Traslado de fondos privados a Colpensiones si, pero con ajustes

Ante una decisión salomónica están los integrantes del Senado de la República, que tienen en sus manos el camino que seguirá el proyecto de ley que permite un traslado exprés desde los fondos privados de pensiones a Colpensiones, con el argumento de que fueron "engañados" para tomar una decisión que hoy ven como inconveniente para su seguridad económica en la vejez.

Algunos de los integrantes de la Comisión Séptima, donde la iniciativa surte su tercero, de cuatro debates, tras escuchar los argumentos del autor de la propuesta: Juan Carlos Wills, y de la ponente del proyecto: Nadia Blel, anunciaron su apoyo a la idea de hacer el traslado de un régimen pensional a otro, pero tras un enriquecimiento del contenido del documento, con el cual se intente equilibrar el derecho que tienen las personas a recibir una mesada pensional que les permita vivir en el momento de su retiro laboral, y el hueco que generaría la aprobación del proyecto en las finanzas públicas que, a la larga, son recursos que aportan todos los ciudadanos a través de los impuestos.

La iniciativa ya recibió el aval en la Cámara de Representantes, con lo cual, hasta ahora, se permitiría el paso exprés de al menos 500.000 personas que hoy están inconformes en los fondos privados, a Colpensiones. 34.000 de ellos intentan pasarse a través de demandas, lo que dilata el disfrute de su derecho a la jubilación y representa un gasto en abogados, tanto para los individuos, como para el Estado. Además, según las cuentas presentadas por la senadora Nadia Blel, el 95 por ciento de las personas logra la pensión con la acción judicial.

Según lo que contiene hasta ahora el proyecto, la apertura de la puerta para el traslado exprés se haría de manera temporal, durante 6 meses, con solo tener 750 semanas cotizadas y sin que se tenga en cuenta la talanquera que hoy está vigente: que solo se pueda solicitar el traslado de un régimen a otro 10 años antes de cumplir la edad reglamentaria del retiro, que es de 57 años para las mujeres y de 62 años para los hombres.

La senadora Blel, tras poner en el debate una serie de testimonios de personas que argumentaron haberse trasladado sin el conocimiento adecuado para tomar la decisión y ahora ven que su ingreso no sería mayor a un salario mínimo, con una significativa reducción frente a lo que tenían como trabajador, sostuvo que la petición de aprobar esta iniciativa se basa en "la justicia social".

Resolver el dilema tendrá que poner en la balanza la sostenibilidad financiera y el derecho de las personas a equivocarse y querer subsanar lo que consideran su error. Esto, porque, según el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, de aprobarse el traslado propuesto, se tendría un costo fiscal de 33 billones de pesos adicionales al ya amplio hueco que dejan las pensiones en las finanzas públicas, recursos que, en su mayoría, son para financiar subsidios a pensiones altas. La respuesta de Blel, en ese sentido, señala que es tan alta la cifra que sustenta el Gobierno como la que se tiene que sacar cuando las personas ganan la demanda para trasladarse a Colpensiones, por no haber recibido la asesoría correspondiente.

En medio del debate, la parlamentaria que abrió una luz en la discusión fue Victoria Sandino, quien presentó dos proposiciones, una de las cuales, apunta a que se le ponga límite, de 15 salarios mínimos, al monto de las pensiones de los que se podrán trasladar, toda vez que algunos congresistas sostienen que, en medio de la idea de darle una oportunidad a los ciudadanos que se equivocaron y que se ven afectados porque recibirán una pensión muy baja, se terminaría favoreciendo a los que tienen pensiones altas.

El senador Carlos Fernando Motoa también intervino para intentar buscar salidas a la compleja y sensible discusión. Tras aceptar que existieron fallas en la doble asesoría, en el momento en que los ciudadanos tomaron la decisión de trasladarse del sistema público a las entonces novedosas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), expresó su preocupación por la aprobación aislada de un tema pensional que debería ser parte de una reforma estructural al régimen. 

Según lo expresado por Motoa, en la actualidad, solo en el tiempo que lleva la nueva legislatura (desde el 20 de julio), se han radicado cuatro propuestas que pretenden modificar el sistema pensional, las cuales se suman a otras ocho que ya venían en curso desde 2019. Por este motivo, presentó una proposición que permita crear una subcomisión que analice los pro y los contra de todos los argumentos expuestos en el debate.

Es así como, el traslado del régimen pensional privado a Colpensiones, está en hombros del Senado, en donde le darán los dos últimos debates, primero en la Comisión Séptima y luego en la plenaria.