Se levantó el paro camionero, pero el subsidio al diésel sigue siendo una bomba de tiempo. No se resolvió el problema de fondo

En campaña, el entonces candidato Gustavo Petro prometió no aumentar el valor del diésel. Sin embargo, dos años después el peso del déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) lo llevó a incumplir su oferta para ajustar las cuentas. Culpó al Gobierno anterior de haber dejado un hueco creciente de deuda con Ecopetrol, que, según sus cálculos, ya llegaba a los 50 billones de pesos.

Lo cierto es que el Gobierno de Petro retrasó el aumento del diésel, incluso con consideraciones políticas, como evitar que coincidiera con las elecciones de 2023, tal como lo explicó en su momento el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

A pesar de ello, los analistas le han reconocido al Gobierno su determinación al subir el precio de la gasolina, en casi 70 por ciento, y también el impopular pero necesario aumento del diésel para empezar a cerrar el déficit.

Inicialmente, el alza era gradual, la primera de 1.904 pesos por galón, para completar 6.000 pesos a finales de 2025. Sin embargo, la resolución con la primera subida despertó la protesta de los transportadores, que durante cuatro días, con bloqueos y cierres, paralizaron al país. Esto desencadenó una situación crítica.

Tan solo el sector de exportaciones dimensionó en 300 millones de dólares diarios la afectación. Siete millones de litros de leche se perdieron en tres días. Sectores como el avícola y el porcícola advirtieron riesgos para los animales, pues no les llegaba la comida y empezaron algunos sacrificios, como sucedió en Norte de Santander.

Se observó desabastecimiento de alimentos, de productos de primera necesidad y hasta de combustibles. Hubo incremento en los precios, lo que podría afectar la inflación en septiembre y romper su tendencia a la baja.

En la negociación con los transportadores para levantar el paro, el Gobierno sacrificó gran parte del incremento: pasó de aumentar 1.904 pesos a solo 800 y congelar las posteriores subidas hasta que no se definan procesos de transformación del sector. La ministra de Transporte, María Constanza García, señaló que el Gobierno redujo al 13 por ciento su expectativa, que estaba inicialmente en un total de 6.000 pesos.

El acuerdo trae 15 puntos. El principal, la modificación en la resolución de aumento en el precio del diésel, que se aplicará en dos momentos este año: uno cuando se hagan los ajustes a la resolución y otro el 1 de diciembre.

Los restantes, en su mayoría, están relacionados con ajustes en el ramo para fortalecer las relaciones económicas entre los distintos actores, eliminar las asimetrías y jugar en un terreno más equilibrado. “El Gobierno reconoce la necesidad de medidas estructurales en pro de la democratización del transporte”, dijo García, en la mesa.

Se plantea llevar al Congreso un proyecto de ley para modificar la fórmula de la gasolina, con “el precio Colombia”, y en la reforma laboral se incluirá una proposición para proteger, en especial, a los conductores del sector.

Después de los bloqueos y paros, y a la espera de que las cicatrices sanen, la gran pregunta es qué viene. Por un lado, las cuentas fiscales siguen sin cuadrar. Como advierte el exministro Juan Camilo Restrepo, va a quedar de todas maneras un déficit de 11,2 billones de pesos, que es prácticamente el mismo que se venía arrastrando y cuya magnitud casi equivale a la nueva reforma tributaria. “El acomodo que se pensaba quedó frustrado, sigue el desbalance fiscal en toda su gravedad”.

El rector de la Universidad EIA y también exministro, José Manuel Restrepo, se pregunta: ¿está contemplado en el marco fiscal y en el presupuesto de la nación que se iba a hacer el cierre diferencial de precios o no? “Porque si no se contempló estaríamos hablando de que el déficit ya no sería de 12 billones, sino de, por lo menos, 19 billones”.

A su vez, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, considera que, sin este cierre, el déficit del FEPC seguirá siendo un costo oneroso los próximos años. Y esto preocupa por lo que va a ser 2025 y las inquietudes en el cumplimiento de la regla fiscal y la estabilidad macroeconómica.

Cálculos del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá establecen que sin ajustes en el precio el Gobierno se hubiera gastado 2,9 billones de pesos entre septiembre y diciembre; con el ajuste de 1.904 pesos, ese gasto bajaba a 1,5 billones; y con el definitivo de los 800 pesos, el gasto llega a 2,6 billones.

Por otro lado, tanto el Gobierno como los transportadores tendrán que hacer un gran esfuerzo para que los puntos firmados en el acuerdo, en especial lo relacionado con la transformación del sector, se cumplan. De lo contrario, la bomba que desactivó esta semana podría reactivarse en meses si no se ven logros en las mesas.

Para Juan Camilo Restrepo existe la posibilidad de que estas medidas conduzcan al señalamiento de fletes artificiales, que se les imponen a los usuarios. Eso puede ser inconveniente para la recuperación económica. Asegura que el riesgo de un nuevo estallido en el frente camionero en pocos meses queda latente.

Uno de los temas, que también han planteado los camioneros, es cómo se va a reflejar en las tarifas el incremento del diésel. Para el rector de la Universidad EIA, el Gobierno tiene que considerar cómo trasladar ese aumento del diésel a través de la tabla de fletes de manera automática para que de esa manera no asuma el transportador la totalidad del costo del alza.

Los camioneros reconocen que hay una sobreoferta de vehículos frente a la limitada cantidad de carga que se genera. Sin duda, hay un excedente de camiones y, por lo tanto, los fletes tienden a bajar, como sucede en un mercado en el que hay más oferta que demanda. “Entonces, ¿se van a poner unos precios artificialmente altos, gravando más a la industria, al comercio, a las exportaciones y a las importaciones?”, se cuestiona Juan Camilo Restrepo.

La respuesta al exceso de oferta, dice José Manuel Restrepo, es la reactivación económica, en medio de un panorama en el que las exportaciones, salvo el último mes, llevan 14 meses en terreno negativo, la economía está desacelerada y la inseguridad ha provocado una gran preocupación en los sectores productivos. El pulso entre el Gobierno y los transportadores ahora se traslada a las mesas de concertación.