Las cartas que enredaron a los miembros del ‘cartel del papel higiénico’

Este jueves la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cabeza de Pablo Felipe Robledo, impuso multas que superan los 185.000 millones de pesos a las empresas Kimberly, Familia, Papeles Nacionales y Papeles y Cartones de Risaralda (CyP de R), además de 21 de sus directivos, por la conducta de cartelización empresarial.

Según informó el organismo en su decisión, se trató de una trama “concertada, continuada y coordinada para fijar artificialmente el precio de los papeles suaves en Colombia, sector integrado por cuatro productos: papel higiénico, servilletas, toallas de cocina, y pañuelos para las manos y la cara”.         

La SIC destacó al menos 14 correos electrónicos, en los que se evidencia la constitución de una organización encubierta, que durante 14 años estuvo destinada a burlar el régimen de protección de la libre competencia económica.

Las firmas sancionadas, en conjunto, poseen el 78 % de participación promedio en cada uno de los mercados asociados con los papeles suaves en los últimos diez años. Estos mercados representan ventas anuales por cerca de 1,2 billones de pesos en el país.

En abril pasado, el superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, presentó un extenso informe de 300 páginas en el que recaudó cientos de pruebas consistentes en comunicaciones que se cruzaron los directivos de estas compañías en las que se pone en evidencia cómo operaba este cartel, que comenzó con la participación de Familia y Kimberly, entonces los dos grandes del sector.

A partir del 2003 las empresas involucradas decidieron utilizar apodos o nombres ficticios para encubrir sus actuaciones en sus comunicaciones. Kimberly se identificaría como Kiosko, Familia como Feos, Papeles Nacionales como Pitufos y CyP de R como Rosas. Además, María Carolina Arenas (gerente de productos institucionales de Familia) sugirió emplear nombres alusivos al fútbol y emplear palabras como ‘balones’ para referirse a las cajas vendidas.

Semana.com presenta unas de las comunicaciones más relevantes dentro de la investigación y que llevaron a la SIC a sancionar a estas cuatro empresas. En un primer correo electrónico, que Arenas (Familia) envió en agosto del 2001 a Jaime Ignacio López (entonces gerente nacional de ventas de Kimberly-Clark Professional -KCP- de Kimberly) y con copia a Luis Fernando Palacio (gerente comercial de KCP de Kimberly), se entrevén los compromisos entre ambas papeleras:

“Al 1 de septiembre:

Los compromisos a seguir son:

                                               Precio al público

*             Higiénico blanco              26.500 incluido IVA (entre 28 - 32 mts)

*             Higiénico Natural            14.500 incluido IVA (entre 22- 25 mts)

*             Servilleta cuadrada        24.000 incluido IVA

*             Servilleta partida             24.000 incluido IVA

(En esta última nosotros tenemos un embalaje diferente se venderá a 22.560)

Al 1 de octubre:

*             Servilleta cuadrada        25.800 incluido IVA

*             Servilleta partida             25.800 incluido IVA (En esta última nosotros tenemos un embalaje diferente se venderá a 24252)” (Destacado fuera del texto).

En un segundo correo, de agosto del 2001, Palacio (Kimberly) le reporta al entonces presidente de Kimberly -hasta 2004-, Ricardo Mejía, y a Alberto Aristizábal, directivo para la época de la línea de consumo de esa empresa. Nuevamente sale a relucir la intención de alinear sus precios:

"Dr. Ricardo,

En oportunidades anteriores se acordaron precios con la competencia del papel higiénico y no fueron dados a la línea de KCP, de allí una descoordinación en ambos negocios. En nueva reunión con Familia ellos se dieron cuenta de la falta de comunicación entre las áreas de la compañía, llevando a un caos, de tal forma no fue una falta de control de precios sino una falta de comunicación que no se debe presentar entre las áreas.

En nueva reunión efectuada con la competencia tanto de consumo como de KCP, donde estuvo presente el Dr. Jaime López se hizo un acuerdo de precios tanto de consumo como de KCP. Los precios que escribe Don Alberto Aristizábal en su mail son los acordados.

Por favor díganme a ¿qué precios hay que vender? Sí eso fue lo acordado no sé por qué ahora se viene con algo diferente.

La intención es la regulación de precios, no es el interés de hacer ruido en precios donde realmente las ventas nuestras no son significativas.

La regulación de precios se hace de acuerdo con lo acordado, los problemas anteriores son de comunicación y falta de acercamiento entre consumo y KCP.

Estoy dispuesto a recibir todo tipo de sugerencias para resolver los problemas.

Luis Fernando Palacio” (Destacado fuera del texto).

Una tercera comunicación deja en evidencia la necesidad que tenían los miembros de este cartel de papeleras de borrar los rastros de sus compromisos.

De ahí las advertencias que se hacen ente sí en una correo con el asunto “Envio notas reunion (sic)”, remitido el 5 de noviembre del 2001 por María Carolina Arenas (Familia) dirigido a Diego Cuéllar Araque (gerente general de Papeles Nacionales), Jaime Ignacio López (Kimberly) y Luis Fernando Palacio (Kimberly):

“Anexo los archivos con la notas e información necesaria para la ejecución de los compromisos adquiridos.

Favor borrar este mail una vez terminado el trabajo.” (Destacado fuera de texto).

