Subsidios estrato seis: las billonarias ayudas que reciben los más ricos

Al estilo contrario de Robin Hood, que les quitaba a los ricos para darles a los pobres, buena parte de los subsidios en Colombia están llegando a hogares con bolsillos abultados.

Cada año, más de $ 30 billones salen del Presupuesto General de la Nación y terminan en manos de personas que poco o nada los necesitan. Al mismo tiempo, millones de hogares se suman a la pobreza y a duras penas les alcanza para llevar el pan a la mesa. La tendencia ha venido en aumento y solo reformas de gran calado pueden acabar con esta injusticia.

Gabelas en servicios públicos, educación, vivienda y, sobre todo, pensiones forman parte del bastidor de subsidios estrato seis que inundan el país. Algunos se han entregado con el fin de reactivar la economía. No obstante, otros llegaron a las familias más adineradas por el mal diseño del sistema.

El caso más descarado se encuentra en el régimen de jubilaciones. Miles de colombianos con altos ingresos recibieron mesadas millonarias. De por sí, sus salarios les han permitido tener una vejez tranquila, aunque no es lo único. Por el solo hecho de estar en el régimen público ganaron el ‘derecho’ de recibir millonarias ayudas del Estado.

Cálculos del Consejo Privado de Competitividad, presentados en el más reciente Informe Nacional de Competitividad, señalan que el 74 % de los subsidios en pensiones se trasladan al 40 % de la población con mayores ingresos. En plata blanca, unos $ 17 billones engrosan las arcas de los colombianos más millonarios.

La situación es tan crítica que hay personas que llegan a recibir más de $ 1.000 millones por subsidios pensionales, según Fedesarrollo.

No es gratuito que desde varios centros de estudios, universidades y gremios propongan tramitar una reforma que acabe, de una vez por todas, con este polémico modelo. Para Asofondos, gremio de los fondos privados de pensiones, la salida salomónica incluye eliminar el pago de auxilios, con excepción de aquellos que se destinan a personas de bajos recursos.

Más allá de las pensiones

En todo caso, el problema va más allá e incluye todo tipo de sectores y rubros. “La fragmentación del gasto, la ausencia de evaluaciones de impacto y la falta de un registro único de beneficiarios contribuyen a la ineficiencia en la asignación de subsidios”, dice el Consejo Privado de Competitividad.

Y no les falta razón. La llegada de la pandemia puso de presente la tarea de los Gobiernos para que Colombia tenga robustos programas de transferencias sociales. Además, la estrategia de la administración de Iván Duque al crear Ingreso Solidario fue clave para llegarles a millones que estaban fuera del radar de las autoridades.

A pesar de lo anterior, el coronavirus también trajo a colación un viejo pero necesario debate: llegó la hora de cortarles los subsidios a quienes no los necesitan. Sin duda, esto debe ser objeto de debate en la próxima reforma fiscal, ya que la inequidad trasciende el régimen pensional. En gran medida, responde al modelo de estratos.

Es común que los colombianos dividan el país entre ricos y pobres, según el estrato en que vivan. El problema es que esta fragmentación está más alejada que nunca de la realidad. Fenómenos como la conurbación han llevado, por ejemplo, a que personas con salarios altos dejen las grandes ciudades y pasen a vivir en municipios aledaños.

En este caso, ellos siguen recibiendo los mismos ingresos, pero pagan menos por servicios públicos.

Así como este ejemplo hay millones de colombianos –de clase media y alta– que reciben sus facturas de energía y gas con descuentos que perfectamente podrían pagar. Mientras tanto, miles de familias son sometidas al rebusque y a transferencias, que apenas les permiten rozar la línea de pobreza. Eso sin contar los ciudadanos que ni siquiera tienen acceso a redes de energía y gas.

La desigualdad también se ve en el sector de la vivienda. Sin ir muy lejos, el Gobierno reactivó este año un programa para subsidiar la compra de casas y apartamentos de hasta $ 439 millones. El beneficio es de $ 438.000 mensuales durante siete años, que les permiten a los usuarios reducir el valor de sus cuotas hipotecarias. Esto sin importar si ganan 2, 10 o 50 millones de pesos.

La intención del Ejecutivo para impulsar este plan de incentivos responde a la necesidad de estimular la demanda y poner a andar la maquinaria de la construcción. De hecho, este fin es loable, y la ciudadanía y las constructoras han respondido.

No obstante, para algunos es inexplicable que cualquier persona, independientemente de sus ingresos, pueda acceder a las coberturas.

En total, $ 3 de cada $ 10 que el Gobierno paga por subsidios de educación, servicios públicos, vivienda y pobreza llegan a los quintiles cuatro y cinco de la población. Es decir, el 40 % de los ciudadanos con mayores ingresos.

Buena parte del error obedece a que el país no cuenta con un sistema de subsidios ordenado. Lo anterior lleva a que la inversión se destine a personas que no la requieren y se deje por fuera a otros que la necesitan. Anteriores Gobiernos elaboraron una base de datos cercana a la realidad a través del Sisbén. A pesar de ello, el número de colados y personas que ya no merecen estar sigue siendo alto.

Nuevo Sisbén y Registro Social

Desde el día cero de este Gobierno, el equipo económico tiene entre ceja y ceja la focalización de auxilios. De hecho, en diversas ocasiones ha intentado recortar el pago de subsidios de energía y gas a través de leyes de presupuesto. Llegar a buen puerto ha sido una tarea imposible en el Congreso, con lo cual no le queda otra salida que hacerlo vía administrativa.

Actualmente, desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) avanzan con la implementación del Sisbén IV. Inicialmente, estaba previsto que este año quedara listo el barrido. No obstante, la pandemia obligó a los técnicos de Planeación a enfocar sus esfuerzos en hacerle frente al coronavirus.

Lo anterior no fue impedimento para que avanzaran con la limpieza de la base de datos. Dinero pudo establecer que en 2021 quedará depurado el listado y traerá novedades. La medición tendrá en cuenta los niveles de pobreza departamentales, la situación económica y social de los hogares (no solo sus ingresos), y permitirá cruzar datos de otras entidades.

Pero no es lo único. Desde Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, para abajo, la entidad trabaja en el Registro Social. Se trata de una poderosa base de datos en la que habrá información de todo tipo. Allí se conocerá, por ejemplo, si un hogar recibe transferencias monetarias y, a la vez, si su hijo está inscrito en una universidad pública.

Al final del día, la idea es que se les dé un mejor uso a los recursos públicos y no los giren a quienes no los merecen.

Según el Conpes de reactivación económica que prepara el Gobierno, este programa arranca con una base maestra. Es un primer consolidado de información, que ya quedó listo y permitirá identificar criterios de focalización, elegibilidad y permanencia de los beneficiarios en los programas sociales.

Evidentemente, estos avances permitirán que el país tenga información actualizada en tiempo real, y los colados dejen de hacerse con dineros que no les pertenecen. Eso sí, reformas estructurales, como la pensional, serán la otra parte de la solución. Su discusión deberá darse cuanto antes.