El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, vigilará que no haya prácticas non sanctas cuando los influenciadores ofrezcan productos y servicios.

Consumo

Tatequieto a los influenciadores por excesos y engaños con la publicidad

La Superindustria alista una guía de buenas prácticas para poner límites al descontrol y los excesos de la publicidad en redes y plataformas. Estas son la reglas.

26 de septiembre de 2020

A los influenciadores en Colombia también les llegó la hora de aumentar su transparencia. Como ha ocurrido en buena parte del mundo, el país acaba de tomar medidas para evitar que les metan gato por liebre a muchos consumidores.

Estos generadores de contenidos, que se han masificado en los últimos años, llegaron para quedarse. Pero a mayor notoriedad, mayor responsabilidad con las gigantes audiencias que los siguen.

Decenas de países discuten hoy cómo regular el trabajo de youtubers, blogueros, instragramers y demás realizadores de contenidos digitales, que tienen en las redes sociales su principal vitrina.

No hay nada malo en que una persona influencie a otra para que adquiera bienes o servicios, o para que haga una actividad. Pero algunos cruzan esa delgada línea que separa el consejo de la publicidad cuando reciben pagos, en dinero o en especie, por recomendar ciertos productos o servicios en sus redes sociales.

Como la tecnología siempre avanza más rápido que las normas, esta situación ha quedado en limbo legal, con algunas excepciones. Por ejemplo, la modelo e influenciadora Elizabeth Loaiza está respondiendo por presunta publicidad engañosa al ofrecer en sus redes sociales pruebas rápidas para detectar el coronavirus.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le formuló cargos porque estos productos no tenían aprobación sanitaria en Colombia. Si la encuentra culpable, podría tener que pagar una sanción de hasta 1.750 millones de pesos. Y mandaría una señal de que en ese mundo no todo vale.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de publicaciones registradas a diario es casi imposible detectar a quienes cruzan la línea roja. El Gobierno lo sabe y por eso lanzará la próxima semana una guía de buenas prácticas. Se trata, por un lado, de orientar a realizadores y anunciantes para que cumplan las normas al emitir mensajes publicitarios. Y, por el otro, darles herramientas a los consumidores para identificar cuándo hay un negocio detrás de las recomendaciones que les hacen.

Con esto, la SIC se anticipa a que ocurran hechos que puedan afectar los derechos de las personas que consumen contenidos en redes sociales y plataformas digitales. Como pasa en los canales tradicionales, los mensajes que puedan inducir errores, engaños o confusiones serán castigados. Por eso, los influenciadores deberán dejar en claro a sus seguidores cuáles productos recomiendan a cambio de un pago y cuáles lo hacen de manera gratuita. El mensaje no deberá confundirse con otras etiquetas o enlaces, y debe aparecer desde el mismo instante en que comience el video.

Si se trata de una transmisión en vivo, el aviso tendrá que ser visible en varias ocasiones. Y en todo caso, debe ser redactado de manera clara, simple y en español. Quedarán bajo la lupa quienes transmitan un mensaje publicitario como si se tratara de algo espontáneo o si no revelan la relación comercial pactada.

Este reglamento llega en un momento en el que el mercado digital es cada vez más auditado. Según Top Dollar Financials Insights, las ganancias de los youtubers son proporcionales al número de seguidores que tienen. Por ejemplo, la rusa Anastasia Radzinskaya, una pequeña de seis años, recibe más de siete millones de dólares al mes. En Colombia, Ami Rodríguez registra los mayores ingresos, con 243.000 dólares mensuales.

Con la caja registradora facturando y cada vez más usuarios en fila, no cae nada mal una mayor transparencia de los famosos del mundo digital. Sobre todo cuando están en juego los derechos de los consumidores.