Alerta en los abogados: así han caído los salarios de estos profesionales. Impactantes cifras de aumento de graduados

El mercado de servicios legales en Colombia está alcanzando un punto crítico. Con un crecimiento sostenido en la oferta de nuevos profesionales del Derecho, el país se enfrenta a una sobreoferta de abogados que pone en riesgo tanto la viabilidad económica de la profesión como la calidad de los servicios legales.

Según las últimas cifras del Consejo Superior de la Judicatura, en 2021 había 387.189 abogados registrados en el país. Este número ha venido aumentando de manera constante, y a 2023, se expidió la tarjeta profesional 420.000. Cerca de 22.284 nuevos abogados se sumaron al total durante este año, lo que representa un crecimiento de casi el 6 por ciento. Para poner estas cifras en perspectiva: según la Academia Nacional de Medicina, en 2023 se llegó a 137.700 médicos con tarjeta profesional vigente y 91.700 enfermeras.

Y las proyecciones no son alentadoras: para 2028, se espera que esta cifra alcance más de quinientos mil abogados. La pregunta que surge es inevitable: ¿hay cama para tanta gente?

Un mercado saturado y “mal” remunerado

Las anécdotas de abogados recién egresados en todo el país no cesan. Muchos reciben ofertas laborales que, en la mayoría de los casos, no superan los dos salarios mínimos. Esto refleja un crecimiento exponencial en la oferta de servicios legales en Colombia, que no ha sido acompañado por un aumento proporcional en la demanda.

Se aprecia en las estadísticas de la Rama Judicial publicadas por el Consejo Superior de la Judicatura, que el número de nuevos casos se ha mantenido estable en los últimos años, pasando de 2,7 millones de casos en 2015 a 2,6 millones en 2023. Aunque no es la única manera de medir la demanda de servicios legales, de cualquier forma, esta estabilidad en el número de asuntos se traduce en una menor cantidad de casos disponibles por abogado.

Cabe resaltar que la Corporación Excelencia en la Justicia situó a Colombia como uno de los países con mayor tasa de abogados por habitante en el mundo (728 abogados por cada 100.000 habitantes en 2022).

Esta saturación en el mercado parece tener efectos directos sobre los ingresos laborales de los abogados. Según se observa en los datos del CINE del Ministerio de Educación, entre 2019 y 2021, el salario promedio de los abogados recién egresados sin posgrados que cotizan al Sistema de Seguridad Social cayó en un 13 por ciento. Esto provocó una reducción en los rangos salariales, con un número significativo de abogados remunerados con menos de 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Sin considerar aún los efectos del estrepitoso aumento del número de abogados durante 2022 y 2023 (casi 44.000 nuevos profesionales), la contracción de los salarios de los abogados recién egresados es una realidad. Muchos abogados recién egresados están ganando menos que sus pares hace una década y, sin duda, mucho menos que aquellos egresados hace 20 años, en un contexto donde la competencia en el mercado ha aumentado, pero no necesariamente la calidad.

La bomba de tiempo

El auge de programas de Derecho en las universidades colombianas ha sido un factor clave detrás de este crecimiento. Del 2019 al 2023 se expidieron 97.930 tarjetas profesionales, casi un 25 por ciento del total expedido desde la introducción del requisito en 1971. Tanto el número de programas disponibles, como el total de egresados crece sin cesar. Hoy existen más de 170 programas acreditados ante el Ministerio de Educación provenientes de facultades de Derecho dispersas por todo el país, las cuales quizá están produciendo más graduados de los que el mercado puede razonablemente absorber. Según las cifras del CSJ, menos de cinco facultades de Derecho han contribuido con más del 25 por ciento del total de nuevos abogados por año. Sumado a lo anterior, un informe de la Corporación Universitaria Iberoamericana señaló que el 40 por ciento de abogados colombianos no consigue empleo.

La irrupción de la IAG

Mientras la profesión legal enfrenta estos desafíos estructurales, la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) añade una nueva capa de complejidad. Tecnologías de modelos de lenguaje como Grok, de X; LAMA, de Facebook, Groq o el popular GPT-4 de Open IA, están empezando a transformar el ejercicio del Derecho, automatizando tareas que van desde la redacción de contratos hasta la investigación jurídica. En otras palabras, la IAG les permite a los abogados enfocarse en labores más creativas, intelectuales y estratégicas. Este cambio no solo aumenta la eficiencia, sino que también amenaza con reducir aún más la demanda de abogados para tareas rutinarias, exacerbando la presión sobre la demanda de servicios y el empleo en el sector.

Según expertos de Harvard Law School, la adopción de IAG podría redefinir qué significa ser abogado en la próxima década. Las firmas que integren con éxito estas herramientas podrán ofrecer servicios a un costo significativamente menor, al contratar muchos menos abogados, lo que podría llevar a una consolidación en el mercado. Los abogados que no se adapten a este nuevo entorno tecnológico corren el riesgo de quedar obsoletos. Por ende, es crucial que los profesionales se reentrenen y aprendan a utilizar la inteligencia artificial para ser más eficientes, asumiendo esta responsabilidad como individual y no como una obligación del Estado. Sin embargo, la adopción masiva traerá consigo un incremento exponencial en el desempleo en la profesión legal.

Por otro lado, estas tecnologías abren importantes oportunidades. Aquellos abogados que logren especializarse en áreas complementarias a la IAG, como la ética de la inteligencia artificial, la regulación de tecnologías emergentes y la protección de datos, podrán posicionarse como líderes en un mercado en transformación. La realidad es clara: la IAG, sumada al exceso de oferta de abogados, está configurando un panorama en el que solo los más innovadores y adaptables sobrevivirán.

¿Es sostenible la profesión en el contexto actual?

La situación actual plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de la profesión en el país, pero, sobre todo, un cuestionamiento a la proliferación de programas de Derecho sin mayor control. Se ha afirmado que hay programas que permiten formar un abogado en menos de tres años, y con programas que forman más de mil abogados al año, es evidente que la escasez no es propiamente un problema del sector legal. Con una oferta que sigue superando la demanda, los ingresos continuarán disminuyendo, lo que podría llevar a un deterioro de la calidad de los servicios legales. Los abogados se ven obligados a aceptar casos por menos dinero, lo que no solo afecta su calidad de vida, sino también la calidad del trabajo que pueden ofrecer.

En este contexto, parece urgente examinar con más detalle esta problemática para que tanto el Gobierno como las instituciones educativas puedan evaluar e implementar políticas, como, por ejemplo, revelar claramente el salario promedio de los recién egresados y el total de egresados con un empleo luego de tres meses de egreso. De esta manera, se corregirá la información asimétrica que actualmente tienen aquellos que deciden estudiar Derecho.

Limitar la creación de nuevos programas de Derecho no parece ser la solución, pues mayor competencia puede traer importantes beneficios. Tampoco tiene sentido aumentar los requisitos para la obtención de la tarjeta profesional. Quizá resulta más oportuno fomentar la especialización en áreas de Derecho con mayor demanda, promover la solución alternativa de conflictos usando el capital humano ya creado y crear incentivos para reformar carreras con déficits de profesionales.

La pregunta al final no es solo cuántos abogados puede soportar el país, sino cuántos abogados pueden realmente prosperar en un mercado cada vez más competitivo y menos remunerativo. La respuesta, por ahora, parece sombría.