SE REVOLVIO EL AVISPERO

Fue sin duda alguna la semana más agitada desde el pánico creado por la intervención del Banco Nacional, a mediados de junio.
No hubo prácticamente un día en que no apareciera un titular de primera página sobre algún nuevo acontecimiento del mundo financiero. La gran bomba llegó el viernes, dos días después de que el presidente había anunciado en televisión que el gobierno sancionaría a los culpables.
Félix Correa, cabeza del Grupo Colombia, había sido detenido en su residencia del poblado en Medellín, por orden de detención dictada por el juez 79 de instrucción criminal de Bogotá. Correa había sido objeto de varias denuncias, tres de las cuales eran de carácter penal. Nervioso, amilanado, con 8 kilos menos, fue trasladado bajo vigilancia de Medellín a Bogotá donde fue internado en las instalaciones de Paloquemao. El mismo juez había dictado también auto de detención contra los altos ejecutivos del Banco Nacional, Eduardo Uribe, Uldarico Robles, Octavio Becerra, Gustavo Cuberos, Juan E. Olarte, Fernando Giraldo Franco y Darío Sanín Vergara. En total el número de personas del Grupo Colombia contra las cuales habría orden de captura sería de alrededor de 15.
A finales de la semana fueron intervenidas tres empresas más del mismo Grupo: Capitalizadora Colombia, Seguros Colombia y Seguros de Vida Colombia, porque se vieron en la necesidad de suspender pagos al público.
En el mensaje televisado del presidente Betancur, de otra parte, se anunció la liquidación definitiva del Banco Nacional. Los representantes del gobierno, al no encontrar una salida mejor, decidieron adoptar tan drástica actitud porque la encontraron apropiada para salvar los intereses de los ahorradores. Betancur anunció igualmente un mecanismo para devolver, desde los últimos días del mes, los dineros de los depositantes. En primer lugar, se trazó una frontera divisoria: las entidades que no habían sido vigiladas por la Superintendencia tendrán que esperar todavía más.
Entre estas figuras la firma Correa Acevedo, parte de cuyos ahorradores recibieron la noticia con sorpresa e inclusive con indignación, pues se quejaron de haber sido enviados allí por empleados del Banco Nacional cuando intentaron depositar en Furatena o en el banco.
También dispone el decreto, utilizando como mediador al Banco Popular, la devolución de $ 200.000 a los acreedores con depósitos inferiores a $ 1.000.000. Esto se hará mediante una figura que le permite al Banco Popular comprar la parte de la deuda correspondiente a ese monto. Además, los clientes comprendidos en este "paquete" recibirán un crédito por un 60% de sus despósitos. A los que tenían más del millón se les otorgará un préstamo por el 60% de sus depósitos pero a los de más de 5 millones les tocará esperar la liquidación del banco, proceso que puede tomar varios años. Según pudo establecer SEMANA, el decreto aliviará la situación del 80%, de los ahorradores que poseían un 15% de los recursos.
A pesar de lo anterior, se han conocido manifestaciones de descontento por parte de muchos. Las injusticias que necesariamente crean las escalas (el que tenía $ 1.000.001 recibirá mucho menos que el que tenía $ 999.999). Además, para un ahorrador la idea de que le presten su propio dinero con intereses y garantías, no resulta demasiado atractiva.
Las intervenciones no se limitaron al Grupo Colombia. A principios de la semana le había tocado el turno al grupo Santa Fe. Las irregularidades y dificultades de sus empresas eran conocidas de tiempo atrás por la opinión pública, pero se confiaba en que se pudiera encontrar una fórmula salvadora. El ex-ministro Rodrigo Llorente en representación del grupo, adelantó conversaciones con el fin de negociar acciones, fórmula que estuvo a punto de concretarse. Pero los frecuentes rumores de la crisis amenazante, sumados a las dificultades que estaban enfrentando las empresas del grupo, llevaron a que los ahorradores realizaran cuantiosos retiros y se precipitara definitivamente la crisis con su inevitable consecuencia: la intervención de la Superintendencia Bancaria. La palabra intervención se considera prohibida en aras de la prudencia. Se pensaba que podría perjudicar la confianza de la gente en el sistema financiero. Pero sucedió como en la "Crónica de una muerte anunciada": al final, sorpresivamente, sucedió lo que todos sabían que iba a suceder. Fueron intervenidas la Corporación Financiera Santa Fe, la Sociedad Financiera Santa Fe y la Compañía Leasing de las Américas.
"EL FURATENA DE LA HIGH"
Finalmente, como ha sido denominada la situación de Camacho Roldán, se encontró una salida luego de agitadas y dramáticas reuniones entre los empresarios y los acreedores. Se hará un Concordato amistoso para que la empresa siga funcionando y sus utilidades sirvan para pagar los pasivos.
Estos alcanzan los $ 700 millones mientras los activos no llegan a $ 200. Sin embargo, uno de los puntos de mayor discusión y sobre el cual no se ha definido el acuerdo, es el precio del "good will" del cual goza el nombre de la empresa luego de una larga existencia y que, según la familia Camacho, tiene un valor de $ 200 millones.
Mientras todo esto sucedía, el mundo financiero se conmocionó más con una noticia del exterior que con cualquiera de nuestras crisis locales. Méjico nacionalizaba su banca como consecuencia de los abusos cometidos por el sector financiero durante la crisis cambiaria. Para muchos esto era un campanazo de alerta.