Todos ponemos

Recientemente, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-323, en la que se involucra el uso de la inteligencia artificial en asuntos jurídicos y resalta la necesidad de preservar la figura del juez como un actor insustituible en la administración de justicia, subrayando que las herramientas tecnológicas, no pueden reemplazar el criterio y razón humanas.

Estas decisiones, que permiten avanzar de acuerdo con el momento que vivimos, nos invitan a detenernos hacia dónde debemos enfocar la mirada. En tiempos en los que la defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad resultan cuestionadas permanentemente, vale la pena reflexionar sobre el aporte que todos, como ciudadanos, podemos entregar.

En particular, los abogados, hoy más que nunca, contribuyen de manera determinante en la defensa de la libertad, gracias a que su quehacer provee e instrumenta de institucionalidad distintos aspectos del diario vivir, al actuar como garantes de la separación de poderes, la defensa de las bases democráticas, la labor de los entes de control, la ratificación y adhesión de acuerdos vinculantes nacionales e internacionales, entre varios otros.

En respuesta a esa necesidad imperiosa de conocer el aporte de los juristas en materia social y económica, el más reciente informe de la International Bar Association (IBA) expone cómo los abogados son esenciales en materia de paz, justicia y fortalecimiento institucional, formalizan las estrategias globales de equidad e inclusión y regulan, entre otros, medidas medioambientales, de salud pública y de sostenibilidad.

Actualmente, la profesión jurídica crea alrededor de 20 millones de empleos en el mundo (sin incluir 14 millones de empleos adicionales que genera el ecosistema), de los cuales 5,8 millones se ubican en América Latina. Si bien este número de empleos representa solo el 0,2 por ciento de la población mundial, generan un 1,7 por ciento del PIB global, es decir, aproximadamente 1,6 trillones de dólares.

El caso colombiano, con base en los datos del Dane, está conformado por una fuerza laboral de 131.510 trabajadores, generando un importante número de empleos en el país. Esto, como parte de una comunidad de más de 350.000 abogados que cuentan con tarjeta profesional vigente, lo que demuestra la fortaleza institucional y apuesta por la justicia de un numeral plural de nuestros profesionales.

Ante una legislación colombiana en constante evolución, el sector de servicios jurídicos ha respondido con una notable expansión. En solo una década, los ingresos de las empresas prestadoras de servicios jurídicos se han cuatriplicado y se registran más de 865 empresas que registraron ingresos superiores a 1.000 millones de pesos, evidenciando la creciente demanda de soluciones jurídicas especializadas.

La abogacía ha evolucionado, pero su esencia permanece inalterable: garantizar la justicia y defender los derechos fundamentales. En un mundo cada vez más complejo, los abogados se han convertido en guardianes de la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho. A medida que la tecnología avanza, la figura del abogado se reinventa, pero su rol como defensor de la legalidad y la equidad, es indispensable. Si bien las herramientas tecnológicas facilitan el trabajo jurídico, la inteligencia emocional, la capacidad de análisis crítico y el conocimiento profundo del derecho son cualidades inigualables que solo el ser humano puede aportar.

La defensa de la democracia es una responsabilidad compartida. Hoy más que nunca, debemos unir esfuerzos para proteger y fortalecer nuestras instituciones democráticas, y los abogados, con su conocimiento y experiencia, desempeñan un papel fundamental en este proceso.

*Directora de la Cámara de Servicios Legales de la Andi