Sector de la construcción e inmobiliario serían los más afectados con nueva reforma tributaria: “Llevaría a una mayor parálisis”

Con miras a las nuevas propuestas para la reforma tributaria en el país, SEMANA habló con Juan Carlos Valencia, experto económico y socio de Holland & Knight. El economista detalló la situación que vivirían las empresas del sector privado al ser aprobado el proyecto. Además, hizo una serie de sugerencias a los proponentes de la polémica reforma.

SEMANA: ¿La nueva propuesta de reforma tributaria cómo afectaría la creación de empleos?

Juan Carlos Valencia: El proyecto de ley que se envió al Congreso afectaría gravemente la generación de empleos, tanto de forma directa como indirecta.

Se afecta indirectamente porque la reforma no lograría reactivar la economía, sino que, por el contrario, profundizaría la actual crisis. Ese hecho impacta de manera general a todos los sectores, aunque algunos se verían más afectados, tales como el sector inmobiliario, construcción, minería, turismo y las pymes que perderían su permanencia en el Régimen Simple de tributación. Todo sector que se vea afectado tiende a disminuir la generación de nuevos empleos o a recortar los ya existentes.

Y se afecta en forma directa dado que con la expedición de la Ley 2277 del 2022 se incrementó sustancialmente la carga tributaria de los asalariados, lo cual se ha visto reflejado en las sumas adicionales que han tenido que pagar las personas naturales en esta temporada de declaraciones de renta por el año 2023.

Ese incremento impositivo viene afectando el ingreso real de los asalariados, descontento que se está trasladando a los empleadores y que afecta el consumo en general. Los empleados e independientes han sido conscientes de la mayor carga tributaria con el pago de impuestos adicionales al momento de presentar su declaración de renta, impacto que se pretende disminuir incrementando las retenciones en la fuente, pero la carga tributaria al final sigue siendo la misma.

Una tarifa del 41 % para asalariados, con la severa limitación en las deducciones permitidas y con la cuestionable contraprestación de bienes y servicios públicos, siembra un gran manto de duda sobre la legalidad de la medida. La responsabilidad de esta elevada tributación para los asalariados e independientes no es responsabilidad exclusiva de este gobierno, pero estas propuestas continúan agravando una situación en la cual se cuestiona si se está respetando los límites a la capacidad contributiva y demás principios constitucionales.

SEMANA: ¿A qué sectores afectaría más?

JCV: Yo vería una afectación material al sector construcción y al inmobiliario. La generalización del impuesto al patrimonio desincentiva por completo la inversión y el ahorro. Si un contribuyente se acerca al umbral, para quedar sometido a la declaración y pago del impuesto al patrimonio, es lógico pensar que va a preferir permanecer debajo de dicho umbral y se inclinaría por el gasto en lugar de incrementar la inversión en activos. Esto unido al hecho que ya en el 2022 se estableció un impuesto de timbre adicional en la transferencia de inmuebles y que se viene incrementando el impuesto de ganancias ocasionales del 10 % al 15 % y ahora al 20 %, llevaría a una mayor parálisis de estos dos sectores.

Otro sector que prácticamente podría desaparecer por efecto de la reforma sería el minero, particularmente como consecuencia del nuevo texto de la sobretasa al sector, aun en épocas de precios bajos. Tal como está planteada esta sobretasa, anticipamos que las empresas mineras podrían estar tributando a tasas de tributación cercanas al 100 %, cayendo nuevamente en escenarios confiscatorios y claramente inconstitucionales.

SEMANA: ¿Qué modificaciones le haría a las propuestas del gobierno?

JCV: La primera recomendación al Gobierno es que si realmente persigue la reactivación de la economía, debería limitar su propuesta exclusivamente a una reducción inmediata y material de la tarifa del impuesto de renta y no diferida como hoy lo propone. El menor recaudo que genera la reducción en tarifa debería compensarse con una reducción de gastos de funcionamiento del Estado, pero no con otros impuestos que afectan por completo la pretendida reactivación.

SEMANA: ¿Qué alternativas proponen las empresas?

JCV: El sector empresarial ha reaccionado de forma positiva frente a los comentarios que ha realizado la OCDE a la reforma presentada. Esto es frente a la ampliación de la base de contribuyentes del impuesto sobre la renta, en lugar de seguir incrementando la carga a los mismos contribuyentes. Así mismo, en lugar de eliminar el régimen simple, lo que debería incentivar el gobierno es en ampliarlo y extender su utilización a otros contribuyentes y sectores, aprovechando la eficiencia que brinda un sistema que determine el impuesto sobre una renta bruta.

SEMANA: ¿Qué aspectos positivos le ve a la propuesta?

JCV: Lo más relevante es que el Gobierno reconoce que actual tarifa de impuesto sobre la renta es posiblemente la más alta entre todos los países pertenecientes a la OCDE. No podemos considerar solo la tarifa nominal de renta del 35 %, sino que el análisis tiene que hacerse combinando la tarifa por dividendos. Considerando un impuesto al dividendo del 20 %, eso nos arroja una tarifa efectiva del 48 %, lo cual desestimula sustancialmente la actividad local y la inversión extranjera.