Sucursal de PDVSA en Colombia logra acuerdo de reorganización empresarial, según anuncio de la Supersociedades; ¿qué implica?

Una audiencia pública fue el escenario para la decisión que anunció la Superintendencia de Sociedades: la sucursal de PDVSA en Colombia logra acuerdo de reorganización empresarial, con lo cual podrá continuar el desarrollo de sus negocios en el territorio nacional, mientras enfrenta las dificultades económicas.

El tema es crucial para Colombia, teniendo en cuenta que el país está necesitado de gas, con un déficit del 17 % en relación con la demanda. De hecho, el mismo Gobierno ha confirmado que ya se está trayendo el combustible de otras latitudes y se alista el camino para traerlo de Venezuela, para lo cual ya se iniciaron acuerdos con Nicolás Maduro, presidente de esa Nación, quien habló de capitalización a PDVSA Colombia.

Es bien sabido que Venezuela tiene unas de las mayores reservas de crudo y gas en el mundo. Sin embargo, varios factores tienen contra las cuerdas su operación y una de ellas son las sanciones de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que limitan las operaciones con PDVSA.

¿Qué pasa en la sucursal colombiana?

La sucursal de la compañía de petróleos de Venezuela (PDVSA) está en la quiebra, con deudas acumuladas por cerca de 30.000 millones de pesos, las cuales condujeron a la Supersociedades a someterla a control desde febrero de 2019.

Con posterioridad a ello, la entidad de vigilancia en Colombia convocó a la sucursal de PDVSA a un trámite de insolvencia en la modalidad de reorganización empresarial.

Fue así como se inició ese trámite en 2022, para que lograra su reestructuración operativa y financiera.

Ahora, el anuncio de la Supersociedades implica que se logró un acuerdo que involucra al 88 % de sus acreedores, lo que le permitirá refinanciar su pasivo, el cual sería cubierto en 2 años, según las perspectivas.

Los enredos pendientes

La presencia de PDVSA en Colombia surgió en 2006, cuando se puso en marcha el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, en La Guajira, que sería construido por la empresa venezolana para transportar gas colombiano al país vecino.

Un acuerdo estableció que Colombia le vendería a Venezuela al menos 150 millones de pies cúbicos diarios de gas hasta el 30 de junio de 2014. En 2016, esa posibilidad que iba a ser extendida se deshizo y el gasoducto quedó allí, sin uso.

Entretanto, en Venezuela se habían dado sendos conflictos entre el Gobierno del vecino país y directivos de PDVSA, a lo que se le atribuye –en parte– la caída de la producción, la cual desde entonces nunca volvió a alcanzar los millonarios niveles alcanzados en el pasado.

Por supuesto que el efecto recaía sobre todas las sucursales, entre ellas la colombiana.

De las sanciones de Estados Unidos habla ministro de Minas

Todo el trámite que adelanta PDVSA tiene abono a la ruta de Colombia, de comprar gas a Venezuela. Solo que hay nubarrones para ello y uno proviene de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Al respecto, el ministro Andrés Camacho aseguró que el Gobierno está a la expectativa de lo que suceda esta semana con “las restricciones por parte de Estados Unidos”. Por estos días se conocerán las sanciones que Estados Unidos pueda aplicar a Venezuela, ante el rompimiento del acuerdo.

De hecho, este lunes 15 de abril el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que su país no renovará la licencia temporal a las sanciones al sector petrolero y de gas a Venezuela, que entregó en octubre pasado. Esta decisión se toma por la falta de avances en los acuerdos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro sobre las elecciones libres y justas para julio de este año.

“Estamos sujetos a qué determinación se da. No puedo adelantarme, esperaremos los anuncios del Gobierno de los Estados Unidos para ver cómo trabajamos desde Colombia”, dijo el ministro Camacho.