Salarios en Colombia, ¿cuánto tendrán que subir para que generen redistribución de la riqueza?

El salario en Colombia, como instrumento que intenta compensar el trabajo aportado por un empleado a la sociedad, no ha sido precisamente fuente generadora de riqueza, frase que en las últimas semanas se le ha escuchado al presidente Gustavo Petro y, seguramente, entrará a jugar un papel clave en las negociaciones del incremento al salario mínimo que se avecinan.

La economía colombiana está andando y cuenta con pronósticos de crecimiento por encima del 6 por ciento y algunos llevan la cifra más arriba del 7 por ciento para 2022, sin que eso se traduzca en nuevos puestos de trabajo ni en mejores sueldos para los trabajadores, lo que significa que algo anda mal. Si la economía produce más, contrata mano de obra en mayor cantidad o remunera mejor la fuerza laboral que ayuda a echar para adelante, pero ni lo uno ni lo otro.

La explicación, en parte, está en lo que expone Carlos Julio Díaz, director de la Escuela Nacional Sindical, institución de investigación laboral. “Colombia es un país que tiene dos sectores estratégicos consentidos por la política pública, el extractivismo y el sistema financiero. En consecuencia, nuestro modelo económico tiene un sesgo antilaboral. Crece el Producto Interno Bruto, pero lo hace a través del petróleo, el carbón y el sector financiero, que generan 2 de cada 100 empleos”.

Cada vez que se acerca la negociación del salario mínimo vuelve el tema del trabajo precario en Colombia y la búsqueda de qué es lo que ocurre para que en una nación con crecimientos económicos que hacen sacar pecho a los gobiernos, se tenga un nivel de pobreza de casi el 40 por ciento, con una desigualdad de 0,54, según el coeficiente de Gini, el cual, a medida que se acerca a 1, implica que se es más desigual.

La famosa redistribución de la riqueza no parece impulsarse mucho desde los salarios, que son la principal fuente de ingresos de la mayoría de los hogares. Es decir, suena complejo que en Colombia se pueda lograr hacer más rica a la mayoría.

Peor aún si hasta el incremento en el sueldo mínimo va en contra de la meta de sacar a la gente de la franja de pobreza, según un estudio realizado por el Banco de la República, con un equipo de investigadores liderado por Luis E. Arango.

La investigación concluye que los incrementos en el salario mínimo, como se aplican en esta nación y que a su vez son base para producir el llamado ‘efecto acordeón’ en los demás salarios, producen efectos adversos en general. “El salario mínimo aumenta la destrucción del empleo, reduce la creación, incrementa los despidos y disminuye la contratación”, dice el informe. Según el estudio, “un incremento del 1 por ciento en el salario mínimo real produce, en promedio, una reducción de 46.000 empleos por año, y los efectos tienden a ser mayores en los establecimientos más pequeños y en los más jóvenes”.

El informe del Banco, realizado a partir de modelos y simulaciones propias de la investigación en economía, le cuelga al incremento del salario mínimo un impacto sobre la inflación; le atribuye un freno al impulso del Producto Interno Bruto; le endilga la poco honrosa característica de hacer más pobres a las personas de los niveles bajos de la pirámide socioeconómica y, como si fuera poco, ese incremento cercena la oportunidad a los aprendices de ser contratados para iniciar sus prácticas profesionales.

Así, lo que suena loable cada año, el aumento del salario mínimo, termina siendo una estocada para las principales variables de la economía, según el estudio. Además, el análisis señala que el alza en el salario mínimo dispara la posibilidad de que más hogares entren a ser parte de la línea de pobreza, en la medida en que su ingreso se distancia aún más de un mínimo.

En relación con los precios, la investigación llega al punto de establecer que por cada 100 puntos básicos (1 por ciento) que se incrementa el salario, la inflación aumenta entre 10 y 15 puntos básicos (0,10 y 0,15 por ciento). Esto, sin contar con que se aumenta el déficit fiscal del país, porque sube la necesidad de financiar más prestaciones económicas en la nómina pública y en las mesadas pensionales.

“En Colombia no hemos hecho un buen uso del salario mínimo. No contribuye al bienestar de la economía”, sostuvo el investigador principal. Lo que viene en el país, en medio de un Gobierno con ideas transformacionistas, es la insistencia en la redistribución de la riqueza, la cual buscan impulsar desde todos los ángulos: los salarios, los impuestos, una nueva forma de producción. Por esa razón, es necesario abrir el debate sobre qué es lo que realmente favorece al trabajador, al sector productivo y al país en general.

Las conclusiones del estudio fueron ampliamente criticadas por el directivo de la Escuela Nacional Sindical, quien las señala de ortodoxas y sumidas en el fracaso desde hace tres décadas. De hecho, recordó que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) surgió justamente para que las naciones dejaran atrás la competencia por tener una mano de obra barata y con menores derechos laborales.En Colombia, en general, el mercado laboral no ha sido promotor de riqueza. Además de que más de la mitad de la población trabaja en la informalidad, sin un ingreso estable y por lo general precario; entre los trabajadores formales (cotizantes a seguridad social como dependientes), el 39 por ciento tienen un salario igual o inferior al mínimo, el 37 por ciento está entre uno y dos salarios mínimos y el 24 por ciento tiene un ingreso de más de dos salarios mínimos. Es decir, salarialmente somos pobres.No obstante, aunque los nuevos pensadores económicos están orientados a promover incrementos salariales que reduzcan la desigualdad, el cambio no puede ser tan abrupto.

El analista Kevin Hartman, doctorado en Ciencias Jurídicas, dice que la remuneración por el trabajo aportado en la economía no es algo que deba venir porque sí, sino en función de la productividad, y que, por lo tanto, no tendría por qué generar presión inflacionaria ni efectos colaterales en la economía. “En Colombia hay una legislación que exige que por lo menos el salario suba de acuerdo con la inflación, lo que debería asegurar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

En ese contexto, ahora podemos esperar un aumento de 1 o 2 puntos máximo por encima de la inflación, en razón a que el Gobierno tendrá que negociar con los empresarios una subida moderada, pues no podrá desconocer el incremento aplicado a través de la reforma tributaria. En la negociación tendrán que estar los impuestos que les aplicaron a las empresas y los costos por subir salarios. De ese equilibrio dependerá que no se destruya el poco tejido productivo que tenemos”. Díaz, por su parte, defiende la posición según la cual rebajar costos de producción a través de reducir derechos laborales está mandado a recoger. “Incrementos en los salarios por debajo de la inflación lo que hacen es contraer la demanda interna. Un país que compite sobre la contracción salarial y de los derechos es un país que pierde capacidad de compra interna y llega a la dependencia de las importaciones, como se ha visto en Colombia”.

Para él, la competitividad debe ser abordada a través de la productividad, que involucra dos peldaños: uno, la infraestructura económica, que implica tener vías, túneles, ferrocarriles, para poder mover bienes e insumos a un costo más bajo. Y dos, la utilización de la tecnología con innovaciones que mejoren los procesos productivos. “Al introducir tecnología e infraestructura mejoro la productividad del trabajo. Con ello puedo mejorar los salarios y reducir costos laborales”. Lo hicieron otros países como China, que a partir de un mejoramiento de los salarios incrementó la clase media y siguió siendo competitivo. “Se dice que para obtener resultados diferentes no se puede seguir haciendo lo mismo. Y los resultados del estudio del Banco de la República son más de lo mismo: empobrecer al trabajador para que la empresa sea más productiva. Esa estrategia ya no funciona”. El debate este año será más candente que nunca.