Se acerca una mortandad de MiPymes

La dura caída de la economía colombiana este año inevitablemente se llevará por delante a miles de empresas y empleos.

Las cifras son contundentes y perturbadoras. Por el lado de los puestos laborales, el Ministerio del Trabajo puso las cifras sobre la mesa y ha planteado tres complejos escenarios: en el primero, con una caída de -0,3 por ciento de la economía, se perderían hasta 100.000 empleos; si la contracción es de -1,8 por ciento, serían 421.297 puestos de trabajo menos; y si la caída es de -5 por ciento, desaparecerían 1,1 millones de ocupaciones.

Ángel Custodio Cabrera. Ministro del Trabajo

Por el lado de las empresas, algunos gremios han lanzado sus propias alertas: el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, ha dicho que una encuesta reciente entre comerciantes indica que 38 por ciento cree que tendrá que cerrar o acudir a un proceso de insolvencia. Los gremios de bares y restaurantes calculan que 10.000 compañías han reportado que van a cerrar definitivamente.

Según la Superintendencia de Sociedades, hay 2.700 firmas en proceso de insolvencia –reorganización y liquidación–, y solo por culpa de la pandemia esta cifra se podría duplicar en 2020. En plata blanca, más de 2.600 empresas adicionales terminarían en este proceso. Los cálculos de la entidad se cumplirían si la economía se contrae 1,9 por ciento este año. Sin embargo, si el desplome es mayor, el número de firmas en riesgo de quiebra podría dispararse.

La situación tiene encendidas las alertas en el Gobierno, que, mediante decreto, creó medidas extraordinarias para que las reorganizaciones de empresas se realicen de manera exprés, además de darles otros salvavidas a las más afectadas.

Juan Pablo Liévano, superintendente de Sociedades, le explicó a SEMANA que la norma busca crear un ecosistema de recuperación empresarial incluyente. “Hay que cuidar a las empresas porque cuidándolas preservamos el empleo”, dijo el funcionario.

Juan Pablo Liévano. Superintendente de Sociedades

Y reveló que para precaver la desbandada de compañías hicieron una reorganización fast track, de máximo tres meses, en la cual deudores y acreedores deberán llegar a buen puerto para fijar una estructura de pago de deudas sin afectar la nómina.

El plan de salvamento busca ‘aplanar la curva’ de las compañías contagiadas por el menor crecimiento. Así, la admisión a procesos de insolvencia será menos estricta y, una vez avalada, los deudores podrán capitalizar pasivos, reperfilar deudas e incluso hacer un borrón y cuenta nueva de parte de sus deudas. “Esta coyuntura es inédita en Colombia y el mundo, y por eso queremos que haya negociaciones muy rápidas, y se normalicen lo antes posible las relaciones entre deudores y acreedores”, dijo Liévano.

Plan de choque

Para lograrlo, la entidad tiene un esquema de tres fases. En los casos ‘asintomáticos’ (con menor riesgo de quiebra), los deudores deben ‘quedarse en casa’, es decir, negociar con sus acreedores, ya sea directa o indirectamente. Si el tema se complica y los ‘pacientes’ pasan a cuidados intermedios, ahora pueden usar los mecanismos extraordinarios.

Pero, si en los próximos meses las empresas quedan en grave estado, podrán pasar a ‘cuidados intensivos’, en un proceso de insolvencia tradicional. Para estos casos, la entidad se prepara para tener más ‘camas y respiradores’, pues la demanda podría sobrepasar la oferta. De hecho, expertos coinciden en que, si bien el decreto tiene herramientas claves y fue expedido en poco tiempo, la actual crisis traerá consigo una avalancha de quiebras semejante a la de finales del siglo XX.

Basta con ver la más reciente encuesta de Fenalco, que dice que cuatro de cada diez empresarios han contemplado la idea de cerrar sus negocios o acogerse a la Ley de Insolvencia. En este caso, Fernando Bustos, director de Bustos & Cía., cree que las compañías deberán escoger bien el procedimiento, pues, de no hacerlo, dicho remedio podría ser peor que la enfermedad.

Para Luis Guillermo Vélez, exsuperintendente de Sociedades, “Esta crisis es similar a la de 1999, pues implica una afectación generalizada de la economía, pero hoy tenemos un sistema financiero sólido y no pasamos por una crisis de vivienda, como en ese entonces”.

Luis Guillermo Vélez. Exsuperintendente

No obstante lo anterior, buena parte de la economía se verá afectada y esto se traducirá en que miles de empresas se quedarán sin caja. Vélez cree que la cifra de procesos anuales que recibe la Supersociedades se podría quintuplicar, lo que significa que entre 3.000 y 5.000 compañías podrían sumarse a la lista de insolventes.

¿Nuevo régimen?

La avalancha de procesos de insolvencia parece inevitable. Así lo cree Francisco Reyes, también exsuperintendente de Sociedades, quien dice que, como si fuera poco, estos mismos salvavidas pueden generar aún más quiebras de empresas. “Casi el 50 por ciento de las sociedades que entran a reorganización terminan en procesos de liquidación, y el hecho de que el trámite pueda hacerse más rápido no implica que más firmas se salven”, asegura.

Francisco Reyes. Exsuperintendente 

Por ahora, agrega, una salida práctica sería garantizarles a los empresarios el acceso real al crédito y reducirles algunas cargas. Pero, a largo plazo, el país debería reformar su ‘ley de quiebras’, para, entre otros, rebajar los costos de los procesos, incluir sectores que hoy no pueden acogerse y relajar algunas exigencias, un debate que llegará cuando las aguas estén calmadas.

En todo caso, el resultado dependerá de cuánto tarde la economía en recuperarse y cómo rebote. Las micros, pequeñas y medianas (mipymes) no tienen el músculo para aguantar más de unas semanas sin generar ingresos, y la situación ya es crítica.

Según Acopi –gremio del sector–, seis de cada diez compañías han mantenido a sus trabajadores, aun cuando la mayoría no tenía el capital para solventar la crisis.

Pero ahora, como la caja se acaba, la presidenta de la agremiación, Rosmery Quintero, propone un plan social de retención del empleo, con el cual, durante tres meses, el Gobierno subsidie el sueldo a cerca de 10 millones de personas.

Rosmery Quintero. Presidenta de Acopi

Incluso, dado el caso, podrían rebajar temporalmente algunos salarios, para hacer viable el salvavidas. “Este es el clamor de la micro, la pequeña y la mediana empresa, que siempre han apostado por el desarrollo económico y social, pero hoy las circunstancias son adversas”, afirmó Quintero.

El drama de los pequeños emprendedores aumenta cada día y se profundiza aún más en sectores como el entretenimiento, el turismo y la industria aérea, que solo podrían regresar cuando haya una vacuna. Pero nadie sabe cuánto tomará encontrarla ni mucho menos aplicarla. Tampoco hay claridad sobre qué pasará con el consumo, qué tanto se contraerá en un escenario poscoronavirus y cuánto durará el proceso de ajuste.

Por lo pronto, el país solo tiene una misión: salvar la mayor cantidad de empresas y puestos de trabajo que pueda.