Supergiros, pagando los platos rotos del descontrol territorial. ¿Hasta dónde resiste un grupo empresarial el golpe a su operación?

Un drama social y económico está cobrando fuerza alrededor de Supergiros, la empresa multiservicios que desde hace un par de meses ha sido víctima de ataques extorsivos, que ya afectan el 40,7 por ciento de las transacciones que se hacen a través de su red en la región Caribe.Ante la intensidad de las amenazas, los líderes de la compañía, que posee unos 25.000 puntos postales de los más de 52.000 que hay en el país, decidieron cerrar temporalmente 3.168 en la región. A ellos acuden los colombianos a poner giros, recibir el pago de un subsidio, recargar el celular o pagar servicios. “Los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3 resuelven todos sus problemas en esa red”, recordó Juan Andrés Carreño, presidente de Asopostal. Y, en el caso de Supergiros, también cuenta con el negocio de apuestas en juegos de suerte y azar.

El terror se apodera de los puntos del Caribe ante los panfletos del llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anteriormente conocido como Clan del Golfo. Aunque el impacto económico recae de manera directa sobre una empresa que mueve la economía mediante encadenamientos, la peor parte la lleva la gente más humilde, como lo manifestó en sus redes sociales el líder político Humberto de la Calle. “Cada vez más poblaciones aisladas, incomunicadas, sin posibilidad de pagar sus servicios públicos o recargar sus celulares”, dijo en referencia a la actividad económica que realiza Supergiros en el país.

En muchos lugares no se ha detenido el pago de subsidios

La ola de perjuicios se va haciendo cada vez más grande. En los puntos de Supergiros se paga una buena parte de los subsidios que irriga el Estado. “Más de 1.500.000 personas no han podido acceder, entre otros servicios, al pago de los programas sociales, que en la mayoría de los casos constituyen su única fuente de ingreso. Esta situación agrava aún más la vulnerabilidad de miles de ciudadanos que dependen de estos recursos para sobrevivir”, manifestó el gremio Asojuegos, del cual forma parte esta compañía.

El panorama de inseguridad se refleja en varios factores. Por ejemplo, “el dinero para los programas sociales es enviado a las capitales de departamentos, y la red se encarga de llevarlo a municipios y zonas de la Colombia profunda, lo que acarrea un alto riesgo, porque en muchos casos se trata de transportar efectivo”, dijo el gremio. Además, se refirió a la falta de control territorial que vive el país: “No hay seguridad en los territorios. La prestación de este tipo de servicios se hace muy compleja”.Al efecto sobre la comunidad, que en pleno fin de año –temporada en la que más se requieren los giros– no está pudiendo acceder al servicio, se suma el alto impacto entre los trabajadores, que ya empiezan a sentir la precariedad.

En diciembre la operación crece un 40 por ciento frente a otros meses, había declarado hace algún tiempo Édgar Páez, presidente de Supergiros. Esta empresa posee el 33 por ciento del mercado de giros y llega a todos los municipios del país, por lo que tiene nexo con cerca de 55.000 personas, llamadas colocadoras, unas con vinculación laboral y otras con una relación comercial (como la que hay entre un conductor y una plataforma digital).

‘Estamos trabajando en los puntos principales’

La mayoría de colaboradores son mujeres, madres cabeza de familia, en general, como María Salcedo (nombre cambiado por seguridad). Ella asegura deberle el sustento, la propiedad de su casa y la educación de su hijo de 15 años a esa fuente de ingreso, ahora en riesgo debido a la situación de orden público en los departamentos del Caribe, donde Supergiros está siendo hostigado. “Estamos trabajando en los puntos principales. Seguimos batallando para garantizar que los abuelos reciban los subsidios. Me duele el bajón que está teniendo la empresa, dado que la amenazan con plomo para que no abra sus locales”.

Hay que destacar que el dinero que se mueve a través de la red, unos 13 billones de pesos en recaudo anual, es de la gente, principalmente, de personas que no tendrían otra posibilidad de enviar recursos a los lugares apartados de la geografía nacional. Tanto es así que el promedio de los giros es de 150.000 pesos, lo que implica que los usuarios son los colombianos más vulnerables, como el ciudadano inscrito en el programa Colombia Mayor, quien, además, tiene la opción de recibir el giro a domicilio por el servicio creado para la población adulta con dificultades de movilidad. En esa gran masa de usuarios también está aquel trabajador de una finca que, por la lejanía, no podría recibir su salario si no tuviera cerca un punto de Supergiros.

También se ven afectados los proveedores necesarios para garantizar el funcionamiento de la red. Muchos de los locales operan bajo contratos de arrendamiento, lo que demuestra que la empresa, al generar demanda de servicios para su operación, desempeña un papel clave en la dinamización de la economía.

Ahora, con la amenaza constante a los locales, esos arrendatarios están desconcertados. Al menos un centenar de oficinas de Supergiros han sido atacadas a bala, arremetida que ha dejado víctimas inocentes, como una joven trabajadora asesinada en Bosconia, Cesar, mientras que otros han resultado heridos. “Los arrendadores preguntan por qué está cerrado y les respondemos con la información que se ve en las noticias. En mi caso, he leído los panfletos. Todos dicen algo similar: el que permanezca en su sitio de trabajo que se atenga a las consecuencias. Se abrirá hasta llegar a un acuerdo”, dice María Salcedo.

Caso en investigación

El miedo ronda de día y de noche, y no hay certeza sobre la procedencia de los ataques, según comenta Jhonny Mena, representante legal de la compañía: “Hay una amenaza evidente en los mensajes de panfletos que, al parecer, provienen del EGC. No ha habido una petición económica, pero se presentan circunstancias, como las del sur de Bolívar, en las que podría tratarse de un aprovechamiento del contexto por parte de la delincuencia común, que pide sumas de 15 o 20 millones de pesos”. Las autoridades, por ahora, investigan.

Hay que recordar que Supergiros es una empresa que nació de una diversificación del negocio del chance, lo que exigió de los inversionistas una adecuación de la infraestructura física y tecnológica de los puntos que tenía en 2006, luego de lo cual nació la red, que se fue expandiendo principalmente en los sitios donde había deficiencias bancarias. Por eso, y porque allí venían operando como promotores del popular juego del chance, los primeros departamentos a los que les apostó la compañía fueron Chocó y Nariño.

Lo cierto es que así, como señala Mena, “no hay grupo empresarial que resista a tales circunstancias”. Los departamentos de Bolívar y Atlántico padecen una mayor afectación. En el primero, de 2.060 puntos de venta, el 54,7 por ciento está cerrado. Entre tanto, en el Atlántico, de 2.224 locales, hay 1.074 (48,2 por ciento) que no han podido volver a abrir sus puertas, pues, por encima de todo, está la protección de la gente, tanto trabajadores como usuarios, que en múltiples ocasiones se han visto en tenebrosas situaciones, en medio los ataques que ponen en riesgo sus vidas. En consecuencia, “el 57,04 por ciento de las transacciones que se hacen en ese departamento no se han podido realizar por el cierre de los establecimientos”, manifestó el vocero de Asojuegos.

Las pérdidas, que aún no se han cuantificado, serían cuantiosas en términos económicos, en vidas humanas y en el impacto sobre la tranquilidad ciudadana. Falta ver el efecto en los ingresos fiscales provenientes de la explotación de juegos de suerte y azar, destinados a financiar la salud en las regiones. Es decir, se requiere un ‘supergiro’ en la situación.