En este correo lo que se muestra es el seguimiento que se hacía de los pactos acordados entre los miembros del cartel, que no solo trataba de controlar los precios sino también las promociones. Octavio Augusto López (gerente nacional de ventas entre 2001 y 2005 de Kimberly) envió este mensaje el 23 de enero de 2002, con el asunto “RE: Oferta Higiénico Familia”, a otros funcionarios de Kimberly:

“Señores.

Según nos cuentan los amigos de Familia la oferta con los 2 en 1 y los 3 en1 fue cancelada a nivel nacional (sic), les solicito el favor de estar muy pendientes y si encontramos algo deben informarme de inmediato.” (Destacado fuera del texto).

Un envió más, fechado el 6 de agosto de 2003 y emitido por María Carolina Arenas (Familia) con destino a Jimmy Levy Appel (gerente comercial de CyP de R) también muestra los intentos de controlar a quien se desviaba de las políticas de fijación de precios del cartel: 

“Jimmy:

Hace un tiempo estuvimos hablando de precios y te invité a que se carraran (sic) un poco las diferencias.

Yo sé que en productos de consumo (caso higiénicos regulares y servilletas) los precios son una locura; pero los de institucional no están tan dañados. Un caso Carrefour en Bogotá, nosotros los atendemos con un 5% de descuento sobre nuestra lista y DG Méndez tiene un precio de un 27% por debajo del nuestro.

¿Será que a ti te interesa volver hablar de este tema? Pues yo no quisiera tenerme que defender e igualarme a este precio y dañar el precio del cliente, ¿qué opinas tú?”.

No necesariamente todas las empresas manejaban los mismos precios, aunque la diferenciación en este caso se daba con los clientes que manejaban menores volúmenes de los productos. De esto da fe la comunicación de mayo del 2006 de María Carolina Arenas (Familia) a Jimmy Levy Appel (CyP de R).

"Jimmy

Te cuento las siguientes cosas:

Las diferencias entre cada uno de los equipos se verán así:

Hoy en día se pueden ver clientes comprando a $80 incluso $75 cada balón de futbol. Pero estos clientes deberán estar comprando al final del año a los precios anteriores

Las bobinas salen mañana a primera hora

Caro” .

Otros mensajes dejan en evidencia que las empresas del cartel se compartían información acerca de los clientes institucionales Así queda patente en el correo con el asunto "Davivienda...", enviado el 8 de octubre del 2008 por Gabriel Jaime Hoyos (director de ventas institucional de Familia) a Silvio Alberto Castro (entonces gerente nacional de ventas KCP de Kimberly):

“Silvio,

Te envió información exacta de Davivienda….es de operación logística gigante (Bancafe y Davivienda)…

Ayúdame con Maloka en cuanto está… Gracias

(…)

Favor borrar…”

Una última comunicación tiene que ver, aparentemente, con el tratamiento de la información que Familia, ya siendo investigada por la SIC, debía entregar al organismo de control. La empresa, con caracter de segunda delatora del cartel de precios, tenía derecho al 50 % de descuento en la multa.

Sin embargo, el superintendente Robledo determinó que la firma mintió sobre aspectos relevantes de la investigación y no aportó algunas pruebas que estaban en su poder. Aún así, el funcionario dosificó la sanción, en vista de que Familia confesó su conducta y ofreció excusas públicamente.

Esta conversación tuvo lugar el 5 de junio del 2014, entre María Carolina Arenas (gerente de negocio higiene institucional de Familia) y María Fernanda Alvarado :

“María Fernanda Alvarado Villafradez [8:46 a. m.]:

Hola Caro, como estas?

Carolina Arenas Aristizábal [8:46 a. m.]:

ahí y tu?

María Fernanda Alvarado Villafradez [8:46 a. m.]:

estaba pendiente de hablar contigo, que me llamaste...

Carolina Arenas Aristizábal [8:51 a. m.]:

si estoy del cuello literalmente, primero no tengo claro que puede mostrar efecto o no para lo de la SIC, he navegado en info toda la semana, pero literalmente MARÍA es lo que a mí me parezca, sin ningún apoyo de nadie, y sé que de esto depende el monto de la multa, ya lo expuse a Alejo y simplemente haré mi mejor esfuerzo. Quería cancelarte la reunion de mañana, pues estamos también revisando MEGA pa’ la semana entrante, qué opinas? podemos pasarla? (sic)

(…)” (Se resalta fuera del texto).

Precisamente, por contribuir de manera eficaz con la investigación y cumplir con los compromisos adquiridos en el Programa de Beneficios por Colaboración, la SIC le concedió a Kimberly la exoneración del 100% del pago de la multa -en su condición de primer delator- en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de competencia. Así mismo, le concedió a CyP de R, en su condición de tercer delator, una reducción del treinta 30% de la multa impuesta.

Si bien se cierra este episodio, la historia continúa para Kimberly, también involucrada en los carteles de los cuadernos y de los pañales (que también incluye a Familia), en los que es también primera delatora y puede obtener beneficios por la totalidad de una eventual multa.

Ambos casos se encuentran en el escritorio del superintendente Robledo a la espera de la decisión de si habrá sanciones y, de ser así, a qué castigo económico se harán acreedores los responsables.

Aun así, el país sigue esperando no solo que estos casos no se repitan, sino que todos los involucrados también se disculpen pública e inequívocamente con los consumidores colombianos.