Con caída de subsidios a servicios públicos volverían cortes de agua

A una familia de estrato 3, con cuatro personas viviendo en el hogar, le llegaba cada dos meses un recibo del acueducto por unos 100.000 pesos, pero con el subsidio que habitualmente tiene esta población, que es del 15 por ciento, la factura bajaba a 85.000 pesos, y, en pandemia, con el decreto 580 que tumbó la Corte Constitucional, el alivio era mayor: solo debía pagar 60.000 pesos (subsidio del 40 por ciento).

Es por esto que, para Camilo Sánchez, presidente de Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos), el mayor impacto en el bolsillo de los colombianos por la caída de los subsidios a los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo, lo tendrá la clase media.

El decreto fue expedido en medio de la pandemia, de la mano de la campaña ‘Lávese las manos’, como una de las estrategias para prevenir el contagio de la covid-19.

Para facilitar la estrategia preventiva, el Gobierno nacional estableció que se aumentaran los subsidios en agua, alcantarillado y aseo en los estratos 1, 2 y 3, y que se reconectara el servicio vital a los que lo tenían suspendido por falta de pago. Esto es lo que ahora está en juego, luego de que la Corte tumbara el decreto 580 del 2020, al detectar que en el documento faltaban las firmas de los ministros de salud, Fernando Ruiz, y de la ministra de Ciencia, Mábel Torres.

La preocupación ronda en el sector de acueducto y alcantarillado, porque, aunque el fallo no tiene efecto retroactivo, es decir, lo hecho hecho está, a futuro se desmorona todo el engranaje que se cotejó en estos meses, lo que traerá consecuencias para el usuario.

El mayor golpe será para los colombianos del estrato 3, que fueron los que recibieron el descuento más alto. Al menos, esto es lo que advierte Sánchez, quien además pide al Gobierno buscar un mecanismo rápido de salvamento de la medida mientras se termina la emergencia del coronavirus.

Entre tanto, la presidenta del gremio Acodal (Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambienta), Maryluz Mejía de Pumarejo, si bien vio una esperanza en el hecho de que la decisión tomada por la Corte sobre los subsidios a los servicios públicos no sea retroactiva, enfatizó en que el alivio ha recaído sobre más de 11 millones de personas en todo el país.

Esto, porque lo establecido en el decreto fue un sobresubsidio. Es decir, el estrato 1 tenía una ayuda del 70 por ciento del consumo y, por cuarentena, le aumentaron al 80 por ciento. En el estrato 2, en el que las personas recibían un auxilio de 40 por ciento, la pandemia lo subió al 50 por ciento, y en el estrato 3, el apoyo para el pago del servicio era del 15 por ciento y fue incrementado al 40 por ciento.

"El estrato 3 es la clase media, que también es la más afectada por la crisis, porque muchos perdieron el empleo o trabajan en actividades informales. Eso es grave, son recursos que estaban aliviando a las familias colombianas", advierte el presidente de Andesco.

Reconexión del servicio a morosos

Otro tema que está en el tintero es la reconexión del agua a los usuarios que se encontraban en morosidad, lo que benefició a 230.000 familias, según las cifras que dio en abril el Ministerio de Vivienda.

Según recordó Camilo Sánchez, la reconexión del servicio se hizo "a costa de las empresas", lo que no se podrá mantener hacia futuro, por lo tanto, queda en peligro la garantía de prestación del servicio a los usuarios que no tengan con qué pagar.

"Las empresas no pueden aguantar más esos costos. La vigencia del decreto tiene un efecto hasta agosto. El que no pague, seguramente va a ser desconectado del servicio".

Otros efectos

En el decreto tumbado por la Corte también se dio vía libre a los municipios que quisieran subir el tope de subsidios hasta diciembre, lo cual fue utilizado por 94 municipios, beneficiando a 616.000 suscriptores, equivalente a 1,9 millones de personas.

Los mandatarios locales también podían incrementar el tope de los subsidios, a lo que se acogieron 94 municipios, según los  registros Acodal.

También hubo aval para que municipios que quisieran pagar la totalidad de los servicios públicos a los estratos de menores ingresos, medida que acogieron 114 poblaciones, con beneficio para 8 millones de personas.

Los subsidios otorgados en los meses más crudos de la pandemia ya son parte del pasado. El problema es en el corto y mediano plazo, pues apenas empieza la reapertura de las actividades económicas, lo que les permite algo de ingresos a las familias, pero aún nadie se ha recuperado de la crisis económica desatada por el coronavirus.

En Bogotá, la ciudad con más población en el país, según expresó la gerente del Acueducto, Cristina Arango, los consumos ocurridos entre el 20 de marzo y el 19 de junio, quedan protegidos, pues la medida del decreto fue válida hasta el 23 de julio. Hasta el momento, en la capital del país se han beneficiado 2,3 millones de usuarios, con alivios que suman 26.500 millones de pesos.

Este viernes, el Gobierno busca salidas, junto con los gremios del sector, para identificar el camino que permita resarcir la falla de recoger todas las firmas necesarias para que el decreto se pudiera aplicar.