Los límites que les puso Supersociedades a Amway, Avon, Yanbal y Herbalife

Colombia, según la Superintendencia de Sociedades, es líder en cuanto a la regulación de empresas dedicadas a la venta directa de productos y servicios. El más reciente avance tiene que ver con la expedición del Decreto 27, expedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que les pone nuevos límites a las firmas dedicadas a actividades de venta directa.

Básicamente, lo que quiere el Gobierno es cerrarles el paso a esas organizaciones fraudulentas que captan dinero y se hacen pasar por empresas multinivel. La fórmula que encontró la Supersociedades para ejercer más control es solicitar que las remuneraciones para los vendedores se hagan por la venta de productos o servicios y no por llevar nuevos integrantes a estas redes.

El primer precedente en este tipo de regulaciones se dio en el 2013 con la Ley 1700, que fue sancionada por el presidente Santos. Por primera vez, el Estado colombiano impuso condiciones para que empresas de la talla de Amway, Avon, Yanbal y Herbalife pudieran funcionar correctamente. Esta ley estableció, por ejemplo, que estas organizaciones debían tener un domicilio registrado en el territorio nacional.

En su momento, la Asociación Colombiana de Venta Directa (Acovedi), que agrupa las organizaciones dedicadas a este negocio, se mostró complacida por la legislación y de hecho participó en las mesas de trabajo que la diagramaron. Ahora, con el nuevo decreto, sus voceros expresaron conformidad por el reglamento que busca cerrarles la puerta a las captadoras de dinero.

El tema es que las cifras de esta industria no son nada despreciables. Según estadísticas de Acovedi, en Colombia más de dos millones de personas se dedican a la comercialización de bienes o servicios por venta directa. Lo que implica un mercado que puede llegar a 15 millones de compradores. En medio de tamañas oportunidades de negocio aparecen los inescrupulosos que venden unicornios.

El modelo que el Gobierno quiere poner en cintura es aquel que premia con dinero a las personas por integrar a nuevos miembros a la cadena de la organización. “A los comercializadores los tendrán que remunerar por lo que vendan, ya sean bienes o servicios, y no por traer nuevos vendedores”, explicó el superintendente, Francisco Reyes.

El decreto, además, les impone varias tareas a las empresas establecidas. Las multinacionales, por ejemplo, tendrán que tener un “plan de compensación que deberá encontrarse a disposición de los vendedores independientes de manera permanente en la oficina abierta al público y en la página web de la sociedad, si cuenta con esta”.

Esto quiere decir que las empresas del sector, además de tener que suscribir un contrato con sus vendedores, deben especificar claramente cuáles serán los montos a pagar por las ventas de sus productos.

Por último, la Superintendencia de Sociedades mantendrá la facultad de sancionar el ejercicio irregular o indebido de la actividad de comercialización en red o mercadeo multinivel por parte de personas no habilitadas para el efecto.