría que con 148.079 pesos se tendrían que comprar los productos básicos de la canasta de alimentos.

Un tercer gasto de peso en los hogares es el del transporte, que equivale al 12,7 %. Un ingreso mínimo permitiría destinar 124.543 pesos al transporte, con lo cual, alcanzaría para 50 pasajes al mes, a 2.500 pesos (costo por un trayecto en TransMilenio en Bogotá).

Estas son cuentas de servilleta, puesto que la canasta de gastos de los colombianos incluye salud, educación, comunicaciones, vestuario, entretenimiento. Muchos de estos gastos no son mensualizados, se invierte en ellos una o dos veces al año (caso educación o vestuario), y de entretenimiento, cuando se puede.

Punto de vista para el debate

Ivan Jaramillo, del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, expresa su opinión sobre lo trascendido hasta ahora en la negociación del salario mínimo, como insumo para el debate que se adelantará de aquí al 15 de diciembre:

“En realidad la productividad está relacionada con los altos porcentajes de informalidad. La mayor parte de la baja productividad en el país se debe a informales en micro o pequeñas empresas y tienen alta rotación que deriva en dificultades para la formación para el trabajo, aunado a la restricción en innovación e incentivos para invertir en capacitación”.

“En Colombia desafortunadamente el salario mínimo no es un salario interprofesional que se complemente con la fijación de mínimos sectoriales por negociación colectiva sindical por gremio o industria”.

“Desafortunadamente también, el salario mínimo ha sufrido rezagos históricos que impiden que tenga la connotación de vital, resulta previsible la dificultad de llegar a concertación dada las cifras de partida en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”.

“Es deseable tomar en cuenta elementos como el PAEF (programa de apoyo al empleo formal), la reorientación de derechos laborales para afrontar la crisis (cesantías, vacaciones, prima de servicios) que deben ser considerados para la recuperación de la capacidad de consumo y la demanda en el contexto de reactivación económica”.

“Sin perjuicio de ello ya existen propuestas para promover un salario de contratación del 80 % del salario mínimo”.

“La reducción de la remuneración mínima además de ser inconstitucional, no necesariamente deriva en la mejora de indicadores de empleo que están ligados al crecimiento económico”.

“En realidad el trabajo no es una mercancía y no es viable incluir la afectación de derechos constitucionales para el incremento de la oferta como cualquier bien o servicio”.